Vivían y trabajaban en la misma cama. Dormían hacinadas, sin ventilación, bajo vigilancia constante. Solo podían salir dos horas al día, siempre por la mañana. Estaban atrapadas.
La Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, en una macrooperación desarrollada en siete provincias. Han sido liberadas 162 mujeres, en su mayoría de origen sudamericano y en situación de vulnerabilidad. La red las obligaba a prostituirse en locales y viviendas reconvertidas en prostíbulos. Hay 37 personas detenidas, de las cuales nueve han ingresado en prisión provisional.
La operación, con 39 registros realizados en Valencia, Málaga, Murcia, Castellón, Alicante, Barcelona y Tarragona, ha sacado a la luz un entramado perfectamente estructurado, jerarquizado y brutal. Las víctimas eran captadas en sus países o en España, trasladadas a distintos inmuebles, y sometidas a condiciones inhumanas: dormían hacinadas en literas o en las mismas camas donde ejercían la prostitución, solo podían salir dos horas al día y estaban vigiladas 24 horas por cámaras de videovigilancia.
Los inmuebles eran adquiridos o alquilados directamente por los cabecillas o a través de sociedades pantalla, y reformados para ocultar la verdadera actividad. A menudo, se presentaban como centros de masajes. La fachada legal ocultaba un sistema de esclavitud moderna: cada servicio se repartía al 50 %, pero la organización imponía sanciones económicas arbitrarias que mermaban los ingresos de las mujeres.
La estructura de la red contaba con tres niveles. En la cúspide, los líderes -con vínculos familiares y sentimentales- se repartían los beneficios. El segundo escalón estaba formado por supervisores y recaudadores. En el tercero, las encargadas controlaban a las víctimas, coordinaban los turnos, facilitaban drogas a los clientes y respondían a los anuncios en webs de prostitución.
Las mujeres eran trasladadas de un local a otro para dificultar su localización y mantenerlas sometidas. A la explotación sexual se sumaba una maquinaria de blanqueo de capitales, actualmente bajo investigación. Se han intervenido 141.000 euros en efectivo, tres vehículos, más de 60 cuentas bancarias y se han bloqueado numerosos bienes muebles e inmuebles.
Según fuentes policiales, esta red tenía una expansión creciente y había empezado a extender sus tentáculos a otras provincias. La operación ha sido posible gracias a la denuncia de tres víctimas y a meses de investigaciones cruzadas entre las distintas fuerzas de seguridad y el área de Vigilancia Aduanera de Valencia.
Bajo el lema «Con la trata no hay trato», la Policía Nacional recuerda que cualquier ciudadano puede colaborar de forma anónima en la lucha contra la trata de seres humanos a través del teléfono 900 10 50 90 o del correo electrónico trata@policia.es. La llamada no queda registrada en la factura.