El último tuit de López Miras no es un mensaje institucional: es el peaje que ha pagado a la ultraderecha para cerrar los presupuestos. VOX no solo arranca partidas, arranca también titulares. En lugar de hablar de inversiones, sanidad o servicios públicos, el presidente asume como propios los mantras ideológicos de su socio: el rechazo al Pacto Verde, la criminalización de las políticas migratorias y la promesa imposible de expulsar a menores no acompañados. No es un acuerdo de gobierno, es un acto de rendición política.
1-“Rechazo al Pacto Verde. Lo combatiremos con todas las armas políticas y jurídicas.”
El Green Deal es una estrategia vinculante para todos los Estados miembros de la UE, y España está legalmente comprometida. Las comunidades autónomas no pueden rechazar ni impedir su aplicación, como tampoco pueden rechazar el Código Penal.
Combatirlo con “armas políticas” es legítimo (por ejemplo, pedir cambios legislativos), pero decir que lo harán con “armas jurídicas” sugiere que desconocen que las normas europeas tienen primacía legal. Además, la Región de Murcia es una de las más vulnerables al cambio climático, y ha recibido fondos europeos precisamente gracias al Pacto Verde europeo. Rechazarlo es dispararse en el pie.
Además, el Gobierno regional ha admitido recientemente que no dispone de datos sobre el impacto económico que tendría esa renuncia. En respuesta a preguntas formuladas por RRNEWS, el Ejecutivo murciano también ha evitado concretar qué proyectos financiados con fondos europeos dejaría de ejecutar por exigencia de su socio ultra. Es decir, se rechaza públicamente una estrategia europea clave sin saber cuánto costaría abandonarla ni qué se perdería por el camino. Tremenda irresponsabilidad. Es decir, rechazan el Pacto Verde sin saber qué pierden. Probablemente, sabiendo que legalmente no pueden.
2-“Basta de imposiciones, basta de declaraciones grandilocuentes, basta de criminalizar a quienes viven y trabajan en el campo.”
Nadie está criminalizando al campo. Lo que hay son sanciones e inspecciones cuando se incumple la ley (como en el uso ilegal de agua en el Mar Menor y la contaminación por nitratos).
La retórica victimista aquí se utiliza para evitar hablar del verdadero problema: una parte del sector agrícola murciano está siendo presionada para que haga una transición ecológica que lleva décadas aplazándose.
3- «Bajadas de impuestos. Nuestra región ha de ser un lugar para la inversión y la familia»
Esta afirmación es puro eslogan. La Región de Murcia lleva años bajando impuestos y sigue siendo una de las comunidades con más pobreza infantil, menos inversión en sanidad y educación, y una deuda pública superior al 33% del PIB regional. Bajar impuestos puede sonar bien, pero si no va acompañado de una reestructuración seria del gasto, solo agrava el déficit estructural. Perjudica los servicios públicos al disponer de menos fondos.
4- «Rechazo a las políticas migratorias de Pedro Sánchez».
La política migratoria es competencia del Estado, no de las comunidades autónomas. Lo demás es fuegos artificiales. Además, decir que “VOX ya advirtió que no podíamos acoger a más inmigrantes” no es argumento jurídico ni ético: es opinión ideológica. La afirmación “no vamos a aceptar el reparto de menores migrantes” es jurídicamente falsa: el reparto de menores no acompañados se coordina entre comunidades autónomas por imperativo del artículo 39 de la Constitución (protección del menor) y de la Ley de Extranjería. No es opcional.
5- «Buscaremos fórmulas legales para que los menores no acompañados regresen con sus familias y para que a los inmigrantes ilegales se les aplique la legislación vigente».
Esto ya existe. La reagrupación de menores con sus familias se intenta siempre que es viable, pero en muchos casos es inviable, porque las familias no están localizadas, no existen o no pueden acogerlos en condiciones dignas. Y a los inmigrantes “ilegales” ya se les aplica la legislación vigente: el problema es que la ley garantiza derechos humanos y procesos judiciales, y eso no se puede sortear sin violar tratados internacionales. Buscar fórmulas legales para algo que ya está regulado solo sirve para lanzar humo.
Además, una comunidad autónoma no puede expulsar a menores inmigrantes a sus países de origen. Y decir lo contrario es mentir o, como mínimo, manipular con fines políticos. Cuando un menor extranjero llega a España sin la compañía de un adulto responsable no se considera “inmigrante ilegal”, sino un menor en situación de desprotección, tal y como recoge el artículo 172 del Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del Menor. Las comunidades autónomas tienen la obligación legal de tutelarlo (acogida, escolarización, atención sanitaria, etc.). La expulsión o repatriación solo puede hacerla el Estado.
El discurso de López Miras es ideológico, no técnico. Carece de fundamento jurídico en varios puntos y recurre a clichés populistas: “campo criminalizado”, “bajada de impuestos mágica”, “migración desbordada”, “Madrid nos impone cosas”.
La realidad es tozuda: el PP ha cedido de nuevo ante el discurso de extrema derecha de VOX para poder aprobar sus presupuestos, y eso tiene un coste institucional.