La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha decidido denegar el acceso al informe elaborado por una consultora ambiental sobre la viabilidad de declarar el Mar Menor como Reserva de la Biosfera de la UNESCO. El informe, pagado con dinero público, fue solicitado por RRNEWS el pasado 6 de mayo, invocando su interés informativo y el derecho a la transparencia.
Sin embargo, la Consejería ha resuelto -mediante orden firmada por el director general del Mar Menor- que no facilitará copia del documento ni información sobre su coste, amparándose en los límites legales del derecho de acceso a la información pública.
Argumento: protección ambiental y económica
La negativa se basa en los artículos 14.1 h) y l) de la Ley de Transparencia estatal (Ley 19/2013), que permiten restringir el acceso cuando se vean afectados: Intereses económicos y comerciales (públicos o privados) y la protección del medio ambiente.
Según la resolución, el informe contiene descripciones detalladas de paisajes, ecosistemas, flora y fauna sensible, así como planos de espacios del entorno del Mar Menor. La administración considera que su difusión podría tener consecuencias perjudiciales tanto para el entorno natural como para determinados intereses económicos. ¿Qué intereses económicos? No los detalla. ¿Qué consecuencias perjudiciales para el entorno natural? No las detalla. ¿De qué forma puede dañar al Mar Menor que los ciudadanos conozcan el contenido de informes pagados con su dinero?
La consultora no quiere que se publique
La empresa autora del informe, contratada mediante un contrato menor de servicios, fue consultada por la administración para que alegara lo que estimara oportuno antes de decidir. Y no se cortó: se opuso frontalmente a la entrega del informe, alegando que contiene datos confidenciales y que no tiene autorización para hacerlos públicos. Con esa respuesta, la Consejería lo tuvo claro: blindar el informe.
Transparencia, pero hasta cierto punto
Lo paradójico del caso es que se trata de un estudio pagado con fondos públicos, encargado por una administración pública y relacionado con un espacio natural cuya gestión afecta al interés general. Sin embargo, la Consejería entiende que ese interés no justifica el acceso.
La orden deja claro que se ha aplicado el “test de daños” previsto en la ley, y que en este caso concreto el riesgo de perjuicio supera al derecho ciudadano a conocer el contenido del estudio.
RRNEWS, por respeto a los lectores y a a nuestros mecenas económicos, presentará una reclamación ante el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Y si no logra copia del informe, acudirá a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Murcia.
Mientras tanto, la opacidad vuelve a imponerse en torno al Mar Menor. Un espacio natural en crisis permanente, cuya posible candidatura a Reserva de la Biosfera queda, de momento, bajo llave.
El Ejecutivo de López Miras pensó que no
El Ejecutivo regional decidió el pasado mes de mayo que no iba a pedirla declaración de Reserva de la Biosfera para el Mar Menor tras encargar un estudio a una consultora ambiental para analizar la viabilidad de implantar esta figura internacional en la laguna.
Las Reservas de la Biosfera son áreas designadas por la UNESCO que buscan conciliar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo sostenible. Estas áreas combinan la protección del medio ambiente con actividades económicas y sociales que benefician a la población local. La Región de Murcia es la única comunidad autónoma en España que no cuenta con ninguna Reserva de la Biosfera.