Las fiestas de Alquerías, pedanía murciana de 7.000 habitantes, han terminado en tragedia. Una niña de solo dos años ha muerto como consecuencia de una descarga eléctrica mientras jugaba en una atracción de feria con motivo de las fiestas del pueblo. Otros tres menores resultaron heridos. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, en funciones de guardia, ha abierto diligencias por un posible delito de homicidio imprudente.
Los cuatro menores se encontraban en una cama elástica cuando recibieron las descargas. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar el origen del fallo eléctrico.
La jueza ha ordenado la apertura de diligencias previas al considerar que los hechos presentan indicios de un posible delito de homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Entre las actuaciones acordadas figura el requerimiento al Ayuntamiento de Murcia para que personal técnico municipal colabore con la Policía Judicial en el desmontaje y análisis de las instalaciones eléctricas implicadas: cuadros, tomas de tierra, componentes de iluminación, etc., gestionadas por la empresa responsable.
El Ayuntamiento Murcia se desentiende
Desde RRNEWS hemos preguntado al Ayuntamiento de Murcia si se llevaron a cabo los controles de seguridad previos a la puesta en marcha de las atracciones de feria en Alquerías. ¿Se inspeccionaron las instalaciones antes de abrir al público? ¿Existen actas de revisión técnica? ¿Contaban todas las atracciones con la preceptiva autorización municipal?
Hasta ahora, el consistorio murciano se ha limitado a decretar un minuto de silencio y a declarar tres días de luto oficial en la pedanía, sin aportar ninguna información concreta sobre los controles realizados —si es que se hicieron—.
Todo apunta a que no se llevó a cabo control alguno. El alcalde pedáneo de Alquerías, José Luis Marín Marín (PP), ha declarado a la agencia EFE que la atracción donde ocurrió la tragedia estaba instalada “en una finca particular que no es de titularidad municipal”, aunque reconoce que han recibido llamadas «como si nosotros la hubiéramos autorizado».
“Se nos ha caído el mundo encima”, confesó el pedáneo. “No hemos tenido nada que ver”, añadió, intentando deslindar responsabilidades. Sin embargo, la atracción -una cama elástica- estaba abierta al público, accesible para cualquier menor durante las fiestas patronales.
Entonces, si no la autorizó el Ayuntamiento, ¿por qué estaba funcionando? ¿No debió el pedáneo ordenar su cierre inmediato si no contaba con autorización municipal? ¿Disponía la instalación de autorización eléctrica? ¿Había seguro de responsabilidad civil? ¿Existían certificados técnicos que acreditaran la seguridad? ¿Había alguna unidad de la Policía Local o de Protección Civil? ¿Cuánto tardó en llegar la ambulancia?
Puede que, como sostiene el alcalde pedáneo, no hiciera falta una licencia de ocupación de vía pública al estar en suelo privado, pero eso no exime de cumplir con la normativa técnica, de seguridad y de responsabilidad. Una atracción abierta al público -sea en una plaza o en un solar privado- está obligada a contar con autorización, inspección y seguro, tal y como exige la legislación vigente.
Marín ha añadido que desde lo ocurrido este domingo no ha podido ser localizado el feriante propietario de la cama elástica en la que ocurrió el accidente, cuya instalación eléctrica está siendo investigada por la Guardia Civil.
La falta de respuestas oficiales y la ambigüedad institucional tras la muerte de una niña de dos años son, a estas alturas, tan alarmantes como el propio suceso. La justicia investiga. Y la opinión pública exige explicaciones.
Responsabilidad «in vigilando»
Aunque el alcalde pedáneo se desmarque del caso asegurando que la atracción estaba en “suelo privado” y que “nada tuvo que ver” con su instalación, hay una figura jurídica que no puede esquivar tan fácilmente: la responsabilidad “in vigilando”.
Este principio jurídico implica que la autoridad competente -en este caso, el Ayuntamiento de Murcia- tiene el deber de vigilar, supervisar y controlar las actividades que se desarrollan en su territorio, especialmente si son abiertas al público y pueden implicar un riesgo para la seguridad. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara: «No basta con no haber autorizado algo; también hay que haber ejercido la vigilancia necesaria para impedir que se lleve a cabo sin autorización«.
Así que, aunque la atracción estuviera en una finca privada, si estaba abierta al público, si formaba parte de la feria y era conocida por vecinos y visitantes, el Ayuntamiento tenía la obligación de comprobar si esa instalación era legal, segura y estaba asegurada.
¿Son seguras las atracciones de feria?
El suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad en las atracciones de feria. ¿Se revisan con el rigor necesario? ¿Quién responde cuando una fiesta popular se convierte en tragedia?
En septiembre de 2023, la reina infantil de las Fiestas de Pliego, la niña María Dolores Martínez Díaz, de 10 años, falleció al salir despedida de un tren de feria en el que montaba y ser arrollada posteriormente por éste, informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. La niña murió decapitada. Los hechos ocurrieron durante el desarrollo de las Fiestas Patronales de Pliego, cuando la menor montaba en una atracción de feria denominada El Dragón.
Cada verano, miles de ferias se instalan por toda España. Las atracciones giran, las luces brillan y los altavoces suenan con reguetón a todo volumen. Pero entre toda esa euforia hay una pregunta incómoda que reaparece cada vez que ocurre una desgracia: ¿son seguras?
Las ferias y atracciones están reguladas por distintas normas, pero no existe una ley estatal única. Cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento establece sus propios requisitos. En general, se exige:
- Proyecto técnico visado (cuando procede)
- Seguro de responsabilidad civil
- Revisión de instalaciones eléctricas
- Inspección por parte de técnicos municipales o de organismos de control autorizados (OCA)
Pero hay un problema: la disparidad de criterios y la falta de medios para inspecciones rigurosas, especialmente en municipios pequeños o con menos recursos.
Fallos eléctricos, estructuras inestables y falta de mantenimiento
Los incidentes más frecuentes en ferias están relacionados con fugas eléctricas o conexiones defectuosas, desgaste de materiales por uso intensivo y transporte, montaje apresurado o sin supervisión adecuada y personal sin formación técnica suficiente.
Según la Asociación de Empresarios de Atracciones de Feria (ASEMFA), el 99% de los feriantes cumple las normas, pero la vigilancia no siempre es efectiva. Muchos ayuntamientos externalizan las inspecciones o simplemente confían en la declaración responsable del titular de la atracción.
¿Son seguras? En teoría, sí. Pero la seguridad real depende de tres factores clave: que el titular cumpla estrictamente con las normativas, que el municipio realice inspecciones técnicas de verdad, no solo un trámite burocrático y que el público esté atento y denuncie instalaciones deterioradas o sospechosas.
Antes de que la atracción se ponga en marcha, el Ayuntamiento de turno debe realizar una inspección presencial en el recinto y comprobar, entre otras cosas, medidas de seguridad y salidas de emergencia, instalación eléctrica y conexión a red o generadores, tomas de tierra, diferenciales, protecciones, estabilidad de la estructura y señalización así como condiciones de uso.
La desregulación
El caso de Alquerías -una niña muerta, tres menores heridos y una atracción ferial posiblemente ilegal- pone en evidencia un problema mucho más profundo que una posible negligencia puntual: la deriva de las administraciones hacia la desregulación encubierta.
En los últimos años, y especialmente desde el auge de las normativas de “simplificación administrativa”, la figura de la declaración responsable está sustituyendo en muchos casos a las licencias, a los informes técnicos y a las inspecciones presenciales. El Gobierno regional de Murcia insiste en ampliar su uso a prácticamente todo según la cuarta ley de simplificación administrativa. El Gobierno regional ha convertido la palabra del empresario en ley: bastará con una declaración firmada para construir, abrir un negocio o intervenir en el territorio sin necesidad de que nadie lo compruebe antes. Sin que un técnico revise. Sin garantía de que haya seguro, proyecto, toma de tierra o cuadro eléctrico en condiciones.