En la Región de Murcia hay familias que no se dedican a la política. Viven de ella. La distinción no es menor, porque más allá del discurso oficial sobre la meritocracia, el esfuerzo y la vocación de servicio público, en el Partido Popular murciano la política ha acabado funcionando como una empresa familiar. Aquí, tener el carné pesa menos que tener apellido. Y el mérito, menos que la lealtad dinástica.
En Murcia impera el nepotismo (del latín nepos, nepotis: nieto, descendiente) es el trato de favor hacia familiares o allegados, especialmente en el ámbito laboral o institucional, otorgándoles cargos o privilegios sin justificación objetiva.
El ejemplo más clamoroso: Concepción Ruiz Caballero y María Dolores Sánchez Alarcón. Ambas entraron en política local de la mano de Miguel Ángel Cámara, ex alcalde de Murcia y predecesor de José Ballesta, y no por casualidad: Concepción Ruiz es hija de José Pablo Ruiz Abellán, histórico dirigente del partido; María Dolores Sánchez, es hija de Antonio Sánchez Carrillo, otro veterano del aparato popular. Ambas licenciadas en periodismo que tras unas prácticas en medios de comunicación, entraron en política.
Desde muy jóvenes han ido encadenando cargos públicos sin interrupción: cuando se cierra una puerta, el PP les abre otra puerta institucional con despacho bien remunerado. Concepción Ruiz es la actual consejera de Política Social y María Dolores Sánchez, tras abandonar la dirección general de Patrimonio, ocupa el puesto de gerente de la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Miriam Pérez, actual directora general de Personas con Discapacidad, es otro ejemplo notable de nepotismo. Es hija de Pedro José Pérez que fue alcalde de San Pedro del Pinatar con el PP y luego senador. Miriam Pérez ha ocupado a lo largo de su vida diferentes direcciones generales: Patrimonio, Familias, Mar Menor y ahora Personas con Discapacidad.
El actual director general de Consumo, Alberto Sánchez Campillo, es hijo de ex alcalde de Santomera, José María Sánchez Artés, del PP. Rafael Gómez Carrasco, director General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales es el hijo del pedáneo del PP del Distrito Este de la ciudad de Murcia, Rafael Gómez. Rafael Gómez (hijo) fue concejal del Ayuntamiento de Murcia desde 2003 hasta 2019.
La historia se repite con distintos nombres pero idéntico patrón en el Ayuntamiento de Murcia. Rebeca Pérez, actual portavoz del Gobierno municipal de Murcia, es hija del célebre pedáneo de El Esparragal, «el Puma», un clásico del Partido Popular en la huerta murciana. Su salario asciende a 70.511,14 euros al año.
Mercedes Bernabé, concejala en el Ayuntamiento, es hermana del senador Francisco Bernabé y de Carlos Bernabé, flamante nuevo secretario general de la patronal COEC. Esto no es una saga política: es una estructura de poder. Su salario asciende a 70.511,14 euros al año.
Los hermanos Bernabé ganan más de 173.000 euros al año de la política entre los dos
Pilar Torres, concejala de Bienestar Social y Familia está casada con Javier Ruano, ex diputado nacional del PP. La salida de Javier Ruano del Congreso de los Diputados coincidió con la entrada de su mujer en las listas del PP al Ayuntamiento de Murcia en 2019. Su sueldo asciende a 70.511,14 euros al año. De esa forma, el salario público siguió entrando en casa.
Igualmente ilustrativo es el caso de Roque Ortiz, ex concejal obligado a dimitir tras unas polémicas declaraciones en las que insinuó que el PP colocaba a personas a dedo en las contratas municipales. ¿Consecuencias? Ninguna. Su esposa, Belén López Cambronero, fue incorporada posteriormente a la estructura política del PP, asegurando que el salario público siguiera entrando en casa.
Diego Avilés, concejal de cultura es hijo del ex presidente del Cabildo y Cofradía del Perdón. Antes trabajó como personal eventual en labores de apoyo al grupo popular y un salario de 29.717 euros al año. Su salario como concejal se ha incrementado notablemente.
Cuando no es el marido, es la mujer. Cuando no es la hija, es el hermano o el hijo de…Todo queda en familia
Estos nombres no son excepciones: son el síntoma de un modelo de poder en el que la política se gestiona como patrimonio hereditario. Da igual el talento, la formación o la experiencia profesional previa. Lo importante es haber nacido en el círculo adecuado. Para muchos jóvenes, el acceso a un puesto en la administración requiere años de preparación, oposiciones o experiencia laboral. Para otros, basta con apellidarse como toca.
¿Es un sistema exclusivo del PP? Pues no. El PSOE también tiene lo suyo pero no gobiernan la Región desde le edad del hielo, aunque también tienen sus clanes y hay apellidos que se repiten por los años de los años. Hay verdaderos incompetentes colocados en empresas estatales.
El clan Segado: Cartagena como oficina de colocación
El caso de los Segado en Cartagena es otro ejemplo sangrante del uso de la política como extensión del hogar familiar. Joaquín Segado Martínez, actual portavoz del PP en la Asamblea Regional y uno de los hombres fuertes del partido, lleva dos décadas en cargos públicos. Fue concejal de Juventud, Medio Ambiente, Urbanismo y Empleo en Cartagena, presidente de la Autoridad Portuaria y ahora maneja los hilos del grupo parlamentario desde la Asamblea Regional. Nada fuera de lo común si no fuera porque medio árbol genealógico ha terminado, de una forma u otra, en la nómina pública.
Su hermano, Domingo Segado, fue diputado regional entre 2004 y 2019, y senador en una breve legislatura. En junio de 2021, obtuvo el segundo puesto en una bolsa de empleo para economistas nivel A2 en el Ayuntamiento de Cartagena, junto a su hermana. El proceso provocó críticas por nepotismo y fue paralizado por la alcaldesa. Finalmente, en julio de 2021 fue contratado como personal eventual en la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital con un salario de 40 000 euros brutos anuales.
A la ecuación se suman la esposa de Joaquín Segado, dos cuñadas y varios primos que también han conseguido contratos en diferentes áreas del consistorio Cartagenero según informaciones periodísticas.
En resumen: una familia entera con arraigo político, sí, pero también con asiento, sueldo y estabilidad dentro de la administración local. Cartagena no parece un ayuntamiento, sino una S.L. familiar con acceso directo a recursos públicos. Y todo, bajo el paraguas del PP.
Desde el partido, ni una palabra. Desde la oposición, críticas esporádicas. Desde la ciudadanía, resignación. Porque este tipo de entramados, incomprensiblemente, no pasan factura en la Región de Murcia.
La política convertida en negocio y modus vivendi
“Es un sistema de castas moderno. Basta con estar dentro del clan político”, comenta a RRNEWS una ex militante popular, hoy fuera del circuito institucional. “Aquí se hereda el puesto como antes se heredaban las tierras”.
La política debería ser el lugar donde el mérito, la preparación y el compromiso con lo público decidieran el rumbo de una sociedad. Pero en la Región de Murcia, demasiadas veces, parece ser todo lo contrario: una herencia, una nómina heredada, un anillo que pasa de dedo en dedo dentro del mismo clan.
Este sistema de privilegios familiares, disfrazado de normalidad institucional, no solo bloquea la regeneración política, sino que pervierte la esencia de la democracia: el acceso igualitario a la representación y a la gestión del bien común. Las administraciones públicas no pueden seguir funcionando como oficinas de colocación para apellidos de confianza.
Mientras miles de jóvenes murcianos emigran o encadenan contratos precarios, ver cómo el poder se reparte entre familiares y cónyuges al ritmo de lealtades internas resulta insultante. No es solo una cuestión ética. Es una fractura estructural: cuando la ciudadanía percibe que el acceso al poder depende más de los vínculos que del valor, la democracia pierde legitimidad. Y cuando la política se convierte en patrimonio familiar, lo público deja de ser de todos.
Nepotismo en ojo ajeno
La crítica del Partido Popular a Pedro Sánchez por presunto nepotismo -por la contratación de su hermano en la Diputación de Badajoz o el caso de su esposa, Begoña Gómez- podría tener cierta legitimidad si viniera de un partido con las manos limpias en la materia. Pero no es el caso.
Porque mientras el PP señala con el dedo, en la Región de Murcia, por ejemplo, perpetúa un modelo de poder hereditario, donde cargos, sueldos públicos y despachos se reparten entre hijos, esposas, hermanos y viejos amigos del partido como si fueran propiedades familiares. Aquí no se trata de un hermano funcionario o una esposa que colabora con una universidad. Aquí hablamos de estructuras completas sostenidas sobre redes clientelares, vínculos sanguíneos y fidelidades de sangre.
El caso murciano es paradigmático. Basta con rascar un poco para encontrar a la hija del pedáneo, al hijo del cofrade, a la esposa del ex diputado o a la hermana del senador ocupando cargos públicos. No por oposición, ni por concurso, ni por trayectoria técnica reconocida. No. Por pertenecer al clan adecuado.
Este doble rasero es lo que desgasta la democracia y la aleja de la ciudadanía. Porque mientras desde el atril se alzan voces escandalizadas por una imputación o una sospecha ajena, en casa se colocan familiares sin rubor, se mueven fichas entre Consejerías y Ayuntamientos como quien cambia de sillón en el salón. Y todo con el blindaje del silencio cómplice de los suyos.
En definitiva, quien denuncia nepotismo con una mano mientras reparte sueldos públicos con la otra, no defiende la limpieza democrática: la pervierte. Y lo peor es que, cuando todos hacen lo mismo, ya nadie se escandaliza. Pero eso no lo hace menos indignante. Lo hace más peligroso.