La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) y la Asociación para la Memoria del Sureste han lanzado una advertencia rotunda al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: si su departamento avala el derribo de los muros históricos de la Antigua Prisión Provincial de Murcia -conocida como la Cárcel Vieja- se estaría comprometiendo gravemente la credibilidad y vigencia de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.
Ambas entidades han remitido una carta urgente al ministro tras conocer que el Ministerio podría haber firmado el pasado 2 de junio una resolución favorable al plan del Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el Partido Popular, para demoler los muros del antiguo recinto penitenciario. Una resolución que, según denuncian, aún no ha sido publicada ni comunicada oficialmente.
“El Estado estaría dejando por escrito, en sede judicial, que renuncia a proteger una parte esencial de la memoria democrática”, advierten en el escrito. Y lo haría, además, en pleno proceso judicial abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se discute precisamente la protección expresa de esos muros como parte del Lugar de Memoria Democrática.
«Desmantelamiento por intereses locales»
La paradoja, según los colectivos, es flagrante: fue el propio Secretario de Estado quien ordenó el 4 de febrero la paralización del derribo. Ahora, apenas cuatro meses después, el Gobierno central podría estar maniobrando en sentido contrario. “De nada sirve declarar un Lugar de Memoria si después se permite su desmantelamiento por intereses locales”, denuncian.
El conflicto no es simbólico. Los muros de la Cárcel Vieja fueron escenario de fusilamientos y represión franquista contra más de 500 personas, según recuerdan los colectivos memorialistas. Avalar su demolición obligaría incluso a la Abogacía del Estado -en representación del propio Gobierno central- a defender judicialmente su derribo frente a las entidades que luchan por su conservación. “Mientras nosotros defendemos en los tribunales los valores históricos y memorialistas del conjunto carcelario, el Ministerio estaría defendiendo lo contrario”, advierten.
El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha recordado que “desde hace años venimos advirtiendo que utilizaremos todas las herramientas legales a nuestro alcance para impedir que el Ayuntamiento consuma el derribo de este inmueble singular, que forma parte del patrimonio cultural de toda la ciudadanía”.
Huermur y la Asociación para la Memoria del Sureste insisten en que sustituir los muros originales por elementos decorativos -como vigas metálicas o marcas en el suelo- es una “frivolidad inaceptable que vacía de contenido los principios de la Ley de Memoria”. Para estas entidades, la preservación de los vestigios físicos de la represión franquista no es una cuestión estética ni técnica, sino de responsabilidad histórica.
“El Ministerio no puede convertirse en el primero en incumplir su propia ley, ni en abrir la puerta a futuros derribos de lugares de memoria en toda España”, concluyen, exigiendo al ministro Torres que detenga de inmediato cualquier intento de avalar el proyecto del consistorio murciano.
Porque, como subraya Huermur, “los muros y estructuras de esta prisión no son solo testigos de un pasado oscuro y represivo, sino también un elemento clave de la identidad patrimonial de nuestra ciudad”.