La Región de Murcia vuelve a encabezar una estadística preocupante: el mayor número de concursos de acreedores de personas físicas no empresarias por habitante de toda España. En el primer trimestre de 2025, se tramitaron 861 concursos en total, un 60,6 % más que en el mismo periodo del año anterior, según datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial.
El incremento más llamativo corresponde a las personas físicas no empresarias: de 496 casos en 2024 se ha pasado a 805 en apenas un año. Dicho de otro modo: 51 de cada 100.000 habitantes en la Región se ha visto obligado a acogerse al proceso concursal como tabla de salvación frente a deudas y ahogos económicos. Un dato que supera incluso a Cataluña, Madrid y Canarias.
También las empresas (personas jurídicas) están sufriendo: sus concursos aumentan un 55,2 %, pasando de 29 a 45. Solo se mantienen estables, con 11 casos, los procedimientos iniciados por autónomos o empresarios individuales.
Morosidad disparada y desahucios a la baja
Otro indicador del deterioro económico es el fuerte aumento de los procedimientos monitorios -utilizados por empresas y particulares para reclamar deudas impagadas-, que se disparan un 34,8 % hasta alcanzar los 13.548 casos. Esto apunta a una morosidad generalizada, tanto en consumo como en obligaciones contractuales.
En paralelo, los lanzamientos (desahucios) han caído un 31,7 %, pasando de 337 en el primer trimestre de 2024 a 230 en el mismo periodo de este año. Los derivados de impago de hipotecas bajan un 34,9 %, y los relacionados con el alquiler, un 27,1 %. A pesar del descenso, el impago de rentas sigue siendo la principal causa de desahucio.
La Región Murcia lidera en ejecuciones hipotecarias
Aunque las ejecuciones hipotecarias han descendido ligeramente (un 10,5 %), la Región de Murcia ostenta la tasa más alta del país: 16,8 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional.
Una ejecución hipotecaria es un procedimiento judicial que inicia un banco o entidad financiera cuando una persona deja de pagar su hipoteca. Es, básicamente, el paso previo al desahucio: si no puedes pagar, el banco reclama la propiedad de la vivienda para saldar la deuda.
Más despidos, menos reclamaciones salariales
En el terreno laboral, las demandas por despido aumentan un 5,5 %, de 1.490 a 1.572, lo que sitúa a la Región de Murcia como la cuarta comunidad con más conflictividad laboral judicializada, solo por detrás de Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las reclamaciones por cantidad -es decir, por salarios no pagados u otras deudas laborales- han descendido un 16,9 %.
Ocupaciones ilegales: estabilidad en cifras muy bajas
Los procedimientos por ocupación ilegal de viviendas se mantienen prácticamente estables, con 16 casos registrados en este primer trimestre frente a los 17 del mismo periodo en 2024. Se trata de cifras moderadas en comparación con el ruido mediático que habitualmente genera este fenómeno.
¿La Región de Murcia funciona?
La paradoja es tan clara como dolorosa: mientras las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial pintan un escenario económico cada vez más oscuro en la Región de Murcia, el presidente Fernando López Miras sigue repitiendo su eslogan de que “la Región funciona”. ¿Funciona? ¿Para quién?
Los datos del CGPJ vuelven dejan en evidencia el discurso triunfalista del Gobierno de López Miras. A veces parece que el Gobierno regional hablara de otra Murcia, una Murcia virtual donde todo va viento en popa mientras la realidad, la de las familias y pequeños negocios, se hunde bajo el peso de las deudas.
Y luego está la “okupación”, convertida en el problema estrella por el dúo PP-Vox. La utilizan como ariete para movilizar miedo y votos, mientras los datos oficiales los dejan en evidencia: 16 casos en el primer trimestre. Lo mismo que el año pasado. Muy lejos de lo que sugiere el ruido mediático alimentado desde las instituciones.
La insistencia en la «okupación» como plaga nacional, cuando el problema real en la Región es el sobreendeudamiento, el desempleo, los despidos y la falta de políticas eficaces para amortiguar la crisis de vivienda revela una estrategia de distracción. Un juego político que busca desviar la atención de lo verdaderamente urgente.