El Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia ha lanzado un serio reproche al Gobierno regional por su actitud durante la tramitación del nuevo decreto que regula los locales de apuestas.
En su dictamen del 26 de mayo de 2025, este órgano consultivo denuncia que el Ejecutivo ha desestimado “de forma prácticamente sistemática” todas las alegaciones formuladas por la ciudadanía, sin ofrecer motivación suficiente ni entablar un diálogo real con quienes planteaban medidas más ambiciosas frente al avance del juego.
“Llama la atención la práctica desestimación de todas las propuestas formuladas en esa fase, muchas de ellas realizadas por entidades sociales o asociaciones vecinales, sin que se haya aportado argumentación suficiente que fundamente el rechazo sistemático de las mismas”, recoge textualmente el informe. Una afirmación contundente que deja en evidencia el carácter meramente formal de un proceso que, a ojos del CES, se ha limitado a cumplir con los trámites sin voluntad efectiva de participación ciudadana.
Alegaciones ignoradas
Las aportaciones desoídas, procedentes de personas físicas, colectivos vecinales y entidades del tercer sector, no eran menores. Entre las propuestas figuran demandas como: limitar el número de licencias para nuevos salones de juego, prohibir nuevas instalaciones en zonas saturadas, aumentar la distancia mínima entre estos locales y centros educativos, tratar el juego como problema de salud pública, al nivel del tabaco o el alcohol, eliminar la publicidad del juego en medios públicos y espacios institucionales, endurecer el régimen sancionador para establecimientos que permitan el acceso a menores, regular los locales con actividad mixta, donde se combinan hostelería y máquinas recreativas y poner en marcha campañas de prevención, especialmente dirigidas a adolescentes y familias.
Estas propuestas, lejos de ser radicales o infundadas, apuntaban a frenar la expansión del juego en barrios vulnerables y a reducir la exposición de los menores a una actividad de riesgo creciente. El CES subraya que muchas de las alegaciones “coinciden con los principios rectores que deberían guiar una política pública en esta materia”.
Participación de cara a la galería
El dictamen del CES desmonta la narrativa de que se ha escuchado a la ciudadanía. Pese a que el Gobierno regional promovió una consulta pública previa -celebrada entre diciembre de 2020 y enero de 2021- y abrió un periodo de información pública en 2022, ninguna de las propuestas de fondo fue incorporada al texto final. Ni una sola medida que limitara licencias, cerrara el paso a nuevos locales o endureciera de forma clara las condiciones de apertura.
Para el CES, esta actuación del Ejecutivo autonómico debilita la legitimidad de la norma: “No se ha justificado adecuadamente el rechazo de las alegaciones, lo que compromete la calidad democrática del proceso de elaboración normativa”.
Un problema estructural
El CES remata su crítica apuntando al problema de fondo: la expansión del juego en la Región de Murcia, con especial concentración en zonas deprimidas y cerca de centros escolares, sigue sin abordarse de manera estructural. El nuevo decreto, aunque introduce mejoras técnicas en el control de acceso y la rotulación de los locales, no toca los elementos que más preocupan a la ciudadanía: el número de locales, su distribución y la permisividad institucional hacia un modelo de ocio que hace negocio del riesgo.
“La eficacia del nuevo marco regulatorio se verá muy limitada si no se adoptan medidas complementarias que respondan al contexto real en que se desenvuelve la actividad del juego en la Región”, concluye el CES.
El mensaje es claro: si no se escucha a la sociedad civil cuando señala el problema, tampoco se podrá construir una solución a su altura.