La historia se repite, aunque esta vez con nombre propio. Pedro Gálvez, vecino del barrio cartagenero de Torreciega, ha presentado un contundente escrito ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena para defender su derecho a ser reconocido como parte perjudicada en un procedimiento penal que investiga la contaminación ambiental generada por residuos peligrosos abandonados durante años. No se trata de una reclamación simbólica. En juego están su salud, su dignidad y la responsabilidad de las administraciones públicas por una omisión sistemática.
Todo comenzó con un análisis clínico que arrojó un dato inquietante: 3,1 microgramos de plomo por decilitro en su sangre. Para la empresa investigada, Cartagena Parque S.A., esta cifra está “por debajo del umbral de riesgo” y, por tanto, no hay daño. Pero la defensa de Gálvez lo desmonta con precisión quirúrgica: según la OMS, “no existe un nivel seguro de exposición al plomo”. Cualquier cantidad en el organismo puede generar efectos nocivos, especialmente en contextos de exposición crónica.
Y Torreciega, como demuestra el dictamen pericial del investigador José Matías Peñas, lo es. “La correlación entre los niveles de plomo en sangre y la proximidad a los residuos peligrosos es directa y científicamente irrefutable”, afirma el informe. El polvo contaminado, procedente del antiguo complejo industrial de Española del Zinc, se dispersa por el barrio desde hace más de una década. Nadie ha hecho nada para evitarlo.
El caso de Pedro Gálvez no es una excepción aislada. Es un síntoma. El escrito recuerda que la Plataforma de Suelos Contaminados ya denunció en marzo la falta de análisis sistemáticos por parte del sistema público de salud, obligando a muchos vecinos a acudir a laboratorios privados o resignarse a vivir “en la incertidumbre y la indefensión”.
Pero lo que convierte este caso en escandaloso es que, pese a todo, una medida judicial para sellar el vertedero fue dictada en agosto de 2024… y nunca se ejecutó. Nueve meses después, los residuos peligrosos siguen expuestos al viento, a la lluvia y a los pulmones de quienes viven al lado. “El crimen sigue cometiéndose, a pesar de estar en sede judicial que tiene la obligación de impedir su continuidad”, denuncia la representación legal de Gálvez.
El escrito también se apoya en jurisprudencia europea. En concreto, en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “Cannavacciuolo y otros contra Italia”, sobre la “Terra dei Fuochi”, un caso casi calcado: contaminación industrial, falta de acción institucional y violación de los derechos fundamentales a la vida y a un medio ambiente saludable. El paralelismo es evidente, y demoledor.
El barrio de Torreciega sigue a la espera. No de un nuevo análisis, sino de que se cumpla la ley. Porque cuando el Estado mira hacia otro lado ante la contaminación, no es solo el plomo el que se cuela en la sangre de los vecinos: es el abandono.