La Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena ha presentado un requerimiento formal ante el Ayuntamiento para que suspenda de manera inmediata la licitación pública para construir 40 viviendas en el barrio de Los Mateos. El proyecto, promovido por la sociedad municipal Casco Antiguo, cuenta con un presupuesto base de 6,1 millones de euros y ha sido publicado, según los vecinos, con pleno conocimiento de su oposición y de las advertencias jurídicas previas.
En el escrito, registrado el 12 de junio de 2025 y firmado por el presidente de la asociación, Fulgencio Sánchez Fuentes, también en representación de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, se denuncia que el Ayuntamiento no ha respondido a ninguno de los cuatro escritos que la entidad ha presentado en los últimos meses. Entre ellos, figuran una solicitud de información ambiental, un recurso de reposición por silencio administrativo, una denuncia formal sobre la ilegalidad del proyecto y una petición de personación en el procedimiento.
La asociación considera que esta falta de respuesta vulnera el artículo 21 de la Ley 39/2015, que obliga a las administraciones públicas a dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Además, sostienen que el proyecto es manifiestamente ilegal por su ubicación, próxima a suelos contaminados y a un vertedero de residuos peligrosos.
En el documento se detalla que, en 2002, la Comunidad Autónoma autorizó a la empresa ZINC S.A. la gestión de un vertedero de residuos peligrosos en el paraje de Torreciega, en el término municipal de Cartagena. Según la asociación, este vertedero nunca fue clausurado ni descontaminado, lo que impediría legalmente la construcción de viviendas en un radio de 4.000 metros.
Además, el proyecto se encuentra a menos de 35 metros del perímetro contaminado del sector de El Hondón y a menos de 1.300 metros del terreno de la antigua factoría de ZINCSA, ambos declarados suelos contaminados por la administración regional. La asociación sostiene que este entorno constituye un riesgo ambiental acumulado que ha sido completamente ignorado por el Ayuntamiento.
Otro de los elementos denunciados es la omisión de la Evaluación Ambiental Estratégica, un trámite obligatorio según la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. La entidad vecinal considera que esta omisión invalida la tramitación del proyecto, especialmente en un contexto con antecedentes de contaminación tan significativos.
En su requerimiento, la Asociación solicita tres medidas concretas: que el Ayuntamiento dicte resolución expresa sobre todos los escritos anteriores, que acuerde la suspensión cautelar de la licitación para evitar perjuicios de difícil o imposible reparación y que advierta de la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos que se dicten, así como de la posible responsabilidad disciplinaria, patrimonial o penal de los funcionarios implicados.
El escrito concluye con una advertencia: si el Ayuntamiento no responde ni paraliza el proyecto, la Asociación interpondrá acciones judiciales por la vía contencioso-administrativa y penal, incluida una denuncia ante la Fiscalía por presunta prevaricación administrativa y delito contra la ordenación del territorio. También anuncian posibles reclamaciones ante la Comisión Europea por vulneración del derecho ambiental comunitario.