La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia ha admitido que las alarmantes cifras difundidas sobre las consecuencias del aumento del caudal ecológico del Tajo -15.000 empleos perdidos, 27.000 hectáreas de cultivo menos y 5.600 millones de euros en pérdidas- no proceden de informes elaborados por el propio departamento, sino que se apoyan en estimaciones contenidas en un estudio externo realizado por la Universidad de Alicante.
La información se desprende de la resolución oficial emitida por la Dirección General del Agua tras una solicitud de acceso a la información pública registrada por RRNEWS. En ella, se requería expresamente copia de todos los informes económicos en los que se basaban esas afirmaciones por parte de la consejera Sara Rubira y se preguntaba en qué zonas de la Región se producirían los supuestos daños, así como si se incluían las 11.000 hectáreas de la llamada “cota 120” que riegan con agua del trasvase sin concesión para ello.
La respuesta de la Consejería de Agricultura confirma que los datos citados se apoyan en un “estudio técnico-jurídico sobre los efectos jurídicos y patrimoniales” del tercer ciclo de planificación hidrológica, elaborado por un equipo de expertos de la Universidad de Alicante. Pero no se aporta copia de dicho estudio, ni se detalla su coste, ni se aclara qué parte concreta del documento justifica esas cifras.
Tampoco se contesta a la localización exacta de las 27.000 hectáreas que, según la consejera, desaparecerán como consecuencia del nuevo caudal ecológico.
Ni una palabra sobre la cota 120 del Campo de Cartagena
En cuanto a las 11.000 hectáreas de la llamada cota 120 -zonas agrícolas situadas por encima de la cota altimétrica de 120 metros y que, pese a ello, riegan con agua del trasvase Tajo-Segura sin tener, presuntamente, concesión administrativa-, la Consejería de Agricultura elude pronunciarse directamente y se limita a recordar que “la competencia en materia de inspección, control y vigilancia del uso del Dominio Público Hidráulico -incluyendo el uso de aguas del trasvase Tajo-Segura- corresponde de forma exclusiva a la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo dependiente de la Administración General del Estado”.
Es decir, el Gobierno regional ni confirma ni desmiente la existencia de riegos sin concesión, ni aclara si esas 11.000 hectáreas están incluidas en las 27.000 que, según sus propias declaraciones, se perderán. Se limita a pasar la pelota al Estado.
La resolución, firmada por el director general del Agua, José Sandoval Moreno, reconoce expresamente que la Consejería no ha elaborado informes propios y que se limita a reproducir estimaciones externas. La información no se acompaña del documento citado -el estudio de la Universidad de Alicante- ni se ofrece posibilidad alguna de consultarlo.
En resumen: las declaraciones de la consejera Sara Rubira no se sustentan en documentación técnica elaborada por el Gobierno regional, y la única referencia es un estudio externo, del que no se facilita ni una página. A esto se suma la total ausencia de respuesta técnica sobre una cuestión clave: el uso de agua del trasvase en zonas sin concesión.
Y aquí surge una contradicción difícil de ignorar: si el trasvase Tajo-Segura es tan crucial para el futuro de la Región -como insiste el Partido Popular en cada mitin, campaña y comparecencia-, ¿cómo es posible que la Consejería de Agricultura no disponga de ni un solo estudio propio para defenderlo con datos objetivos? ¿Cómo se explica que base toda su estrategia en cifras tomadas de terceros sin contrastarlas y sin hacerlas públicas?
Las cifras no cuadran
Según las propias estimaciones del director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, cada hectómetro cúbico que se deja de trasvasar supone una pérdida de 4 millones de euros y 86 empleos. Aplicando esa fórmula al escenario previsto por el Ministerio para la Transición Ecológica, entre 70 y 110 hectómetros cúbicos anuales menos de agua trasvasada por el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, el impacto económico para el Levante se situaría entre 280 y 440 millones de euros al año, con una posible pérdida de entre 6.000 y 9.500 empleos. Cifras relevantes, sin duda, pero muy alejadas de los 5.600 millones de euros y 15.000 empleos que ha difundido la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia, sin documentos que lo respalden.
No es la primera vez que el Gobierno regional hace afirmaciones que no resisten el mínimo contraste. El presidente Fernando López Miras llegó a declarar públicamente, en un acto con regantes, que el trasvase del Tajo «da empleo a 300.000 personas en la Región de Murcia», una cifra desmentida por todos los datos oficiales disponibles. Se la inventó, directamente. No existe ningún informe, ni regional ni estatal, que sostenga ese volumen de empleo directo o indirecto asociado al trasvase del Tajo.
El Ejecutivo murciano suele hacer anuncios, promesas, aseveraciones sin datos que respalden sus palabras. Recientemente, el Gobierno regional reconoció que no disponía de datos sobre el impacto económico de renunciar al Pacto Verde Europeo. A preguntas de RRNEWS, el Gobierno de la Región Murcia tampoco supo señalar los proyectos financiados con fondos europeos a los que tiene previsto renunciar por exigencia de VOX para aprobar los presupuestos de la CARM.