Los tribunales murcianos no solo imparten justicia, también la sufren. El personal judicial y los usuarios de los Palacios de Justicia de Cartagena, San Javier y Lorca soportan temperaturas de más de 30º sin aire acondicionado, con una humedad del 70% y salas que se convierten en auténticos hornos. La situación ha llegado al límite, y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Murcia lo advierte sin rodeos: “La Justicia se ahoga”.
En Cartagena, el sistema de climatización del Palacio de Justicia lleva más de tres semanas fuera de servicio. Las vistas y juicios se celebran en salas sofocantes, con jueces, abogados y funcionarios trabajando a temperaturas superiores a los 30º. Algunos trabajadores ya han sufrido indisposiciones. Según recuerda el sindicato, esto vulnera claramente los límites marcados por el Real Decreto 486/1997 y el Real Decreto-ley 14/2022, que fijan en 27º la temperatura máxima permitida en lugares de trabajo.
En San Javier, el problema es crónico. Desde hace casi un año, el aire acondicionado de la segunda planta, donde se encuentra el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, apenas funciona. Recientemente, una funcionaria se desmayó por el calor y la falta de oxígeno. Las víctimas que acuden a este juzgado esperan en una pequeña estancia sin ventilación, donde el termómetro también supera los 30 grados. «Temen que alguien acabe con un problema de salud serio”, advierte CCOO.
En Lorca, conocida como la Ciudad del Sol, el Registro Civil es un infierno literal. Las personas se agolpan en la diminuta sala de espera sin apenas ventilación, y los cinco funcionarios trabajan en un espacio aún más pequeño, sin posibilidad siquiera de abrir una ventana. “Es indigno y peligroso”, denuncian.
Desde CCOO aseguran haber remitido numerosos escritos a la Gerencia Territorial de Justicia de Murcia exigiendo soluciones inmediatas y definitivas. Propusieron medidas provisionales como equipos portátiles de climatización o cambios de horario para evitar las horas de más calor. Pero no ha habido respuesta. “Tememos que en pleno verano esta situación se vuelva insostenible”, señalan.
El sindicato exige al Ministerio de Justicia que deje de mirar para otro lado y actúe. “La falta de inversiones y mantenimiento adecuado está poniendo en riesgo la salud de trabajadores y usuarios”. El descontento crece y el conflicto está servido.