El Gobierno de la Región de Murcia ha interpuesto cuatro recursos ante el Tribunal Constitucional desde abril de 2017 que presidente Fernando López Miras. Así lo confirma la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma a preguntas de RRNEWS.
El Consejo de Gobierno ha recurrido en cuatro ocasiones por diferentes motivos. El primero, un recurso de amparo registrado en 2022, se dirigía contra dos sentencias: una dictada en 2019 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Murcia y otra del año 2020, emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región relativa a Puerto Mayor. El Tribunal Constitucional inadmitió el recurso.
El segundo fue un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 2023 contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, que establecía gravámenes temporales sobre el sector energético, las entidades de crédito y las grandes fortunas, además de modificar varias normas tributarias. El Tribunal Constitucional desestimó este recurso del Gobierno murciano.
El tercero, aún pendiente de resolución, es un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. No consta aún pronunciamiento judicial.
El cuarto y más reciente recurso no se ha presentado todavía, pero el Consejo de Gobierno acordó su interposición el pasado 10 de abril de 2025. Se refiere al Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que aprueba medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
La CARM, que rechaza el reparto de menores inmigrantes aprobado por el Gobierno de España, considera que es una materia que debe ser una ley y no un decreto y además aduce que invade competencias autonómicas. «Estamos hartos de que no nos tengan en cuenta» dijo el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, tras el Consejo de Gobierno que aprobó interponer el recurso.
Los recursos cuestan dinero a los contribuyentes
El Gobierno regional sostiene que todos los recursos fueron elaborados por personal propio -letrados y personal administrativo- y que, por tanto, no se contrató asesoramiento externo. Según la Consejería de Presidencia, no se ha recurrido a bufetes ni empresas privadas para estas acciones judiciales, por lo que no hay contratos, facturas ni importes que detallar a nuestra petición de información.
No obstante, esos procedimientos tienen un coste para las arcas públicas aunque sean elaborados por personal propio entre redacción jurídica, estudios previos y tramitaciones internas, pero la Consejería de Presidencia desconoce el coste económico total estimado de los recursos de amparo e inconstitucionalidad que ha presentado la Comunidad Autónoma ante el Tribunal Constitucional desde abril de 2017.
Al no existir un documento con esos datos y dado que calcularlos implicaría una “reelaboración» la directora de los Servicios Jurídicos Ana María Tudela García, ha resuleto inadmitir nuestra petición de información.
Estrategia de comunicación
En la política actual, recurrir al Tribunal Constitucional ya no es solo un acto jurídico: es una estrategia de comunicación. Se redacta el recurso casi al mismo tiempo que la nota de prensa y el tuit. No siempre se busca ganar; a menudo, basta con salir en los medios, marcar perfil y lanzar un mensaje a la parroquia ideológica.
Para gobiernos autonómicos como el de Murcia, los recursos ante el TC se han convertido en un megáfono institucional: un gesto de resistencia frente a leyes del Gobierno central, sobre todo cuando la disputa tiene carga ideológica (impuestos a grandes fortunas, ley de amnistía, reparto de menores migrantes…). Es un campo de batalla simbólico, más que judicial.
El problema es que ese uso del Constitucional como escenario de oposición tiene consecuencias: cuesta dinero, bloquea recursos jurídicos, y genera frustración democrática cuando los fallos (o la falta de ellos) contradicen el ruido político. Además, si se hace sin rendición de cuentas, alimenta el desgaste institucional: el TC deja de parecer un árbitro imparcial para convertirse en un campo de juego más.
Por eso, más allá de la legalidad de estos recursos, cabe preguntarse por su legitimidad política y su rentabilidad pública. ¿Se trata de defender derechos e intereses reales de la ciudadanía? ¿O de encabezar titulares periodísticos por unas horas, sabiendo que el fallo llegará -si llega- cuando ya no interese a nadie?