Mientras Fernando López Miras pronunciaba su discurso en el Debate sobre el Estado de la Región, los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento denunciaban lo que, para ellos, es la cruda realidad de las emergencias en la Región de Murcia: falta de personal, promesas incumplidas, materiales obsoletos, condiciones laborales indignas y una Administración autonómica que, según dicen, “les ha abandonado”.
El informe firmado por el secretario de la Junta de Personal del Consorcio dibuja un panorama crítico. La plantilla mínima exigida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se cumple, según el texto. En muchos parques de bomberos, los turnos se cubren con apenas tres efectivos. “¿Cómo podemos socorrer a un compañero en peligro si no somos suficientes ni para intervenir correctamente?”, se preguntan.
Promesas rotas y personal insuficiente
En 2021, el Gobierno regional se comprometió a incorporar 120 bomberos de crecimiento neto en cuatro años. En 2025, con el plazo a punto de expirar, solo se han sumado 30. Esto supone apenas una cuarta parte de lo pactado. El resultado, denuncian, es que los procedimientos básicos de actuación no pueden aprobarse porque no hay personal suficiente para aplicarlos. “La falta de bomberos ya ha tenido consecuencias irreparables”, advierten.
Y no solo faltan efectivos. Tampoco hay mecánicos ni personal logístico suficiente para mantener vehículos ni suministrar material de intervención. En algunos casos, aseguran, los propios trabajadores deben costearse sus Equipos de Protección Individual (EPIs).
Inversiones fantasma y material obsoleto
Según el informe, el Gobierno regional anuncia cada año inversiones millonarias en medios y vehículos que luego no se ejecutan. La mayoría del presupuesto proviene, en realidad, de la entidad UNESPA, que aporta más de 2,5 millones anuales. Mientras tanto, la media de antigüedad de los vehículos de extinción supera los 20 años, y muchos están fuera de servicio durante semanas o incluso meses.
Murcia, una región sísmica y vulnerable a inundaciones, carece de un servicio de respuesta rápido, estructurado y eficaz. Ni los terremotos de Lorca en 2011 han servido para que el Gobierno regional dote al servicio de medios adecuados. En palabras del colectivo: “Nos da sonrojo reconocer que no estamos preparados”.
Un acuerdo marco caducado desde hace 15 años
El último acuerdo marco que regula las condiciones laborales del personal del Consorcio expiró en 2010. Desde entonces, ni uno nuevo. En los últimos tres años se han cerrado tres negociaciones, todas bajo el mandato de López Miras. En todas, denuncian, la Administración ha encontrado “excusas peregrinas” para no firmar el documento final. Mientras, los trabajadores han perdido más del 30% de poder adquisitivo.
“Muchos se cubren sus propias vacaciones por falta de personal”, señalan. Otros colectivos del consorcio están trabajando fuera de su horario oficial, desde hace más de una década, mediante figuras administrativas caducadas que aún se mantienen por pura necesidad.
Y todo esto en un oficio donde la esperanza de vida es entre 6 y 9 años inferior a la media, con un riesgo alto de padecer al menos uno de los doce tipos de cáncer profesionales reconocidos.
“Los bomberos seguimos aquí, pero el Gobierno no”
Los bomberos no ocultan su decepción: “La percepción que tenemos es que no hay voluntad política para sostener este servicio”. Acusan a la Administración regional de dar la espalda a las necesidades del Consorcio mientras otras entidades privadas -no mencionadas, pero insinuadas- reciben crecientes inversiones.
Recuerdan las palabras de López Miras en la Asamblea Regional: “Los bomberos tendrán un nuevo acuerdo marco cuando existan presupuestos”. Pues bien, ya hay presupuesto 2025. Ahora, dicen, es el momento de cumplir.
Los bomberos del consorcio advierten de que el 95% de los parques de bomberos del CEIS permanecerán cerrados los días 1, 5, 8, 10 y 12 de julio, dejando sin cobertura directa a municipios fundamentales durante la temporada estival, como Mazarrón, Águilas, La Manga, San Javier, Lo Pagán, La Manga, San Pedro del Pinatar, Molina de Segura, Abanilla, Cieza, Jumilla, Yecla, Caravaca de la Cruz, o Cehegín…
Llamamiento a la ciudadanía
Desde la Junta de Personal del Consorcio, hacen un llamamiento claro y contundente: “Pedimos a la población que extreme las precauciones durante estas fechas críticas”. Aseguran que los bomberos seguirán al servicio de la ciudadanía, pero advierten de que no pueden garantizar la misma respuesta con plantillas bajo mínimos y medios obsoletos.
Subrayan que la responsabilidad de esta situación no recae en los trabajadores, sino en el Gobierno regional, “que ha ignorado de forma reiterada los avisos, las negociaciones y las advertencias realizadas durante años”. Además, respaldan de forma expresa a los profesionales que han decidido, dentro de la legalidad, dejar de realizar servicios extraordinarios como medida de presión: “Ninguno de ellos puede ser considerado responsable jurídica o administrativamente por las consecuencias derivadas de esta decisión, que es legal, legítima y moralmente necesaria”.
Y lanzan un aviso con tintes de ultimátum: “En caso de que ocurra cualquier emergencia con consecuencias graves para cualquier ciudadano o bombero por la falta de medios y personal, nos reservamos el derecho a emprender acciones legales contra los responsables políticos”. Los nombres no se ocultan: apuntan directamente al presidente Fernando López Miras y al consejero de Presidencia, Marcos Ortuño.
“El servicio de bomberos no puede seguir siendo sostenido por el esfuerzo voluntarista de sus trabajadores”, concluyen. “Es hora de que el Gobierno asuma sus responsabilidades y garantice la seguridad de todos” concluyen.