Un pacto PP-VOX que convierte el presupuesto en un instrumento de poder ideológico en la Región de Murcia

El pacto presupuestario entre ambos partidos incluye 20 medidas que van mucho más allá de las cuentas públicas: suponen una hoja de ruta política con fuertes implicaciones sociales, educativas y culturales
Rubén Martínez Alpañez (VOX) y Joaquín Segado (PP)

No es un simple acuerdo presupuestario. Es un manifiesto político. El pacto firmado por el Partido Popular y VOX para garantizar la aprobación de los Presupuestos de la Región de Murcia en 2025 recoge en veinte puntos una hoja de ruta que trasciende lo contable y que sella con tinta gruesa el rumbo ideológico del Ejecutivo autonómico.

Lo que hay sobre la mesa es una alianza que combina inversiones selectivas con recortes dirigidos, bajadas fiscales con restricciones culturales, y una narrativa contundente contra la inmigración irregular, la ocupación de viviendas y el «adoctrinamiento» en la educación pública.

El acuerdo incluye partidas concretas, como la destinada a licitar un nuevo Centro Integral de Emergencias, dotado con 1,5 millones de euros, o los 5,5 millones comprometidos para renovar el marco del Consorcio de Extinción de Incendios. También se impulsa la ampliación del tranvía metropolitano con un primer millón de euros para estudios informativos, y se destinan otros 5,5 millones para el futuro Centro de Formación Industrial de Cartagena. Yecla también se apunta un tanto con la creación de un nuevo centro vinculado a la industria del mueble.

En materia de vivienda, el Gobierno regional se compromete a desarrollar un nuevo modelo de gestión para el parque público, con especial énfasis en priorizar a las familias más vulnerables y combatir las ocupaciones ilegales. La medida irá acompañada de una dotación mínima de 1,5 millones de euros. No se queda ahí: se anuncia una colaboración con los ayuntamientos para detectar empadronamientos fraudulentos y frenar el uso irregular de estos servicios públicos.

«Neutralidad ideológica y ausencia de adoctrinamiento en las aulas«

La sección dedicada a inmigración es, sin duda, la más ideologizada del texto. El PP se declara frontalmente en contra del reparto de inmigrantes que, según el documento, impone el Gobierno de España, y se compromete a ejercer acciones judiciales si fuera necesario. Además, se anuncia el cierre del Centro de Menores de Santa Cruz antes del próximo curso escolar y su reconversión en instalación sociosanitaria.

Para los menores migrantes no acompañados que se autoperciban como tales, se implantarán pruebas médicas para determinar su edad real. Y se pone en la diana a las ONG: cualquier organización que “colabore o se lucre” con la inmigración ilegal, la trata de personas o la explotación infantil será excluida de las subvenciones, y se exigirá la devolución de fondos en caso de incumplimiento.

«Armas largas, pistolas taser y gas pimienta para los policías locales«

La medida más simbólica en clave cultural es, sin duda, la prohibición expresa de desarrollar programas de lengua árabe y cultura marroquí en los centros educativos. Una enmienda clara al acuerdo entre España y Marruecos que ya se aplica en otras comunidades autónomas. Murcia da un portazo en firme.

En el ámbito fiscal, se consolida una política de alivio tributario. No habrá subida de impuestos, tasas ni precios públicos. Además, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales bajará del 8 al 7 % en tres ejercicios consecutivos, empezando por un 7,75 % en 2025. Para los jóvenes menores de 40 años que adquieran su primera vivienda, se mantendrá el tipo reducido del 3 %. También se reduce el tipo agravado del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados del 2 al 1,5 % para transmisiones sujetas a IVA.

«Más ayudas para las familias numerosas y las mujeres con partos múltiples«

Los recortes también tienen destinatarios concretos. Se mantiene la rebaja del 25 % aplicada en 2024 a las subvenciones dirigidas a sindicatos y organizaciones empresariales, y se avanza en la modificación de la Ley de Participación Institucional para eliminar la obligatoriedad de las subvenciones nominativas. En paralelo, se reducirá el presupuesto de publicidad institucional y se prohíbe reforzar esa partida con transferencias de crédito durante el ejercicio.

La educación y la familia también tienen su lugar en el acuerdo. Todas las partidas deberán garantizar “neutralidad ideológica” en las aulas y respetar la libertad de elección de las familias. Además, se compromete la elaboración de un informe de impacto familiar obligatorio para toda norma que apruebe el Consejo de Gobierno o la Asamblea Regional. Las ayudas a familias numerosas y a mujeres con partos múltiples se incrementarán hasta alcanzar, al menos, los dos millones de euros.

En clave de seguridad, se impulsa el desarrollo normativo necesario para que las policías locales de los municipios puedan acceder a armas largas, pistolas táser, gas pimienta y otros dispositivos. Una medida que refuerza el discurso de “orden y autoridad” tan recurrente en esta alianza.

En materia ambiental, se reitera el compromiso con la recuperación del Mar Menor, con la promesa de revisar y reformar antes de octubre de 2025 la actual Ley 3/2020. Se anuncian nuevas infraestructuras para su protección y planes para limpiar cauces urbanos, sobre todo en prevención de lluvias torrenciales.

Por último, se impulsarán dos nuevas leyes: una sobre universidades y otra sobre caza. La primera pretende reordenar el sistema universitario regional, mientras que la segunda responde a una vieja aspiración del grupo parlamentario de VOX.

Y, para que nada se tuerza, ambas formaciones se comprometen a no presentar enmiendas parciales durante la tramitación parlamentaria del presupuesto, salvo que estén previamente pactadas. El mensaje es claro: ni un voto fuera de la línea.

Un acuerdo ideológico, no presupuestario

Este acuerdo no solo define los presupuestos de 2025. Marca un camino político. Establece prioridades ideológicas. Y blinda un modelo de Gobierno que combina control institucional con medidas simbólicas de fuerte carga política. Con este pacto, PP y VOX no solo se garantizan estabilidad. Se garantizan, sobre todo, hegemonía.

Este acuerdo, más que un simple pacto de presupuestos, representa un programa político conjunto que orientará el rumbo de la Comunidad Autónoma en materias sensibles. PP y VOX consolidan así su alianza en una legislatura donde las medidas simbólicas tienen tanto peso como las partidas contables.

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