La Consejería de Fomento se ha convertido, paradójicamente, en uno de los departamentos más castigados por los propios presupuestos del Gobierno regional para 2025. Encargada de dos áreas fundamentales para la calidad de vida de los ciudadanos -vivienda y transporte público-, verá recortado su presupuesto en más de 27 millones de euros, un 13,1% menos respecto al ejercicio anterior.
Los mayores tijeretazos se concentran en dos líneas especialmente sensibles: la rehabilitación y promoción de vivienda cae un 14%, mientras que las inversiones en movilidad y transporte se desploman en más de 45 millones de euros, lo que supone una reducción del 35%.
Menos ayudas para vivienda y un aval joven que no despega
Uno de los datos más llamativos es la drástica caída en las ayudas a la regeneración urbana y a la promoción del alquiler. Las subvenciones para rehabilitar barrios y edificios se reducen de 653.000 euros en 2024 a tan solo 302.000. La promoción de vivienda para arrendamiento pasa de 711.600 a apenas 103.000 euros. En ambos casos, las cifras se quedan por debajo de los niveles prepandemia.
La única línea que sube es la del conocido como «aval joven», que pasa de 272.500 a 500.000 euros. Sin embargo, en cuatro años apenas ha generado 680 solicitudes, frente a las 600 anuales que se prometieron al lanzarlo. La medida ha sido criticada por no ofrecer soluciones estructurales y limitarse a facilitar deuda hipotecaria a jóvenes sin garantizar condiciones estables de acceso a la vivienda.
Del total de 36 millones de euros previstos para políticas de vivienda en 2025, solo 1,5 millones proceden de fondos propios de la Comunidad Autónoma. El resto, el 96%, se financia íntegramente con fondos del Ministerio de Vivienda.
En la práctica, esto significa que, sin las transferencias del Gobierno central, el presupuesto de la Dirección General de Vivienda apenas alcanzaría para cubrir nóminas. Las inversiones reales serían simbólicas o inexistentes.
Además, hay fondos estatales que no se están ejecutando. De los 1,5 millones destinados al programa de ayudas al alquiler, no se ha pagado ni un solo euro. Y de los más de 1,1 millones transferidos para ayudas al alquiler juvenil, solo se han abonado 95.000 euros, es decir, menos del 9%.
Sin tranvía metropolitano ni FEVE al Mar Menor
En materia de transporte, los presupuestos tampoco atienden demandas históricas como la ampliación del tranvía de Murcia hacia el área metropolitana o la prolongación de la línea FEVE de Cartagena hacia los municipios ribereños del Mar Menor. Estas infraestructuras, aprobadas por mayoría parlamentaria en anteriores sesiones, no figuran entre las actuaciones previstas para 2025.
Tampoco hay avances en proyectos largamente prometidos como la autovía Lorca–Venta Cavila–Venta del Olivo o el desdoblamiento de la carretera Mazarrón–Puerto de Mazarrón, ambos comprometidos desde 2009. En 2025, apenas se han presupuestado 100.000 euros para una de estas infraestructuras, cuyo coste real supera los 60 millones.
La Región de Murcia es la comunidad autónoma que menos obra pública licita, con una media de apenas 70 euros por habitante en 2024, frente a los 177 euros de media nacional. Por el contrario, el Estado licitó en la Región 289 euros por habitante, siendo la segunda comunidad con más inversión estatal, por encima incluso de Cataluña.
Otros pagos
Mientras caen las inversiones en vivienda y transporte público, los presupuestos de Fomento siguen destinando millones a infraestructuras cuestionadas por su rentabilidad o por sus sobrecostes.
Más de 16 millones de euros se destinan al pago anual a Sacyr por la Autovía del Noroeste, una vía ejecutada mediante el polémico modelo de “peaje en sombra” que terminará costando 324 millones al erario público, más del triple de lo que pagó la empresa constructora.
Otros 3,5 millones irán a parar a la Autovía del Bancal, una infraestructura considerada innecesaria por amplios sectores técnicos y que presenta un tramo ya construido en estado ruinoso.
Los datos apuntan a una tendencia clara: la Consejería de Fomento no solo pierde peso presupuestario en el conjunto del Gobierno regional, sino que recorta especialmente en las áreas más sensibles para los ciudadanos.