Vox ha hecho lo que mejor sabe: subirse al atril de la Asamblea Regional -no hay mejor altavoz- para lanzar sus soflamas reaccionarias contra los sindicatos de clase que defienden los intereses de los trabajadores. En esta ocasión, el diputado Antonio Martínez -fiel a su estilo- ha repetido hasta la saciedad conceptos como «parasitismo institucional, mamandurrias y mantenidos«. Todo para justificar una propuesta que suprime la financiación pública a las principales organizaciones sindicales y empresariales de la Región de Murcia. trabajadores indefensos ante los empresarios.
La reforma de la Ley de Participación Institucional ha salido adelante con los votos de Vox y el Partido Popular (29 en total) frente a los 14 votos en contra del PSOE y el Grupo Mixto (Podemos e independientes). A partir de ahora, ya no será obligatorio destinar fondos públicos a los agentes sociales más representativos. Y eso, pese a que ni siquiera se ha emitido el informe jurídico que exige el reglamento de la Cámara. Pero el rodillo parlamentario siguió adelante. La derecha, unida, no preguntó.
Antelo celebra: «se acabaron los chiringuitos»
El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, no perdió la ocasión de vender la jugada como un gran logro político: “Se acabó la financiación obligatoria a los chiringuitos sindicales y empresariales. Hemos dado un paso decisivo para acabar con el clientelismo y el despilfarro que durante años han lastrado las cuentas públicas y beneficiado solo a unos pocos”.
Una frase redonda para las redes. Aunque el mensaje chirríe viniendo de un partido que no ha renunciado ni a una sola de las subvenciones públicas que recibe. Vox sigue cobrando su asignación como grupo parlamentario, sus sueldos, sus dietas y sus ayudas electorales. También su líder nacional, Santiago Abascal, lleva 30 años encadenando cargos y nóminas públicas. Pero en Vox, lo que hacen los demás son chiringuitos; lo suyo, servicio patriótico.
“Mamandurrias” y propaganda
Antonio Martínez, el diputado de Vox que defendió la propuesta, desplegó su repertorio habitual: habló de mamandurrias, mantenidos, parasitismo institucional y de “las redes clientelares que viven del cuento”. Pocas cifras, muchas consignas. Ningún dato. Pero sí un mensaje claro: que los sindicatos de clase molestan, sobran y hay que dejarlos sin recursos. Y, de paso, tildó de «inútiles» las casi 90 mesas de participación social constituidas por el Gobierno regional donde se están tratando temas tan importantes como la economía sumergida, la brecha salarial o la violencia de género.
Desde la izquierda, la respuesta fue inmediata. María Marín (Podemos) acusó a Vox de querer “cargarse a las organizaciones sindicales de clase” y dejar al trabajador “solo frente al poder empresarial”. “Lo que proponen es desmantelar cualquier tipo de defensa colectiva. Es neoliberalismo salvaje disfrazado de populismo barato”, dijo.
Martínez Baños (PSOE): “Son ustedes el ejemplo perfecto del parasitismo institucional”
El socialista Antonio Martínez Baños fue aún más contundente. Acusó al PP de “rendirse al chantaje político de Vox” y de permitir que un partido “racista, xenófobo, homófobo y negacionista del cambio climático” imponga su agenda.
Y lanzó dardos directos a la bancada de Vox: “Hablan de mantenidos, pero viven del dinero público. Denuncian mamandurrias mientras se apuntan a todas. Ustedes son el ejemplo perfecto del parasitismo institucional que dicen combatir”.
También recordó que los sindicatos y la patronal no son un lujo, sino una parte esencial del diálogo social que ha permitido negociar planes de empleo, condiciones laborales dignas y estabilidad institucional. “Quieren una democracia sin contrapesos, sin interlocutores y sin voces incómodas. Solo con ustedes, con su altavoz, con su atril”.
La ley que se reforma fue concebida para que sindicatos y organizaciones empresariales pudieran participar, con financiación garantizada, en el diseño de políticas públicas. El PP, a través del diputado Antonio Landaburu, ha querido maquillar la maniobra asegurando que “no se recorta ningún derecho”, que ahora todo será “más eficiente” y que los sindicatos funcionarán “con sus afiliados y sus propios medios”. Como si fueran ONGs. O startups.
Pero no es una cuestión de eficiencia. Es una cuestión de modelo. Vox no quiere participación institucional; quiere control ideológico. No quiere interlocutores sociales; quiere obediencia. No quiere gastar menos: quiere que el dinero público se reparta entre los suyos.
Y mientras tanto, ahí siguen: denunciando las mamandurrias desde la comodidad de un escaño público, con nómina, dietas y coche oficial. El grupo parlamentario VOX recibe