Ni ingenuos ni resignados: así se muestran los españoles ante la fiscalidad y los servicios públicos. Según el último barómetro fiscal publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la ciudadanía sigue apostando por mantener e incluso mejorar los servicios públicos, aunque eso implique pagar más impuestos. Pero también lanza un mensaje claro: la gestión no está a la altura de ese esfuerzo fiscal.
El estudio, basado en más de 4.000 entrevistas realizadas entre mayo y junio de 2024, analiza con lupa las opiniones fiscales de los ciudadanos. Y sus resultados no dejan indiferente.
La sanidad pública sigue siendo el servicio más utilizado por los hogares españoles: un 78% declara haberla usado en el último año. Le siguen los transportes públicos (70%) y las infraestructuras viarias (63%). Más atrás quedan la educación (45%) y las pensiones de jubilación (36%). En la cola: el seguro de desempleo, las pensiones por enfermedad y los servicios sociales, todos con menos del 17% de uso
En cuanto al grado de satisfacción, los ciudadanos otorgan las mejores notas a la educación (3,2 sobre 4), el transporte (3,1), y la sanidad e infraestructuras (3,0). La media global de satisfacción con la oferta pública se sitúa en 2,9 puntos, ligeramente por encima del aprobado (2,5).
¿Vale la pena pagar impuestos? La gran pregunta
El informe entra de lleno en una cuestión clave: ¿justifican los servicios públicos el pago de impuestos? Para el 59% de los encuestados, la respuesta es afirmativa, aunque esta cifra ha descendido seis puntos respecto al año anterior. Un 41% opina que no reciben a cambio lo que pagan
La valoración media de esta afirmación se sitúa en 2,7 sobre 4, por encima del punto medio, pero en descenso respecto a 2022. Aun así, un 51% considera que la relación entre impuestos y servicios es adecuada.
Y hay más: el 61% de la ciudadanía prefiere mejorar los servicios aunque eso implique pagar más impuestos (valoración 2,8), mientras que solo un 28% se decanta por reducir impuestos a costa de recortar servicios (valoración 2,1). Es decir, la mayoría asume que lo público cuesta, pero lo quiere mejor.
Críticas a la gestión y autocrítica ciudadana
Uno de los datos más llamativos del barómetro es el suspenso generalizado a la gestión pública. Solo un 27% de los entrevistados cree que los servicios están bien gestionados. La nota media que recibe la gestión administrativa es de 2,3, claramente por debajo del aprobado
Además, la ciudadanía también se señala a sí misma: un 63% opina que los usuarios hacen un mal uso de los servicios públicos. Esta autocrítica alcanza el máximo histórico desde que se elabora la serie (2,7 puntos sobre 4). Nunca antes había sido tan alta la conciencia de que el mal uso contribuye al deterioro del sistema.
Ni privatización ni cuentos: el sector público, necesario
El informe desmonta mitos liberales. La opción de que los servicios públicos se financien o gestionen desde la iniciativa privada apenas alcanza los 2,0 puntos. La sociedad rechaza de forma clara la privatización de lo que considera esencial. Y más de un 74% cree que los servicios públicos son útiles y necesarios. Solo un 1,8 de media está “algo o muy de acuerdo” con la idea de que no lo son.
Comparaciones odiosas: España, por debajo de Europa
Una de las preguntas más reveladoras del barómetro es la comparación con el resto de países de la Unión Europea. Y la respuesta es un tirón de orejas: un 51% de los españoles cree que aquí se paga más y se recibe menos que en el resto de Europa. Este porcentaje ha crecido en 2023 tras años de ligera mejora.
Es decir, la sensación de que España ofrece una “peor relación calidad-precio” en su oferta pública está muy presente, especialmente entre quienes sí pagan impuestos y no perciben mejoras.
¿Qué debería mejorar?
Cuando se pregunta a los ciudadanos qué servicios públicos tienen mayor margen de mejora, la respuesta es casi unánime: la sanidad. Un 40% señala el sistema sanitario como el principal ámbito pendiente de mejora, seguido de los servicios sociales y la educación.
Curiosamente, el transporte público es el que más españoles consideran que ha mejorado en los últimos cinco años. Le siguen las pensiones de jubilación, los servicios sociales y la sanidad, aunque con porcentajes mucho menores. No obstante, un 23% afirma que ningún servicio ha mejorado.
Los resultados del barómetro fiscal 2023 dibujan a una ciudadanía comprometida con lo público, pero cada vez más crítica. Dispuesta a pagar impuestos, sí, pero exigiendo que se traduzcan en servicios de calidad y bien gestionados. Ni conformismo ni entusiasmo ciego: el mensaje que lanza la población es claro. El Estado del Bienestar no se discute, pero necesita una puesta a punto.