Por quinta vez, los vecinos de la comarca del Mar Menor han intervenido en el Pleno del Ayuntamiento de San Javier para exigir lo que consideran una medida de sentido común: una moratoria sobre la construcción de macroplantas de biogás mientras no exista una normativa clara que garantice la protección del entorno y la salud pública.
La petición, planteada a través de la plataforma Stop Biogás Mar Menor, se apoya en la reciente propuesta de dos formaciones políticas en la Asamblea Regional para regular específicamente este tipo de instalaciones industriales. La iniciativa, presentada el pasado 3 de junio, incluía también la solicitud de una moratoria en la concesión de autorizaciones hasta la aprobación de esa nueva regulación.
El Ayuntamiento de San Javier ya se posicionó a favor de una regulación específica en el pleno del 19 de diciembre, lo que fue valorado positivamente por los colectivos ciudadanos. Sin embargo, en el pleno de este jueves, la intervención vecinal ha sido respondida con un escueto “gracias” por parte del alcalde, sin valoración alguna sobre la nueva petición. Un gesto que ha causado perplejidad entre los presentes.
Desde la plataforma vecinal critican que el regidor, José Miguel Luengo, no haya rectificado su posición inicial celebrando el proyecto de macroplanta de biogás en El Mirador, pese a haberse conocido que la instalación no cumple con ninguna de las distancias mínimas de seguridad recomendadas por la propia asociación de empresas del sector, ni con las distancias establecidas respecto a núcleos de población en el PGOU de Murcia.
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“La sordera institucional es alarmante”, denuncian desde Stop Biogás Mar Menor. A su juicio, el gobierno local parece hacer oídos sordos a las reiteradas intervenciones ciudadanas que alertan de que la ubicación elegida por la empresa promotora no es viable. El temor, cada vez más extendido entre los vecinos, es que el Ayuntamiento de San Javier termine emitiendo un informe favorable que allane el camino para que la Comunidad Autónoma declare el proyecto como de interés público.
La preocupación ciudadana se agrava ante el reciente pacto presupuestario alcanzado entre el presidente regional, Fernando López Miras, y sus socios de gobierno, que contempla modificar la Ley de Protección del Mar Menor. Según denuncian, esta reforma podría eliminar la moratoria vigente a nuevas macrogranjas porcinas o a ampliaciones de las existentes dentro de la cuenca vertiente del Mar Menor, reforzando el riesgo de un “efecto llamada” que, de la mano de las macroplantas de biogás, consolidaría esta zona como “territorio de sacrificio”.
“Las administraciones locales y regionales no están cumpliendo con el mandato que han recibido en las urnas”, concluye la plataforma, que acusa a los responsables públicos de no utilizar las herramientas legales a su alcance para proteger la calidad de vida de las personas ni el entorno del Mar Menor.