El Gobierno de la Región de Murcia ha presentado en el Senado su anunciado modelo de ‘vivienda asequible’ como alternativa a la ley estatal impulsada por el Gobierno central. Una puesta en escena que, según el Ejecutivo murciano, representa “una vía propia” para ampliar la oferta de vivienda protegida sin las “rigideces” del marco estatal.
Pero mientras en la Cámara Alta se ensalza este supuesto modelo pionero, en la Región de Murcia no se ha movido ni un ladrillo.
El presidente Fernando López Miras anunció el pasado 15 de enero a bombo y platillo que su Ejecutivo ya trabajaba en un decreto ley para regular una nueva modalidad de vivienda protegida dirigida a jóvenes y clases medias. Se prometieron 1.634 viviendas en 63 solares públicos, una tramitación ágil, precios limitados y menos burocracia. Medio año después, no hay ni decreto, ni licitación, ni fecha.
Una alternativa sin concreción
En el Senado, el Gobierno murciano ha defendido esta figura -bautizada como Vivienda Asequible de la Región de Murcia– como una “solución realista” que se aleja de los “intervencionismos” de la ley estatal. El discurso es claro: menos control público, más agilidad para el promotor privado y un público objetivo con rentas de hasta 6,5 veces el IPREM (unos 3.900 euros al mes). ¿Cuántos jóvenes ganan ese dinero en la Región de Murcia o en España?
Pero más allá del posicionamiento ideológico, lo que hay es una ausencia total de ejecución. No se ha publicado el decreto ley. No se ha hecho público el inventario de solares. No se ha lanzado ni una sola convocatoria para que promotores accedan al suelo. Y no se ha explicado cómo se garantizará que esas viviendas acaben en manos de quienes realmente las necesitan.
¿Asequibles para quién?
Las asociaciones sociales advierten del riesgo de que este modelo acabe siendo un brindis al sol. Una vivienda para alguien que gana 54.000 euros al año no es una respuesta a la emergencia habitacional. Es un modelo para las clases medias-altas.
Y no les falta razón: en una Región donde el salario medio ronda los 22.000 euros anuales, fijar el umbral en más del doble del ingreso medio es una forma elegante de excluir a quienes más necesitan un techo.
Un modelo sin plan ni calendario
Según afirmó López Miras en enero, los municipios disponen de suelo pendiente de gestión urbanística donde se podrían levantar más de 10.000 viviendas asequibles.
Pero seis meses después, nada se sabe de ese suelo municipal. Todo sigue en fase de discurso, sin calendario, sin normativa, sin presupuesto.
Mucho Senado y poca casa
El movimiento en el Senado parece más una maniobra política que un avance real. Una forma de plantarse ante Madrid con un modelo alternativo que solo existe sobre el papel.
Mientras tanto, el precio del alquiler sigue subiendo en la Región, los jóvenes no pueden emanciparse y las clases trabajadoras siguen excluidas del mercado inmobiliario.
El Gobierno murciano se ha presentado en el Senado con un modelo de vivienda que en la Región de Murcia no ha comenzado ni a construirse. En vez de pisar solares, pisa moqueta.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Murcia, han aprovechado su paso por el Senado para reivindicar sus propias políticas de vivienda, centradas en la lucha contra la okupación y en la promoción de nuevas construcciones. Sin embargo, los datos del CGPJ evidencian que el problema de la okupación de viviendas es insignificante.
Rechazan la propuesta del Gobierno de España
Durante la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Barcelona, Pedro Sánchez propuso triplicar la inversión pública en vivienda entre 2026 y 2030, pasando de los 2.300 millones actuales a 7.000 millones de euros, con una cofinanciación del 60 % por parte del Estado y un 40 % a cargo de las comunidades autónomas.
Además, planteó blindar de forma indefinida la vivienda protegida financiada con fondos públicos para evitar su salida al mercado libre y crear una base pública de datos inmobiliarios que aporte transparencia frente al dominio de los portales privados. La oferta fue rechazada en bloque por los presidentes autonómicos del Partido Popular, que la consideraron una injerencia en sus competencias y un modelo intervencionista que no comparten.
Comunidades como Murcia se niegan a aplicar la Ley Estatal de Vivienda y no delimita las zonas tensionadas de alquiler para intentar bajar los precios. La Región de Murcia tampoco promueve la construcción de vivienda de protección oficial.