Una menor de dos años ha muerto electrocutada en una atracción durante las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. La justicia ya investiga el caso por presunto homicidio imprudente, pero mientras tanto, algunos responsables políticos parecen tenerlo todo claro: el culpable es el feriante. Punto. Así lo ha expresado públicamente el pedáneo del PP, José Luis Marín Marín exculpando tanto al propietario del solar como a la comisión de fiestas.
A esta estrategia de escurrir el bulto se ha sumado también el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien ha declarado que “el accidente mortal de Alquerías se produjo en un recinto privado de un empresario”. Una frase que, más que informar, parece una línea de defensa anticipada: deslinda al Ayuntamiento de cualquier implicación en lo ocurrido. Pero que el terreno sea privado no exime de responsabilidad a quienes organizan, autorizan o supervisan eventos públicos.
Las fiestas de Alquerías son patronales, abiertas al vecindario, promovidas desde la junta municipal y con presencia institucional. ¿Acaso no debería existir un control mínimo sobre lo que se instala y se pone en marcha para uso público, especialmente cuando se trata de niños?
“La responsabilidad es del feriante”, ha escrito Marín en Facebook, alegando que es el feriante quien debe solicitar los permisos a la Comunidad Autónoma.
Pero no, no es tan simple. El feriante tiene obligaciones legales, sí. Debe pedir permisos, asegurar que la instalación es segura y cumplir la normativa. Pero quien organiza una fiesta en un espacio cedido, habilitado o gestionado por una comisión vinculada al Ayuntamiento, también tiene deberes.
¿Se comprobó que la atracción tenía autorización? ¿Que estaba bien instalada? ¿Hubo inspecciones? ¿Quién autorizó su funcionamiento?
Si el Ayuntamiento de Murcia, a través de su junta municipal, miró para otro lado o no fiscalizó lo que ocurría en su propio barrio, eso tiene un nombre: dejación de funciones.
Decir como ha dicho Marín que la actividad inspectora comienza desde que se piden los permisos y autorizaciones es tramposo. La inspección debe ser previa o simultánea al inicio de la actividad cuando hablamos de instalaciones de riesgo, como una atracción para menores. No se puede permitir que se monte, se enchufe, se abra al público y luego ya si eso pasen a inspeccionar. Además, ¿hubo inspección? ¿Cuándo? ¿Qué revisaron?
“Espero que la justicia llegue hasta el final» remata el pedáneo. Eso está bien. Pero llegar hasta el final no implica mirar solo al feriante. Hay que mirar arriba, al lado, a los responsables políticos, técnicos y organizativos
Esta declaración del pedáneo del PP es una defensa corporativa con tintes de manual: se intenta aislar la culpa en una sola figura para proteger a otras implicadas. Pero en un caso como este, con una niña muerta y una atracción defectuosa, la responsabilidad puede (y debe) ser compartida: feriante, organizadores, técnicos, políticos, inspectores… todos tienen que responder por su parte del pastel.
¿Quién debía haber inspeccionado las atracciones?
En la Región de Murcia, la competencia para inspeccionar las atracciones de feria -consideradas como espectáculos públicos o actividades recreativas ocasionales o extraordinarias- corresponde principalmente a los ayuntamientos, a través de funcionarios municipales debidamente acreditados, conforme al régimen jurídico establecido por el artículo 3 del Decreto-ley 4/2023, de 23 de noviembre, de medidas urgentes en materia de régimen sancionador de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias y de establecimientos públicos.
Ninguna administración revisó la atracción de feria en la que Amira, de apenas dos años, murió electrocutada en Alquerías. Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad Autónoma asumen responsabilidades.