La tensión crece en el polígono industrial La Polvorista de Molina de Segura tras la polémica concesión de licencia urbanística a la mercantil Heygaz Spain S.L. para construir una planta de biogás. El Ayuntamiento ha inadmitido el recurso de reposición presentado por empresarios de la zona, alegando que se interpuso fuera de plazo. Pero los recurrentes acusan al consistorio de vulnerar la ley, desoír la jurisprudencia del Tribunal Supremo y omitir su obligación de valorar las medidas cautelares solicitadas.
Lo más grave, según los empresarios, es que el Ayuntamiento de Molina de Segura ni siquiera se ha molestado en analizar el fondo del recurso. Ha tomado el camino más fácil y burocrático: rechazarlo de plano por extemporáneo, sin entrar a valorar los argumentos de legalidad urbanística ni las posibles irregularidades del proyecto. El Ayuntamiento de Molina de Segura, dirigido por José Ángel Alfonso, del PP, ha decidido lavarse las manos.
Qué ha pasado
La Junta de Gobierno Local aprobó en julio de 2024 la licencia para una planta planta destinada al tratamiento de residuos orgánicos para fabricar biofertilizante y biometano. Una instalación que ha generado inquietud entre los empresarios colindantes por su impacto ambiental y logístico.
El 5 de mayo de 2025, una empresaria del polígono La Polvorista presentó un recurso de reposición contra la licencia. Pero el Ayuntamiento de Molina de Segura lo ha rechazado en bloque un mes después, por “extemporáneo”. Según el acuerdo municipal, el plazo para recurrir -un mes- habría expirado, ya que la licencia se concedió el 1 de julio de 2024.
¿Fuera de plazo? Los empresarios dicen que no
El equipo jurídico de los empresarios desmonta esa versión. Aseguran que el plazo legal no se cuenta desde la fecha de la licencia, sino desde su notificación efectiva al recurrente, que no se produjo hasta el 28 de abril de 2025. Por tanto, el recurso presentado el 5 de mayo entraría de lleno dentro del plazo legal.
Apoyan su postura en jurisprudencia firme del Tribunal Supremo (STS 1621/2019, entre otras), que deja claro que el cómputo del plazo debe iniciarse desde el momento en que el ciudadano tiene conocimiento formal del acto impugnado. “La decisión municipal vulnera la tutela judicial efectiva y choca frontalmente con la ley”, afirman.
Además, recuerdan que la propia Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM) permite recurrir actos urbanísticos durante la ejecución de las obras y hasta cuatro años después si se trata de actuaciones urbanísticas presuntamente ilegales.
“El Ayuntamiento ni menciona este artículo. No puede acortar el plazo cuando la ley regional amplía expresamente los márgenes de impugnación”, subrayan.
Para los empresarios, lo más revelador del proceder municipal es la falta absoluta de análisis sobre el fondo del asunto. El Ayuntamiento de Molina de Segura evita pronunciarse sobre la legalidad del proyecto, sobre las alegaciones concretas o sobre los riesgos denunciados. En su lugar, se limita a cerrar la puerta por una supuesta cuestión de forma.
“Es una decisión que huele a evasión de responsabilidades. No examinan nada. No contestan nada. Solo dicen que el recurso llega tarde y listo”, denuncian fuentes jurídicas consultadas por RRNEWS.
Sin respuesta a las medidas cautelares
Otro de los puntos que critican duramente es que el Ayuntamiento de Molina de Segura no se ha pronunciado sobre la solicitud expresa de medidas cautelares, entre ellas la suspensión inmediata de las obras. “Esa omisión es grave, genera indefensión y constituye una vulneración del procedimiento”, advierten.
La tensión ha llegado a tal punto que el equipo jurídico de los empresarios advierte al consistorio de la posible comisión de un delito de prevaricación. “El Ayuntamiento conocía perfectamente la jurisprudencia aplicable y, pese a ello, dictó una resolución injusta con conocimiento evidente de su ilegalidad”, señalan.
De hecho, los empresarios ya han iniciado los trámites para interponer un recurso contencioso-administrativo y evalúan acciones penales contra los responsables municipales y jurídicos implicados en la tramitación.
Un conflicto que va más allá de los tribunales
Este caso no es solo un litigio sobre plazos y licencias. Es un pulso abierto entre tejido empresarial, administración local y promotores de una planta, en manos de un fondo de inversión, cuya ubicación y características nunca se debatieron públicamente en profundidad. La tramitación urbanística ha sido opaca, según denuncian los afectados, y la decisión de dar luz verde a la instalación genera más sombras que certezas. Mientras tanto, la obra de la planta de biogás avanza. Y con ella, el descontento crece, pero al alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, parece darle exactamente igual.