«Doce años, doce años de castigo por hacer lo correcto». Así comienza Antonio Rico, agente de la Policía Local y denunciante de corrupción, el relato de una pesadilla que ni siquiera una sentencia firme del Tribunal Constitucional ha logrado cerrar. Tras más de una década de acoso, represalias y ostracismo institucional, el alto tribunal ha dictado que Rico fue víctima de acoso laboral en represalia por haber denunciado presuntas irregularidades dentro de la Policía Local de Torrevieja.
El caso ha destapado una de las realidades más crudas del sistema: «el denunciante siempre pierde». Rico lo ha perdido casi todo: salud, estabilidad familiar, futuro laboral. Mientras tanto, quienes figuraban en la sentencia como coadyuvantes del acoso, como el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y la entonces concejala de Policía Agustina Esteve, siguen en sus puestos. Ninguno ha asumido responsabilidad política.
Tampoco el PP ha activado su reglamento disciplinario interno, que califica como falta muy grave cualquier atentado contra los derechos fundamentales. ¿Y Núñez Feijóo? Bien, gracias. Ni ha hablado, ni ha cesado, ni ha exigido explicaciones. Aquí no ha pasado nada. Pero sí ha pasado. Y mucho.
Rico ha relatado en una entrevista con RRNEWS que las represalias comenzaron al poco de denunciar lo que consideraba irregular: falta de control del dinero en efectivo recaudado por sanciones, desaparición de denuncias registradas, inspecciones selectivas y trato desigual. Todo ello, según declaró, con conocimiento de la Jefatura y del Ayuntamiento.
«Me cambiaban los turnos sin avisar, me negaban las vacaciones, retiraron mi arma sin explicaciones, me insultaban en panfletos. Intentaron hasta averiguar dónde trabajaba mi mujer y a qué colegio iban mis hijas. Fue una persecución brutal», recuerda.
Según el fallo del Tribunal Constitucional, el acoso fue prolongado, sistemático y con conocimiento de responsables políticos y técnicos. La Fiscalía señaló además que la situación evidenciaba una vulneración clara del derecho fundamental a la integridad moral del funcionario, y criticó que ni el Ayuntamiento de Torrevieja ni el TSJ de Valencia dieran una respuesta efectiva durante años.
Antonio Rico ha recorrido cuatro administraciones diferentes tras ser señalado como «conflictivo». Ha aprobado hasta seis oposiciones y ninguna le ha librado del estigma. Hoy trabaja en la Policía Local de Murcia, donde por fin ha encontrado algo de paz. «El problema es que la ruina es para el denunciante, y la impunidad para los culpables. Todo lo he tenido que costear yo. Ellos, con dinero público, están incluso recurriendo a Europa una sentencia firme del Constitucional».
También critica duramente la ley española de protección de denunciantes (Ley 2/2023), que considera «insuficiente» y «poco efectiva». «En 2027 se acaba mi protección legal. ¿Alguien cree que en dos años dejaré de sufrir represalias?», pregunta.
Para Rico, lo más doloroso es la indiferencia política: «Si el señor Feijóo habla de regeneración, debería empezar por mirar dentro de su partido. Hay una sentencia firme que condena a sus compañeros de filas por acoso, y ahí siguen, como si nada».
Doce años después, Antonio Rico sigue en pie, pero las heridas no han cerrado. «Decir la verdad en este país aún tiene un precio. Y la factura la pagamos los que no miramos hacia otro lado».
Dale al play y escucha la entrevista:
La sentencia señala claramente a los acosadores
La Sentencia 28/2025 del Tribunal Constitucional señala de forma explícita y directa a dos mandos de la Policía Local de Torrevieja como responsables del acoso laboral sufrido por Antonio Rico: Manuel Antonio López Vera, inspector de la Policía Local de Torrevieja y Vicente Gutiérrez Sola, jefe de la Policía Local de Torrevieja.
Además, la sentencia recuerda que ambos mandos ya habían sido considerados instigadores de acoso laboral en otros procedimientos anteriores, también con sentencias condenatorias al Ayuntamiento de Torrevieja.
Aunque la sentencia no menciona directamente a responsables políticos por su nombre, sí deja claro que el Ayuntamiento -es decir, la administración municipal en su conjunto- consintió el acoso y no adoptó ninguna medida para detenerlo, pese a conocerlo. Esto apunta políticamente al equipo de gobierno de entonces, encabezado por: Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja (PP, y todavía en el cargo) y Agustina Esteve, entonces concejala de Policía, hoy delegada del Consell en Alicante.
«El denunciante siempre pierde. Da igual que después te den la razón. La justicia llega tarde»
Sufrió 12 años de acoso
Entre las represalias sufridas, según la sentencia figuran cambios de turno arbitrarios y sin previo aviso; asignación de turnos sin respetar los descansos legales, provocándole desgaste físico y psicológico; denegación sistemática de vacaciones y días de asuntos propios, sin justificación objetiva; filtración de escritos internos y confidenciales a compañeros, incluidos informes sobre policías interinos, con intención de aislarlo y estigmatizarlo; publicación de panfletos internos en los que se le insultaba abiertamente. Un jefe lo llamó “cefalópodo, animal viscoso y asqueroso”; retirada de su arma reglamentaria sin previo aviso y notificación a Tráfico cuestionando su aptitud para conducir, lo que le abrió un expediente que superó médicamente.
También difundieron desde el Ayuntamiento de Torrevieja datos médicos sensibles, incluida su salud mental, vulnerando su intimidad; colocaron en tablones de anuncios documentos personales con acusaciones y burlas por parte de mandos intermedios; denegación de ayudas escolares, paga extra y emolumentos que sí recibían otros compañeros y bloqueo de traslados y comisiones de servicio, pese a contar con informes médicos que recomendaban el cambio de destino por motivos de salud.
Cuando finalmente fue trasladado, se difundió su expediente médico en su nuevo destino, con comentarios que lo señalaban como “conflictivo”.
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El papel del Ayuntamiento de Torrevieja, según la Fiscalía
El respaldo a Antonio Rico no vino solo del Tribunal Constitucional. La Fiscalía también se posicionó a su favor y pidió expresamente la concesión del amparo por considerar acreditado el acoso laboral sufrido por el agente tras denunciar presuntas irregularidades en la Policía Local de Torrevieja.
En su informe, el Ministerio Público señaló que se habían vulnerado los derechos fundamentales a la integridad moral (art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), y criticó con dureza al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por valorar erróneamente las pruebas y no aplicar la inversión de la carga de la prueba, obligatoria en este tipo de casos. La Fiscalía fue clara: hubo represalias, trato discriminatorio y pasividad institucional. Y el Ayuntamiento de Torrevieja lo consintió. El Ministerio Público concluyó que la actuación del Ayuntamiento fue determinante para consolidar una situación de acoso institucional prolongado.
Agente de policía en Murcia
Antonio Rico participó el pasado 30 de mayo en la I Jornada sobre protección de denunciantes de corrupción, organizada por la Fundación Hay Derecho, la Universidad de Murcia y la Universida de NOVA de Lisboa, en la sede de la Comisión Europea en Madrid. Lo hizo como víctima, como testimonio vivo del precio de decir la verdad en una administración pública que prefiere mirar para otro lado antes que corregirse.
El pasado 10 de febrero, el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 28/2025, en la que reconoce que el Ayuntamiento de Torrevieja vulneró los derechos fundamentales del agente Antonio Rico al no protegerlo del acoso laboral que sufrió durante años tras denunciar irregularidades policiales.
El fallo considera probado que Rico fue víctima de una campaña de hostigamiento continuado, orquestada desde la propia Jefatura de Policía Local, con el conocimiento y la pasividad del Ayuntamiento de Torrevieja.
El Constitucional subraya que ningún otro funcionario acumuló un número tan alto de incidencias tan diversas y hostiles, y que estas no fueron casuales ni resultado de malentendidos administrativos, sino una respuesta deliberada y organizada contra un denunciante de corrupción.
“Se ha vulnerado su dignidad personal y profesional a través de una situación de acoso laboral consentida por el Ayuntamiento de Torrevieja”, afirma el fallo con contundencia.
El Alto Tribunal reprocha al TSJ de Valencia haber desestimado indebidamente el recurso de Rico, dejando sin efecto la sentencia de un juzgado de Elche que ya le reconocía como víctima de acoso.
Señala que el TSJ valoró de forma incorrecta las pruebas, fragmentó los hechos y analizó cada episodio de forma aislada, sin ver el patrón general de hostigamiento. Y reprocha especialmente que no aplicaran correctamente la inversión de la carga de la prueba -es decir, que no exigieran al Ayuntamiento de Torrevieja demostrar que sus decisiones no eran represalias- y que se limitaran a justificar las acciones como legales, sin valorar el patrón global de acoso. El Constitucional deja claro que esas actuaciones, aun revestidas de legalidad, fueron discriminatorias, vejatorias y perjudiciales para su salud física y mental.
La sentencia declara firme la resolución del Juzgado de Elche de 2018, que ya reconocía el acoso y obligaba al Ayuntamiento a indemnizar a Rico con 95.816 euros por los daños causados que aún no ha cobrado. Pese a ello, los responsables políticos al frente entonces -y aún hoy- del Ayuntamiento, como Eduardo Dolón y Agustina Esteve, no han asumido ninguna consecuencia política.
Hoy, España tiene una Ley 2/2023 de protección a los denunciantes y una flamante Autoridad Independiente creada este año. Pero si los políticos no aplican sus propias normas y permiten que quienes vulneran derechos sigan mandando, todo queda en papel mojado.
El caso de Antonio Rico no puede cerrarse con una sentencia. Debe abrir una reflexión incómoda: ¿de qué sirve una ley si nadie responde cuando se incumple? ¿De qué sirve denunciar si lo que espera es el castigo?
La 2/2023 y la Autoridad Independiente que debe proteger a los denunciantes
La Ley 2/2023 es la norma española que protege a quienes denuncian corrupción y otras infracciones graves. Se aprobó en febrero de 2023 para cumplir con la Directiva europea 2019/1937. Se supone que debe garantizar canales seguros, confidencialidad y protección frente a represalias.
La ley protege a funcionarios, trabajadores del sector privado, autónomos, becarios o ex empleados que informen de infracciones penales o administrativas graves. También ampara a quienes apoyan o están relacionados con el denunciante.
La ley establece la obligación de implantar canales internos de denuncia en empresas y administraciones, derecho al anonimato y a la protección legal, prohibición de represalias y posibilidad de acudir a canales externos cuando los internos no funcionan.
En abril de 2025 se creó la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI). Su misión: recibir denuncias, garantizar la confidencialidad, sancionar represalias y velar por el cumplimiento de la ley.
Su presidente actual es Manuel Villoria Mendieta, experto en ética pública.
A día de hoy, su eficacia está en entredicho dado que carece de presupuesto. Casos como el de Antonio Rico demuestran que, pese a las normas, la protección real del denunciante de corrupción brilla por su ausencia. Y lo que es peor: los responsables políticos señalados por vulnerar derechos fundamentales siguen en sus cargos.