El Gobierno de la Región de Murcia, presidido por Fernando López Miras (PP), ha pasado en apenas unos meses de defender la acogida de menores extranjeros no acompañados a cerrar la puerta a nuevos traslados desde Canarias y Ceuta y revocar la compra de viviendas públicas para su atención. Un viraje en toda regla que tiene causas: la presión de Vox y la estrategia política del PP de Feijóo de confrontar con el Gobierno de España y rechazar cualquier propuesta del Consejo de Ministros. Feijóo ha apostado por endurecer el discurso migratorio y está utilizando a las comunidades gobernadas por el PP para demostrarlo. López Miras acata órdenes de Feijóo y Abascal.
En noviembre de 2024, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, se mostraba “sorprendida” por el discurso de Vox, que entonces vinculaba inmigración con delincuencia sin ningún dato que lo respaldara.
Dos meses después, ese mismo Ejecutivo informó de su rechazo acoger a más menores migrantes como medida de solidaridad con Canarias y Ceuta -dos territorios que están al borde del colapso por la saturación de sus sistemas de protección de menores- y, lo que es aún más grave, ha anulado la compra de viviendas que estaban destinadas a acoger a esos niños y adolescentes.
La decisión ha sido adoptada por imposición de Vox, cuya influencia se ha hecho notar en los últimos Consejos de Gobierno. El partido ultraderechista ha presionado hasta lograr que se frene una operación que pretendía garantizar alojamiento digno y descentralizado a los menores tutelados, especialmente una vez se cierre el centro de menores de Santa Cruz, que actualmente atiende a 60 menores, entre españoles y migrantes.
Ni alternativa habitacional clara, ni plan de redistribución. El futuro de esos chicos está, de nuevo, en el aire. Mientras tanto, el discurso oficial ha virado 180 grados. Donde antes se hablaba de “imperativo legal” y “responsabilidad institucional”, ahora se habla de “límite de capacidad” y “saturación”.
¿Dónde queda la protección del menor? ¿Dónde el cumplimiento de los compromisos humanitarios y legales? La respuesta parece estar en los equilibrios políticos de un Gobierno que ha optado por ceder terreno a la ultraderecha y mirar hacia otro lado frente a uno de los dramas más graves de nuestra frontera sur.
La consecuencia inmediata: niños sin casa, centros que cierran y una Región que dice «no» donde antes decía «sí», sacrificando derechos fundamentales por conveniencia parlamentaria. Lo que en noviembre de 2024 era política social, en 2025 es pura estrategia electoral.
Piden la dimisión de la consejera
Desde el PSOE y Podemos han exigido la dimisión inmediata de la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, por su “sumisión a Vox” y por dejar sin amparo a los 60 menores -migrantes y españoles- que actualmente residen en el centro de Santa Cruz, cuyo cierre estaba previsto para después del verano.
Las diputadas socialistas Antonia Abenza y Lola Jara no se han mordido la lengua: han calificado la polémica de estas últimas horas como “deleznable y vomitiva”, y han denunciado el “mercado persa” que, a su juicio, están protagonizando PP y Vox con la vida de menores en situación de extrema vulnerabilidad. «Es una postura xenófoba y claramente fascista«, han denunciado en rueda de prensa en la Asamblea Regional.
Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín ha ido un paso más allá. Ha pedido no solo la dimisión de Conchita Ruiz, a la que ha acusado de ser “el brazo ejecutor de Vox”, sino también la del presidente regional, Fernando López Miras, por permitir lo que considera una rendición total ante la ultraderecha.
En un discurso especialmente duro, Marín ha tachado a los diputados de Vox de «gentuza, racistas e inhumanos», en una intervención que ha levantado tensiones en el hemiciclo.