La política migratoria en España ha dejado de ser un terreno de debate racional para convertirse en un ring de boxeo ideológico donde Partido Popular y Vox compiten por quién lanza el golpe más contundente. La última escena de este duelo se ha producido tras los incidentes en Torre Pacheco, donde tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal han decidido elevar el tono, cruzando la delgada línea entre la firmeza y la demagogia.
Desde los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo, en El Escorial, Feijóo ha zanjado: “Un inmigrante irregular que delinque tiene que ser deportado de forma inmediata”. Y ha ido más allá: “La inmigración irregular no puede producir derechos. Si lo irregular o lo ilegal produce garantías y derechos, automáticamente dejaremos de llamarle irregular”. Todo dicho con la seguridad de quien olvida -o desprecia- que incluso las personas en situación administrativa irregular tienen derechos básicos reconocidos por tratados internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia Constitución Española.
Feijóo ha cruzado una línea peligrosa y ha endurecido notablemente su discurso migratorio, acercándolo sin ambages al de Vox. Lo ha hecho cargando contra los inmigrantes irregulares, vinculándolos con la delincuencia, el supuesto abuso de ayudas públicas y, lo más grave, extendiendo la sospecha también a los hijos de inmigrantes nacidos en España. Todo ello, sin aportar un solo dato que sostenga sus afirmaciones.
Abascal: «No os queréis enterar»
Por su parte, Santiago Abascal no ha tardado en enmendarle por tibio. “No os queréis enterar”, ha espetado el líder de Vox, asegurando que incluso los inmigrantes legales que delincan “también se van”. En su mundo no hay matices, ni garantías, ni justicia. Solo expulsiones, cuanto más masivas mejor.
Este cruce no es una discusión técnica sobre política migratoria. Es un pulso por capitalizar el miedo. Una carrera por ver quién seduce más al votante con discursos que asocian inmigración con delincuencia y criminalizan por sistema a comunidades enteras. Lo que está en juego aquí no es la seguridad, sino el relato. Y lo están construyendo a golpe de frases rotundas que simplifican hasta el absurdo una realidad compleja.
Falsean datos
¿Y qué hay detrás de esta narrativa? Datos, desde luego, no. Los estudios más recientes desmontan el vínculo directo entre inmigración y criminalidad. La realidad es que la mayoría de las personas migrantes en España -regulares o irregulares- trabajan, estudian, cuidan, pagan impuestos, sostienen sectores enteros de la economía como la agricultura, la construcción o los cuidados. Pero ese relato no da votos. No genera clics. No alimenta la maquinaria del populismo de derechas.
Feijóo habla de integración, pero solo la concibe como asimilación total: “Que acepten la Constitución, el ordenamiento jurídico y lo cumplan”. Como si la identidad cultural y el respeto a las leyes fueran excluyentes. Como si no hubiera españoles de nacimiento que vulneran la ley a diario sin que nadie les sugiera deportarlos a ninguna parte.
Lo más grave no es que compitan en dureza, sino que lo hagan sacrificando principios básicos del Estado de derecho: la presunción de inocencia, el derecho a defensa, el principio de no discriminación. La retórica de “el que venga a delinquir, que se vaya” parece lógica hasta que se convierte en una excusa para aplicar políticas arbitrarias, xenófobas y desproporcionadas.
La política migratoria no debería gestionarse desde las vísceras. Pero a estas alturas, parece que los derechos humanos se han vuelto demasiado impopulares para una parte del espectro político español. Lo que importa es parecer fuerte, aunque sea a costa de los más vulnerables. Porque, en este país, algunos ya compiten por ver quién promete deportar a más personas.