El patrimonio cultural de la Región de Murcia está “más indefenso que nunca”. Así lo denuncian una docena de asociaciones patrimonialistas que han alzado la voz contra una modificación legislativa aprobada por la puerta de atrás: la cuarta Ley de Simplificación Administrativa del Gobierno regional, publicada en pleno puente festivo y sin apenas repercusión pública, incluye una reforma exprés que, según estos colectivos, dinamita los principales mecanismos de protección del patrimonio histórico.
Hablan de un “golpe a escondidas” y no se andan con rodeos: acusan al Ejecutivo murciano de utilizar de forma abusiva el procedimiento de decreto-ley -reservado solo para situaciones excepcionales- para aprobar una modificación de calado sin debate público, sin informes técnicos ni jurídicos, y sin someter el texto a exposición pública.
Menos protección, más riesgo
Entre los cambios más criticados está la delegación de competencias en materia de patrimonio a los ayuntamientos. Las asociaciones recuerdan que muchos consistorios no cuentan con personal técnico cualificado ni independencia frente a los intereses urbanísticos que, demasiadas veces, han sido causa directa del deterioro de bienes culturales. “Es como poner al lobo a cuidar del rebaño”, advierten.
Otro de los retrocesos más alarmantes, en opinión de los firmantes, es la supresión del plazo máximo de seis meses para iniciar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) a partir de una solicitud ciudadana. Esta garantía, vigente desde 2007, convertía a la Región de Murcia en pionera al permitir que cualquier ciudadano pudiese activar de forma efectiva la protección del patrimonio. “Ahora nos dejan totalmente indefensos”, lamentan.
A esto se suma la generalización del silencio administrativo positivo en los procedimientos urbanísticos, lo que podría implicar la aprobación automática de obras que afecten a bienes culturales, sin evaluación previa ni informes técnicos. “Una puerta abierta a la destrucción silenciosa”, alertan.
Denuncia colectiva y batalla jurídica
La denuncia está firmada por Huermur, Asociación Cartaginense, Ecologistas en Acción, Origen, Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete, Lorca por su Patrimonio, Cartagena Ciudad de los Submarinos, Cartagena Futuro, la Plataforma Virgen de la Caridad, la Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta, AJVA y Amigos de la Historia de Librilla.
Todas ellas han iniciado ya contactos con grupos parlamentarios en el Congreso, el Comité Español de ICOMOS (órgano consultivo de la UNESCO) y la Unión Estatal de Asociaciones para la Defensa del Patrimonio, con un objetivo claro: que el Gobierno de España presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y paralice la reforma antes de que cause daños irreparables.
“No vamos a parar”
Los colectivos anuncian movilizaciones, acciones jurídicas y presión política para revertir los cambios. Reclaman a la Consejería de Cultura que suspenda inmediatamente la aplicación de la reforma, abra un proceso de diálogo real y transparente, y garantice la participación ciudadana y los criterios científicos en cualquier decisión que afecte al patrimonio.
“La Región de Murcia no puede convertirse en un laboratorio de desregulación donde el patrimonio histórico se subordine al interés urbanístico de turno”, concluyen.