La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (HUERMUR) y la Asociación para la Memoria del Sureste han presentado un recurso de alzada ante el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, denunciando la falta de protección integral de la Antigua Prisión Provincial de Murcia, conocida como la Cárcel Vieja. Ambas entidades reclaman la conservación completa del recinto, incluidos los muros perimetrales donde, según documentación oficial, se ejecutó a más de 520 personas durante la dictadura franquista.
El alcalde de la ciudad, José Ballesta, está decidido a acabar con los muros de la cárcel y no parece que el Ministerio de Memoria Democrática se lo vaya a impedir.
El recurso se produce tras la publicación en el BOE, el pasado 20 de junio, de la declaración del edificio como Lugar de Memoria Democrática. Sin embargo, según HUERMUR, esta resolución deja desprotegidos la mayoría de los muros, reduciendo su protección a “tramos ilustrativos” de fachada. “Una cárcel sin muros no es una cárcel, y mucho menos un lugar de memoria”, denuncia Sergio Pacheco, presidente de HUERMUR.
Las asociaciones solicitan medidas cautelares inmediatas para detener cualquier actuación de demolición y advierten de que, si el Ministerio no modifica la resolución, el caso será llevado ante organismos como el Comité contra la Tortura de la ONU, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. “Si España no protege sus lugares de memoria, tendrán que ser las instituciones internacionales quienes llamen al orden al Gobierno y al Ayuntamiento de Murcia”, afirman.
Los muros peligran
El Ayuntamiento, mientras tanto, ya ha iniciado las obras de remodelación del edificio, que incluyen el vaciado del interior y el derribo parcial de los muros. Además, ha instalado un restaurante con terraza en el interior del recinto penitenciario, lo que las entidades denuncian como una “banalización del horror y de la represión franquista”. Para HUERMUR y los colectivos memorialistas, este proceso es “un atentado contra la memoria democrática y el patrimonio histórico de la ciudad”.
El recurso subraya que, en otros lugares de España, como la tapia del Cementerio del Este (Almudena) en Madrid, donde también se ejecutaron a miles de personas, el Estado ha protegido íntegramente la estructura como testimonio histórico. “¿Por qué allí sí se protege todo y en Murcia se permite su destrucción? ¿Hay víctimas de primera y de segunda?”, se preguntan.
Denuncian una «bajada de pantalones» del Ministerio ante el Ayuntamiento
Las entidades también recuerdan que fue el propio Secretario de Estado de Memoria Democrática quien, el pasado mes de febrero, ordenó paralizar los primeros derribos tras las denuncias públicas de HUERMUR y otras organizaciones. “¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Por qué ahora esta claudicación ante los intereses urbanísticos del Ayuntamiento?”, critican. Para los colectivos, se trata de una “bajada de pantalones institucional que deja a las víctimas sin reparación y a la historia sin testimonio físico”.
El recurso solicita expresamente:
- La protección íntegra de los muros originales en su trazado y forma.
- La conservación de los patios donde se produjeron fusilamientos.
- La paralización inmediata de cualquier obra de derribo.
- La revisión del proyecto financiado con fondos europeos.
- La reposición de los tramos demolidos en febrero.
- La adopción urgente de medidas cautelares administrativas.
“Esto no es una discusión técnica, es un caso gravísimo de desmemoria institucional. Si no se frena, se sentará un precedente inaceptable en toda España”, concluye HUERMUR. “El ministro Torres tiene la oportunidad de rectificar y demostrar que este Gobierno está realmente comprometido con una memoria democrática coherente. Si se derriban los muros, se derrumba la historia”.