El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha lanzado un paquete de 25 medidas para frenar la corrupción y el fraude en la contratación pública. Su propuesta llega tras constatar un aumento del 18% en las denuncias por irregularidades, según los datos analizados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del propio Ministerio.
El diagnóstico es claro: la contratación pública sigue siendo un coladero para prácticas ilícitas, y los controles actuales son insuficientes. Por eso, Gestha plantea desde reformas legales contundentes hasta la creación de nuevas agencias antifraude en comunidades autónomas y grandes ciudades.
Más medios, más personal, más vigilancia
Entre las propuestas organizativas, Gestha reclama:
- Aumentar las plantillas de organismos clave como la Intervención General del Estado (IGAE), la Agencia Tributaria (AEAT) y las haciendas autonómicas y forales, para igualar al menos la media europea en personal de control.
- Reforzar las agencias antifraude ya existentes, como las de Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra.
- Rescatar oficinas suprimidas, como la de Baleares, y crear otras nuevas en autonomías sin estructura antifraude, como Aragón, Asturias, Murcia, Castilla y León o el País Vasco.
- Dotar de funciones reales de investigación a órganos fiscalizadores como el Consello de Contas de Galicia o la Audiencia de Cuentas de Canarias.
- Extender el modelo de oficinas locales a municipios con más de 200.000 habitantes, más allá de Madrid y Barcelona. Murcia, Cartagena, Elche o Vigo, entre otros, estarían en la lista.
Prevención y transparencia: pilares del control
En el plano preventivo, Gestha plantea una Estrategia Nacional Antifraude, con criterios comunes y acciones coordinadas entre las oficinas autonómicas. Además, propone:
- Crear un sistema de alertas tempranas para detectar casos sospechosos y proteger al denunciante.
- Obligar a los responsables políticos a respetar las leyes de transparencia, impidiendo que se utilicen excusas genéricas para negar información.
- Publicar anualmente un listado de condenados por corrupción con sentencia firme.
- Fomentar la educación fiscal ciudadana, para que la gente sepa a dónde va su dinero.
Reformas legales para cortar el grifo a los corruptos
En el ámbito legislativo, los técnicos apuestan por medidas drásticas:
- Eliminar decisiones unipersonales en contratación pública: todo debe pasar por órganos colegiados.
- Endurecer la prohibición de contratar a empresas condenadas por corrupción, blanqueo, prevaricación o financiación ilegal.
- Evitar excepciones que permiten a estas empresas seguir contratando con otras administraciones.
- Prohibir que se externalice la redacción de los pliegos de condiciones de los contratos públicos.
- Solicitar a la Fiscalía General del Estado que incluya sistemáticamente la inhabilitación para contratar en las sentencias por delitos como cohecho, tráfico de influencias o fraude.
- Establecer un régimen de responsabilidad directa para los gestores del gasto, más allá de lo contable o penal.
- Impedir que organismos financiados con fondos públicos escapen a los controles.
Una de las propuestas más contundentes apunta directamente a los partidos políticos y a sus representantes públicos: reformar la normativa sobre su financiación y sobre su declaración patrimonial, incorporando sanciones por incumplimiento o manipulación.
Una administración fiscal fuerte para un Estado más limpio
Desde Gestha subrayan que estas medidas no son ocurrencias, sino respuestas urgentes ante un problema estructural. Según sus datos, la economía sumergida representa el 24,6% del PIB español, y buena parte del problema radica en un sistema de control debilitado, politizado o sin medios.
“Necesitamos más técnicos, más independencia y más valentía política”, señalan desde el colectivo. Y lanzan un mensaje claro: sin una administración fuerte, no hay lucha real contra la corrupción.
La economía sumergida en la Región de Murcia representa el 17.4% de su Producto Interno Bruto (PIB), según un estudio de la Universidad de Murcia (UMU). Esto equivale a una pérdida de entre 5.600 y 6.900 millones de euros anuales, una cifra que supera el presupuesto de la comunidad autónoma para un año, o el triple de lo invertido en sanidad anualmente.