La Región de Murcia no construye vivienda pública desde 2022 y el número de las construidas en años anteriores e irrisorio. Lo dice, sin rodeos, el Consejo Económico y Social. Lo que no dice -porque no puede- es lo que eso significa: abandono institucional, desprecio por el derecho a techo y complicidad con la expulsión silenciosa de miles de murcianos del acceso a una vivienda digna.
Mientras los precios del alquiler se disparan y el mercado de la vivienda deja fuera a cada vez más personas, el Gobierno regional ha optado por mirar hacia otro lado. El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo de la propia Comunidad Autónoma, lo denuncia de forma explícita en su último informe: “No se construye vivienda protegida desde hace más de una década”. No una, no dos. Más de diez años sin levantar ni una sola promoción pública.
El resultado es devastador. Murcia tiene el segundo parque de vivienda social más escaso de toda España: un 0,9 % del total, frente a la media estatal del 2,5 % y muy lejos de modelos europeos como Países Bajos (30 %) o Austria (24 %). El CES califica esta situación de “claramente insuficiente” y reclama un giro radical en la política regional.
Pero no se trata solo de números. Se trata de personas. Familias enteras que destinan más del 40 % de sus ingresos al pago del alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse, mujeres solas con hijos que encadenan mudanzas y contratos precarios. La falta de vivienda asequible se ha convertido en una fábrica de exclusión social. Y no es una consecuencia inevitable del mercado: es el fruto directo de la inacción política.
El informe del CES, lejos de paños calientes, denuncia la inexistencia de una estrategia estructural, la descoordinación entre administraciones, la ausencia de planificación y la política de parches: ayudas a la demanda que, en lugar de contener los precios, los alimentan.
Mientras tanto, más de 100.000 viviendas permanecen vacías en la Región, sin que la administración las movilice para alquiler social. El CES propone incentivos fiscales, programas de cesión y colaboración público-privada. ¿El Gobierno regional? Silencio o palabrería.
También alerta del creciente fenómeno de exclusión residencial: no solo el sinhogarismo, sino también el hacinamiento, la inseguridad jurídica, los impagos de suministros, las viviendas en mal estado. En paralelo, un 12,2 % de los hogares sufre pobreza energética, incapaz de mantener su casa a una temperatura adecuada.
“La política de vivienda regional ha sido manifiestamente insuficiente”, remacha el CES. El verbo es generoso. La realidad es más cruda: la Región de Murcia ha dimitido de su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a una vivienda digna.
PP y VOX vetan la ILP por el derecho a la vivienda
Con este panorama, resulta aún más incomprensible que la Asamblea Regional haya rechazado siquiera debatir la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda, impulsada por colectivos sociales y respaldada por más de 16.000 firmas ciudadanas.
La propuesta fue tumbada por los votos de PP y VOX, mientras que PSOE y el Grupo Mixto (Podemos-IU-Verdes-AV) votaron a favor de su toma en consideración. La ILP incluía medidas de puro sentido común: compensaciones por retrasos en ayudas al alquiler, la creación de un registro autonómico de demandantes de vivienda y la garantía de que el suelo público siga siendo público.
Para sus impulsores, la actual legislación regional es papel mojado por falta de desarrollo reglamentario, y acusan al Gobierno de haber abandonado sus competencias en materia de vivienda. La derecha murciana, con su veto, ha dejado claro que ni quiere hablar del problema ni piensa ofrecer soluciones. La exclusión residencial sigue creciendo. Pero el debate, ni eso.
Intervención bochornosa de Landaburu
Especialmente bochornosa ha sido la intervención del diputado del Partido Popular, Antonio Landáburu, que intentó justificar lo injustificable: negar siquiera el debate de una iniciativa ciudadana respaldada por más de 16.000 firmas.
Según Landáburu, votar en contra de la ILP “no supone despreciar a nadie”, pero sí considera que “utilizar la vivienda como arma política es faltar al respeto a la ciudadanía”. En un alarde de cinismo, defendió un modelo -en sus palabras- “equilibrado, sostenible y eficaz, que proteja a los más vulnerables sin hipotecar la iniciativa privada”. Y remató asegurando que la ILP “no resolverá los problemas reales de acceso a la vivienda y puede generar nuevos obstáculos”. Como si el verdadero obstáculo no fuera, precisamente, su voto en contra. Como si el problema no fuera político, sino metafísico. Como si no llevaran trece años sin construir una sola vivienda pública.
«Mandan Fuertes, Urbincasa y Urdecón»
María Marín de Podemos ha apuntado a “los que mandan de verdad en esta Región, la patronal inmobiliaria, el grupo Fuertes, Urbincasa o Urdecón” como los responsables del veto a la ILP, al tiempo que ha señalado a PP y Vox como sus “mayordomos”.
El PSOE retomará en septiembre la Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la vivienda en la Región de Murcia, en coordinación con la plataforma ciudadana que impulsó la recogida de más de 16.000 firmas. El diputado socialista Miguel Ortega acusa al Partido Popular de haber fracasado en política de vivienda tras 30 años de gobierno: “Somos líderes en subidas del precio del alquiler y hay más de 22.000 hogares en riesgo de exclusión”.
«Según la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Región de Murcia, más de 22.000 hogares de la Región viven en riesgo de exclusión»
Ortega denuncia que los jóvenes murcianos se emancipan tres años más tarde que la media nacional y que destinan el 45% de su salario al alquiler. También critica los retrasos en las ayudas públicas: “López Miras no puede hacer caja con el dinero que el Gobierno de España manda a las familias”.