Pocas denuncias no significa ausencia de corrupción. Eso es lo que vienen a decir los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que han valorado el nuevo Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por el presidente del Gobierno. Y lo han hecho con claridad: la medida estrella es la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente que investigue las denuncias de fraude y corrupción en toda la Administración. Pero piden algo más que fuegos artificiales: recursos, independencia, dientes para morder.
“La agencia solo será eficaz si no depende del Ejecutivo”, advierten. Por eso reclaman que su creación corra a cargo de las Cortes Generales, que su dirección y su comité de ética sean elegidos por el Parlamento y que disponga de personal especializado, estatuto propio, código de conducta y un consejo de participación con expertos reales, no figurantes.
Tres frentes clave contra la corrupción
Además de esta nueva agencia, Gestha exige reforzar urgentemente tres instituciones clave en la lucha contra el fraude:
- La Intervención General del Estado (IGAE): consideran imprescindible ampliar las plantillas de los Técnicos de Auditoría y Contabilidad e implantar procedimientos específicos para detectar irregularidades en la contratación pública, no solo en los fondos europeos.
- La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA): en siete años ha investigado a casi 24.000 personas y localizado más de 13.000 bienes por un valor de 107,9 millones de euros. Pero, según Gestha, se ha quedado sin fuelle. Reclaman más personal, más medios y más agilidad para convertir las incautaciones en dinero útil para el Estado.
- Las Agencias Antifraude autonómicas: hay 478 denuncias aún sin resolver, y no por falta de voluntad. “Faltan manos, falta gente”, aseguran. Proponen crear agencias en comunidades donde aún no existen, como Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid o Región de Murcia, y reforzar las que ya funcionan, como las de Cataluña, Andalucía o Navarra.
Lo que sí les gusta (y lo que han propuesto durante años)
Entre las medidas más novedosas del plan, Gestha aplaude el decomiso administrativo preventivo: la posibilidad de incautar bienes antes de una sentencia, siempre que se nombre un depositario. También celebran el impulso a los controles patrimoniales aleatorios a altos cargos, la obligación de hacer públicas las donaciones a partidos y fundaciones a partir de 2.500 euros, la futura Ley de lobbies, las nuevas secciones especializadas en corrupción judicial y la duplicación de penas y plazos de prescripción para delitos económicos.
Pero hay propuestas que llevan años defendiendo y que por fin ven asomar la cabeza:
- Un Sistema de Alertas Rápidas para detectar indicios de corrupción en las fases iniciales de los contratos.
- Una mayor aplicación real de las leyes de Transparencia, que deje de ser papel mojado.
- Multas proporcionales a los ingresos de las empresas corruptoras.
- Prohibición de contratar con el sector público para empresas condenadas.
- Y una instrucción de la Fiscalía para exigir en cada caso la prohibición expresa de contratar por 5, 7 o 10 años según el delito.
Asignaturas pendientes: una lista larga (y necesaria)
Pese a las luces, Gestha enumera sin rodeos los deberes aún por hacer: resolver la crisis en la Agencia Antifraude Valenciana, a la deriva desde hace meses; recuperar la oficina balear suprimida en 2024; crear oficinas locales independientes en todas las ciudades de más de 200.000 habitantes, como ya ocurre en Madrid o Barcelona; coordinar mejor los órganos de control del gasto entre administraciones y con el Tribunal de Cuentas; aprobar una Estrategia Nacional de Antifraude, con criterios comunes para todas las agencias y publicar cada año un registro público de condenados por corrupción, con nombres y apellidos.
Y, sobre todo, reformar la Ley de Contratos del Sector Público para cortar de raíz las decisiones discrecionales, las externalizaciones de pliegos, y exigir responsabilidades reales a quienes malgastan dinero público.
Pocas denuncias, pero vendrán más
Según Gestha, el número de denuncias por corrupción va a crecer. No porque haya más fraude, sino porque empiezan a existir mecanismos de protección para quienes se atreven a denunciarlo. Y avisan: las represalias saldrán caras. Las sanciones pueden alcanzar los 300.000 euros para particulares y el millón para empresas, además de vetarlas en futuras contrataciones públicas.
De momento, la proporción sigue siendo baja. Las denuncias y recursos en contratación apenas representan el 0,7% de los expedientes vivos, lo que, según los técnicos, indica que la contratación pública funciona razonablemente bien.
En 2024 se registraron 206.210 licitaciones por un volumen total de 113.091 millones de euros (sin IVA), con el siguiente reparto:
Pero como advierte Gestha, “la cifra es baja porque falta personal que investigue, no porque falten sospechas”.