No se trataba de agua de lluvia, ni de agua de riego, aunque así lo decían los papeles. Era un cóctel de residuos industriales, procedente de empresas como FINI Golosinas y Eurogranizados, que terminó filtrándose en el suelo murciano sin tratamiento previo, sin control alguno, y con documentos supuestamente falsificados para encubrir la operación. Hoy, casi cinco años después del primer vertido, el caso llega a juicio.
La asociación Ecologistas en Acción de la Región, representada por el abogado José Manuel Muñoz, de Murcia ha presentado un escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia solicitando la apertura de juicio oral contra Alberto Granero Barreda, gerente de las empresas Rodar Transporte y Gestión de Residuos S.L. y Transportes Retoño S.L., y contra su empleado y conductor de camiones Pedro Martínez Torrecillas, a quienes imputa un delito continuado contra el medio ambiente y, en el caso del empresario, otro de falsedad documental.
Los hechos investigados, según el documento judicial, se dividen en dos episodios clave ocurridos en octubre de 2020 y junio de 2021. En ambos, el mismo camión y conductor fueron sorprendidos vertiendo aguas contaminadas en terrenos agrícolas sin ninguna autorización ni medida de protección medioambiental como adelantó en exclusiva RRNEWS.
Vertido en Gea y Truyols
El 22 de octubre de 2020, agentes del SEPRONA sorprendieron a Pedro Martínez descargando un líquido turbio en una parcela del polígono 51, parcela 19, en Gea y Truyols, donde se estaban realizando trabajos de compactación para una granja de terneros. La documentación presentada por el transportista afirmaba que el agua provenía de un pantano de riego en Roldán. Sin embargo, los análisis de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) determinaron que eran aguas residuales industriales no aptas para uso agrícola ni para compactación. Provenían de la empresa FINI Golosinas S.L.U., que ese día había entregado 23.980 litros de residuos clasificados bajo el código europeo LER 02 03 04 (residuos del tratamiento químico de productos azucarados).
Este vertido afectó a una superficie de 150 metros cúbicos y contaminó unas 225 toneladas de suelo, lo que requiere una restauración ambiental valorada en 32.896,86 euros.
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Vertido en Valladolises
El segundo vertido se produjo el 11 de junio de 2021, esta vez en una finca de Valladolises dedicada al tratamiento de compost. Los agentes del SEPRONA detectaron que el mismo camión circulaba por un camino perimetral de tierra y vertía el contenido por aspersión mientras se desplazaba. La escena era casi surrealista: el líquido se filtraba en el terreno mientras el vehículo avanzaba, como si se tratara de una desinfección masiva sin lógica ambiental.
De nuevo se afirmó que el contenido eran aguas pluviales, pero los peritajes demostraron que procedían de la empresa EUROGRANIZADOS, que había entregado 26.980 kg de aguas residuales ese mismo día para su retirada.
Esta actuación provocó la contaminación de 143,5 m³ de terreno, afectando a 215,25 toneladas de suelo, con un coste de restauración estimado en 140.763,50 euros.
Riesgo para el Mar Menor
Los informes técnicos del UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) concluyen que ambos vertidos provocaron un “grave deterioro de los parámetros fisicoquímicos del suelo” y supusieron un riesgo real de infiltración en los acuíferos subterráneos conectados con la masa de agua del Mar Menor, lo que podría agravar su ya precaria situación ecológica.
La acusación subraya que estos hechos “constituyen un atentado contra los equilibrios ecológicos protegidos por el ordenamiento penal”, generando una alteración ambiental significativa.
La acusación particular pide para ambos investigados una pena de 6 años de prisión por el delito continuado contra el medio ambiente, junto con 20 meses de multa e inhabilitación de 2 años. Para Alberto Granero Barreda, se solicita además 3 años adicionales por falsedad documental.
Además, se pide que las empresas Rodar Transporte y Gestión de Residuos S.L. y Transportes Retoño S.L. asuman la responsabilidad civil subsidiaria, conforme al artículo 120.4 del Código Penal, por ser las entidades a través de las cuales se ejecutaron las actividades contaminantes.