La Guardia Civil de la Región de Murcia, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha culminado la operación ‘Poga’ con la investigación de cuatro ganaderos por el vertido incontrolado de purines en varias ramblas del municipio de Murcia. A los responsables se les han instruido diligencias como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Según ha informado la Benemérita en una nota oficial, los investigados habían construido hasta diez balsas de recogida de purines sin ningún tipo de impermeabilización en zona de servidumbre de diversas ramblas. Estos depósitos ilegales vertían directamente residuos ganaderos -lixiviados altamente contaminantes- a cauces como la rambla del Carmen y la de Cuesta Alta. Todo ello procedente de explotaciones porcinas que, en el momento de las inspecciones, albergaban más de 13.500 cerdos.
La operación arrancó hace varios meses, cuando agentes del SEPRONA detectaron indicios de posibles irregularidades medioambientales en explotaciones del término municipal de Murcia. Para verificarlo, contaron con el apoyo de técnicos medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), con quienes realizaron labores de localización de focos contaminantes y cotejo de terrenos afectados.
Tras media docena de inspecciones, los agentes constataron la existencia de vertidos ilegales en zonas protegidas, sin respetar las distancias mínimas ni las condiciones legales para evitar la contaminación del subsuelo. El informe de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre los daños a la Reserva Natural ha sido clave para la imputación formal de los ganaderos.
La filtración de estos residuos, también llamados lixiviados, no solo contamina directamente las ramblas sino que supone un riesgo real para las aguas subterráneas del acuífero local. La situación se agrava aún más en caso de fenómenos meteorológicos extremos, como una gota fría o DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), frecuentes en el sureste español. Según la Guardia Civil, este tipo de eventos puede acelerar la escorrentía y la filtración hacia el subsuelo, reduciendo drásticamente el tiempo que tardan los contaminantes en alcanzar las capas freáticas.
El caso no solo ha sido investigado sobre el terreno. La operación ‘Poga’ incluyó la elaboración de un informe preceptivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que evalúa los daños provocados a la Reserva Natural y ha sido determinante para fundamentar las diligencias penales.
Los cuatro ganaderos han sido formalmente investigados por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal. Este precepto castiga a quien, contraviniendo las leyes de protección ambiental, provoque vertidos o emisiones que puedan causar daños graves a la calidad del aire, suelo, aguas o a la flora y fauna. Las penas contempladas van desde seis meses a cinco años de prisión, además de multas económicas e inhabilitación para ejercer la actividad ganadera.
La Guardia Civil recuerda que este tipo de delitos no requieren que el daño ya se haya producido, sino que basta con que exista un riesgo objetivo y verificable. En este caso, tanto la localización de las balsas como su falta de impermeabilización, la magnitud del ganado y la sensibilidad del entorno justifican la apertura de diligencias penales.
Desde RRNEWS mantendremos la lupa sobre este caso, que vuelve a poner sobre la mesa la falta de control ambiental en algunas explotaciones intensivas del campo murciano. No se descarta que haya más implicados ni que se produzcan nuevas imputaciones conforme avancen las investigaciones.