Una investigación de la Guardia Civil ha destapado una trama criminal que operaba en la Región de Murcia utilizando recetas médicas falsas o manipuladas para distribuir de forma masiva medicamentos estupefacientes. La operación, bautizada como ‘Prazo’, ha finalizado con la investigación de 22 personas, entre ellas un médico, un farmacéutico y una veintena de pacientes, todos ellos presuntos implicados en un entramado de tráfico de psicofármacos que podría tener ramificaciones más amplias.
El caso arrancó a raíz de una denuncia presentada por la Inspección de Farmacia de la Comunidad Autónoma, que detectó una hiperprescripción inusual de analgésicos y psicotrópicos en farmacias del entorno del Mar Menor. La denuncia encendió las alarmas en la Policía Judicial de la Guardia Civil, que puso en marcha una compleja investigación para aclarar la procedencia y el destino de esos medicamentos.
Un flujo anómalo de recetas y miles de envases
Las primeras pesquisas llevaron a un consultorio médico donde, supuestamente, se expedían recetas de medicamentos empleados habitualmente en el tratamiento de patologías psiquiátricas. Estos fármacos, que incluyen compuestos como las benzodiacepinas, están sometidos a un estricto control y requieren que el paciente se identifique con su DNI para poder adquirirlos legalmente.
Sin embargo, la investigación reveló que algunas de esas recetas estaban siendo usadas de forma fraudulenta. La magnitud del fraude es impactante: más de 1.500 envases fueron dispensados en solo medio año. Algunos pacientes recibían hasta 10 envases al mes, cuando en realidad, según los estándares médicos, apenas deberían haber necesitado tres.
Prescripciones imposibles: dos de los ‘pacientes’ estaban en prisión
Uno de los hallazgos más reveladores del caso fue el descubrimiento de que al menos dos de los supuestos pacientes que figuraban como receptores de los medicamentos se encontraban cumpliendo condena en prisión. Es decir, ni siquiera podían haber acudido a la farmacia, lo cual dejaba al descubierto un sistema completamente amañado: alguien estaba utilizando sus datos personales y recetas médicas para obtener los fármacos en su nombre.
Además, desde los centros penitenciarios se constató que los internos ya recibían su medicación por los canales oficiales, lo que refuerza la tesis de que sus identidades fueron suplantadas o utilizadas indebidamente por terceras personas vinculadas al grupo criminal.
Una red perfectamente engranada
La operación ha permitido identificar un presunto grupo criminal en el que el médico investigado jugaba un papel clave como emisor de las recetas fraudulentas. El farmacéutico habría colaborado presuntamente en la dispensación sin seguir los protocolos de verificación exigidos por ley. Y los pacientes, en su mayoría con perfiles de vulnerabilidad o dependencia, formaban parte activa del circuito o prestaban su documentación a cambio de una parte de los beneficios o del propio medicamento.
Las autoridades no descartan que parte de estos fármacos hayan terminado en el mercado negro, dada la elevada demanda y el valor de los psicotrópicos como drogas recreativas o de dependencia.
Delitos contra la salud pública y falsedad documental
Los 22 investigados podrían enfrentarse a penas considerables por delitos contra la salud pública (tráfico de estupefacientes), falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. La Guardia Civil no ha informado de detenciones, pero sí ha confirmado que todos ellos han sido puestos a disposición judicial y que la investigación continúa abierta.
Este caso pone el foco en un problema de salud pública muchas veces ignorado: el abuso y desvío de psicofármacos mediante la corrupción de los canales médicos y farmacéuticos legales. También plantea serias dudas sobre los controles internos de prescripción y dispensación, y sobre la capacidad de los sistemas actuales para detectar este tipo de anomalías antes de que se conviertan en redes criminales estructuradas.