La Fundación Universitaria San Antonio de Cartagena, entidad propietaria de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), figura entre las organizaciones que realizaron pagos a Equipo Económico, la consultora vinculada al ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro con sede en Málaga.
Según los listados incorporados al sumario judicial del caso, difundidos por el programa Más Vale Tarde de La Sexta, constan dos apuntes relativos a la Fundación: uno por 395.670 euros como ingreso declarado, y otro por 444.070 euros como ingreso imputado por parte de la consultora desde 2008. El documento se corresponde con un informe de la Agencia Tributaria, confirman a RRNEWS técnicos del Ministerio de Hacienda.
Hasta el momento, no se conoce el motivo de dichos pagos ni el concepto de los servicios prestados por la consultora. Tampoco se ha hecho público qué servicio concreto recibió la Fundación San Antonio a cambio de estas cantidades de dinero. Tampoco se sabe quién sugirió a la UCAM que acudiese a la consultora de Montoro que no se publicitaba.
La UCAM no responde
Desde RRNEWS hemos dirigido una pregunta al gabinete de comunicación de la UCAM para que nos aclaren los motivos de estos pagos y el concepto de servicios prestados por Equipo Económico a la Fundación Universitaria San Antonio. Hemos preguntado también si se formalizó contrato, informe o memoria técnica que justifique esa operación. No hemos obtenido respuesta. ¿Qué necesitaba la UCAM que pagó tanto a la consultora de Montoro?
La documentación forma parte del proceso judicial en curso que investiga si Equipo Económico operó como una red de influencia desde el entorno del Ministerio de Hacienda durante la etapa en la que Montoro ocupaba la cartera.
El escándalo salpica a numerosas empresas
El escándalo que rodea a Equipo Económico, la consultora fundada por Cristóbal Montoro antes de ser ministro, salpica de lleno a algunas de las principales empresas del país: Abengoa, Red Eléctrica, Codere, Ferrovial, Madrid Network, Ence, empresas gasistas, la tabacalera Philip Morris Spain… Según los documentos incorporados al sumario y revelados por diferentes medios de comunicación con acceso al sumario, la firma cobró más de 12,5 millones de euros de al menos una veintena de sociedades durante la etapa en la que Montoro dirigía el Ministerio de Hacienda (2011–2018). A cambio, según la investigación, vendía acceso, llamadas e influencia directa sobre las decisiones del Gobierno.
Global Afteli es la denominación que adoptó el despacho original tras su reestructuración. En 2016, la actividad comenzó a transferirse a esta nueva sociedad -cuyo nombre completo es Global de Asesoramiento Financiero Tributario Económico Legal e Internacional-, manteniendo el mismo domicilio, socios y servicios, según informó el diario El País.»
La investigación judicial intenta esclarecer si el despacho funcionaba como una red de tráfico de influencias, aprovechando el cargo de Montoro para “vender” su cercanía con Hacienda. El sumario contiene correos electrónicos, contratos, listados de facturación y testimonios que apuntan a que muchas de estas empresas no recibieron informes, estudios ni servicios técnicos claros, sino que pagaban por algo más intangible: intervenciones estratégicas ante el poder político.
Los investigadores creen que los pagos, en algunos casos, anticipaban decisiones del Gobierno favorables a las empresas, o bien se realizaban para evitar sanciones, inspecciones o cambios normativos perjudiciales.
La Fundación San Antonio sustenta a la UCAM
La Fundación San Antonio es la entidad que sustenta la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). La documentación en la que aparece el pago forma parte del sumario judicial que investiga la actividad de la consultora Equipo Económico y su relación con diversos clientes, tanto empresas privadas como entidades del ámbito académico y fundacional.
La Fundación San Antonio, sin ánimo de lucro y fundada en 1988, es la entidad propietaria y gestora de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). La fundó José Luis Mendoza, quien en 1996 estableció un acuerdo con la Diócesis de Cartagena para ceder el monasterio de los Jerónimos como sede de la Universidad Católica.
La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). El principal se ubica en el Monasterio de Los Jerónimos, en la pedanía murciana de Guadalupe, y el segundo se localiza en Cartagena, en el antiguo cuartel de Los Dolores. Además, la UCAM dispone de instalaciones fuera de la región, como un centro en Madrid orientado a estudios deportivos, y ofrece formación online, pero sus únicas sedes universitarias físicas en la Región de Murcia son las de Murcia y Cartagena.
Cuenta con más de 21.300 estudiantes matriculados, de los cuales aproximadamente 3 000 son internacionales, representando 115 nacionalidades. La Fundación San Antonio ha logrado cesiones gratuitas de suelo o inmuebles en Murcia, Cartagena y Málaga para instalarse.
En diciembre de 2018, la UCAM, el Ayuntamiento de Málaga y el COE firmaron un protocolo de intenciones para instalar una “Universidad del Deporte” en una parcela municipal de 38.651 m², entre la Avenida Imperio Argentina y Camino de la Térmica Se preveían 11 grados y hasta 4.000 alumnos en seis años, centrados en deporte, salud y ciencias afines. Hasta ahora, no se ha iniciado ninguna construcción: el proyecto sigue en fase de protocolo, sin licitación ni obra visible ni cronograma cumplido. Hay acusaciones -especialmente de partidos de izquierdas- que denuncian la cesión gratuita del suelo público “sin contraprestación real”.
En Cartagena, el campus de la UCAM se ubica en el antiguo Cuartel de Los Dolores, propiedad del Ministerio de Defensa, cedido primero a la UPCT y luego a la Fundación San Antonio (UCAM), que lo rehabilitó para uso educativo antes de su inauguración en octubre de 2014.
Entre sus doctores honoris causa figura el ex presidente del gobierno, José María Aznar (2010) y el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja (2012) entre otros.
La polémica cesión de suelo en Murcia
En el año 2005, el Ayuntamiento de Murcia aprobó la cesión gratuita de una parcela de 135.577 metros cuadrados a la Fundación Universitaria San Antonio, entidad propietaria de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). La finca está situada al norte del Monasterio de Los Jerónimos, sede principal de la institución.
Según el acuerdo firmado, el terreno debía destinarse exclusivamente a equipamientos docentes y deportivos, y el uso comprometido debía ejecutarse en un plazo de diez años, contados a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial, que tuvo lugar en 2009.
En 2010, la Fundación San Antonio hipotecó la parcela cedida, aún sin haber edificado los equipamientos previstos. Según consta en el Registro de la Propiedad, se firmaron dos hipotecas: una por valor de 5,3 millones de euros con el Banco Popular y otra por 861.000 euros con Caja de Córdoba.
La operación generó controversia en su momento, ya que el suelo seguía siendo de uso público, y el convenio de cesión no contemplaba su utilización como garantía hipotecaria.
Las construcciones ilegales
En el campus de Los Jerónimos, sede principal de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), no solo se imparten clases. También se ha escrito, durante años, uno de los capítulos más escandalosos del urbanismo irregular en la Región. A espaldas de la ley y bajo la mirada pasiva -cuando no cómplice- del Ayuntamiento de Murcia, la UCAM levantó al menos ocho edificios sin licencia en suelo no urbanizable protegido. Y, a día de hoy, ninguna administración ha ordenado su demolición.
Los hechos son contundentes: varios edificios del campus de Los Jerónimos se construyeron sin licencia de obra, sin licencia de actividad, sin autorización de Cultura, y en un entorno declarado Bien de Interés Cultural. Así lo denunció en 2015 el grupo municipal Ahora Murcia ante la Fiscalía. La respuesta judicial no tardó: en 2016, el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia abrió diligencias por presunto delito urbanístico contra la Fundación UCAM, su presidente José Luis Mendoza y técnicos implicados.
El propio Ayuntamiento reconoció por escrito en 2016 que «los edificios ejecutados carecen de licencia de actividad y no podrían obtenerla». Pero a pesar de la contundencia de los informes técnicos, no se clausuraron ni se sancionaron las instalaciones.
¿Y qué hizo el Ayuntamiento?
En lugar de actuar con la misma contundencia que aplica contra cualquier vecino que reforma su casa sin permiso, el Consistorio inició un procedimiento de legalización a la carta. Solicitó a la Comunidad Autónoma una autorización excepcional para validar lo ya construido. Pero la Dirección General de Ordenación del Territorio no contestó en plazo, lo que en derecho administrativo equivale a una denegación por silencio.
Es decir: la UCAM no logró regularizar los edificios ilegales, y aun así sigue utilizándolos con total normalidad. La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿quién protege a quién?
El caso UCAM no es solo una anécdota local. Es una muestra de cómo el urbanismo en la Región de Murcia se ha usado, durante años, como herramienta de poder y privilegio. Cualquier otro promotor habría sido sancionado, obligado a paralizar las obras, y probablemente forzado a demoler. Pero la UCAM no es «cualquiera».