Más de una quincena de niños y niñas de tres años se han quedado sin plaza en el colegio público de la pedanía murciana, a pesar de que sus familias lo solicitaron como primera opción en el proceso ordinario de escolarización. Ante el silencio administrativo, los vecinos han decidido organizarse y presentar una reclamación formal ante la Consejería de Educación de la Región de Murcia, exigiendo la apertura urgente de una tercera línea en Infantil de 3 años en el CEIP Santo Ángel.
El centro solo dispone actualmente de dos aulas para este nivel. Pero el problema no es nuevo ni inesperado: el crecimiento demográfico de la pedanía es una realidad constatable desde hace años. “Aquí no estamos pidiendo ningún capricho, sino una solución lógica, viable y necesaria ante una situación que se veía venir”, denuncian los padres afectados, que acusan a la Administración de falta de previsión y de dejar a su suerte a decenas de familias.
Crece la población, no la oferta pública
Santo Ángel ha experimentado un notable aumento de población en la última década, especialmente en el segmento de edad infantil. Las promociones de vivienda nueva, la cercanía al núcleo urbano de Murcia y el atractivo residencial de la pedanía han multiplicado la demanda de plazas escolares. Sin embargo, la oferta pública no ha seguido ese mismo ritmo, dejando al CEIP como única opción pública no religiosa en la zona.
La comparativa con pedanías cercanas es, para las familias, un agravio evidente: Algezares y La Alberca cuentan cada una con dos centros públicos no religiosos, mientras que Santo Ángel solo dispone de uno. “Estamos en clara desventaja. ¿Acaso nuestros hijos valen menos?”, se preguntan indignados.
Ni aulas prefabricadas ni excusas técnicas
Una de las razones que ha espoleado la petición vecinal es que el propio colegio dispone de espacio físico suficiente para albergar una tercera unidad sin recurrir a barracones ni instalaciones temporales. El centro cuenta con recursos e infraestructuras adecuadas para ampliar la oferta educativa sin deteriorar la calidad del servicio ni sobrecargar al profesorado.
De hecho, los beneficios pedagógicos de reducir la ratio por aula están más que documentados: atención más individualizada, detección precoz de necesidades especiales, mayor inclusión, mejora del clima de aula y más margen para aplicar metodologías activas. “No es solo una cuestión de plazas, sino de calidad educativa y de justicia social”, subrayan los firmantes del escrito.
El problema va más allá del aula. Las familias afectadas se están viendo obligadas a escolarizar a sus hijos en centros alejados de su domicilio habitual o del trabajo de los padres, lo que dificulta gravemente la conciliación laboral y familiar, y genera desigualdad en el acceso a un derecho fundamental como es la educación.
“¿Qué sentido tiene que te obliguen a recorrer varios kilómetros en coche cada mañana cuando tienes un colegio a cinco minutos andando?”, se preguntan las familias afectadas.
La reclamación formal, presentada ante la Consejería de Educación, va acompañada de decenas de firmas y una exposición de motivos detallada, en la que se solicita la evaluación urgente de la demanda educativa en el CEIP Santo Ángel, la apertura de una tercera unidad de Infantil de 3 años para el curso próximo y que se tengan en cuenta los datos demográficos y las necesidades reales de las familias de la zona.
El escrito recuerda a la Administración su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones, sin importar el código postal del alumno. “Confiamos en que impere el sentido común. No queremos ir a los medios, pero si es necesario, lo haremos”, advierten los vecinos.
CCOO denuncia el cierre de dos unidades educativas en el colegio de Santo Ángel
La Federación de Enseñanza de CCOO ha expresado su profunda preocupación por la situación de la Escuela Pública en la Región de Murcia, especialmente a raíz de las últimas decisiones tomadas por la Consejería de Educación en relación con el CEIP de Santo Ángel, una pedanía murciana en expansión demográfica.
Según ha denunciado el sindicato, la Administración ha comunicado el cierre de dos unidades educativas para el próximo curso escolar en este centro público: una clase de Infantil de 3 años y una de Primero de Primaria. La supresión de estos grupos tiene consecuencias directas sobre el alumnado, las familias y el profesorado, que ya han comenzado a movilizarse.
En el caso de la clase de Infantil de 3 años, 16 niños y niñas se han quedado sin plaza, pese a que sus familias habían solicitado este centro en primera opción. En cuanto a la clase de Primero de Primaria, la eliminación de una unidad afecta gravemente a la atención a la diversidad, ya que hasta ahora se venía trabajando con tres grupos reducidos que permitían una mejor respuesta educativa a las distintas necesidades del alumnado.
Desde CCOO insisten en que estas decisiones contradicen el principio de libertad de elección de centro por parte de las familias. «Hay demanda suficiente y voluntad clara de apostar por la educación pública. No tiene sentido que se recorten unidades en una zona que está creciendo y donde hay niños suficientes para mantener e incluso ampliar los grupos», señalan fuentes sindicales.
El sindicato ha mostrado su solidaridad con las familias y con el equipo docente afectado, y ha exigido a la Consejería de Educación que revierta de inmediato esta decisión. En concreto, piden que se mantengan las tres unidades actuales de Primero de Primaria y que se amplíe a tres grupos la oferta de Infantil de 3 años, ajustándose así a la realidad del barrio y a las necesidades educativas del alumnado.
«La educación pública es un derecho, no un servicio residual ni una opción de segunda categoría», han recalcado desde CCOO. «No podemos permitir que se recorte ni un solo paso en su defensa».
El sindicato advierte de que este tipo de decisiones, lejos de ser anecdóticas, forman parte de una tendencia preocupante que pone en riesgo la equidad del sistema educativo y favorece una deriva hacia la privatización encubierta, al limitar la oferta en los centros públicos pese a la existencia de demanda.