Ninguna administración revisó la atracción de feria en la que Amira, de apenas dos años, murió electrocutada el pasado sábado en Alquerías. Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad Autónoma asumen responsabilidades. La instalación, montada en un solar privado sin autorización conocida, operaba fuera de todo control técnico o administrativo, pero estaba abierta al público, a la vista de todos. La pelota está en tejado de nadie.
Según publica el periódico La Opinión, desde el consistorio murciano aseguran que la responsabilidad recae en la Comunidad Autónoma cuando la feria no es de iniciativa municipal. Añaden que corresponde al promotor privado -en este caso, los feriantes- solicitar los permisos pertinentes. El Gobierno regional, por su parte, declara que no recibió ninguna solicitud para instalar atracción alguna en Alquerías. Ningún expediente. Ningún aviso de instalación de unas camas elásticas.
«La única documentación que consta en la Comunidad Autónoma referida a las fiestas de Alquerías es una declaración responsable registrada en Industria para el suministro eléctrico de baja tensión, que fue presentada el 21 de mayo de 2025 por el Ayuntamiento de Murcia, a través de una empresa instaladora a la que concedió poderes de representación» recoge el citado periódico.
En cuanto a las inspecciones, la Comunidad Autónoma afirma que los controles recaen, según el Decreto-Ley 4/2023, en los funcionarios municipales. Como ejemplo, mencionan dos sanciones recientes: una por celebrar un concierto sin autorización en una pedanía murciana, y otra por instalar un castillo hinchable sin permiso. Ambas sanciones fueron tramitadas por el Ejecutivo autonómico tras denuncias previas de la Policía Local. En Alquerías, sin embargo, ni Policía ni Comunidad sabían que las camas elásticas iban a montarse.
Desde el Consistorio murciano insisten en que el accidente tuvo lugar en un espacio que no es de titularidad municipal, y que “corresponde a los feriantes la responsabilidad técnica de legalizar sus instalaciones y formalizar directamente el contrato eléctrico con Iberdrola”. Sostienen que la atracción no formaba parte del programa oficial de fiestas de Alquerías ni había sido comunicada al Ayuntamiento
Asimismo, el Ayuntamiento señala que está colaborando desde el primer momento con la investigación que dirige la Guardia Civil. En este marco, destacan que la Policía Local intervino con rapidez y solicitó la presencia de técnicos de la empresa Electromur, quienes constataron la existencia de un fallo eléctrico. “La instalación era privada y debía haberse comunicado a Iberdrola”, apuntan desde el Consistorio, indicando que dicha comunicación se realizó posteriormente, a instancias de los agentes.
La Policía Judicial ha solicitado el desmontaje del cuadro eléctrico vinculado a la atracción, un trabajo que también está siendo apoyado por técnicos de Electromur.
Al presidente López Miras le han preguntado por el terrible suceso y ha admitido que no sabe si la atracción contaba o no con autorización. En sus redes sociales no hay ni rastro de condolencia por la muerte de la niña. Desde el Gobierno regional tampoco han emitido ningún comunicado.
La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Murcia, en funciones de guardia, ha abierto diligencias previas por posible homicidio imprudente.
Según el auto judicial, los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, ya que otros tres menores resultaron herido por electrocutación.
Entre las diligencias acordadas, se ordena la remisión de oficio al Ayuntamiento de Murcia, para que personal técnico adscrito o designado colabore con el Equipo de Policía Judicial en el desmontaje y análisis de instalaciones eléctricas (cuadros, tomas de tierra, componentes de iluminación) gestionadas por la empresa eléctrica.
Los testigos relatan que la pequeña Amira se electrocutó al tocar la valla de la atracción. La pequeña, llamada Amira, no vivía en la pedanía: su familia se había instalado recientemente en El Raal. Habían venido a buscar una vida mejor. Encontraron la muerte.
La muerte de Amira ha dejado al descubierto un limbo legal en el que se escudan instituciones y promotores. Mientras la investigación avanza, la pregunta que resuena es simple y devastadora: ¿cómo es posible que una atracción eléctrica, sin control, sin permisos y sin inspección, pueda instalarse a escasos metros de niños y familias sin que nadie mueva un dedo?