La Audiencia Provincial de Murcia ha fijado para marzo de 2026 el juicio por presunta prevaricación administrativa contra dos exconcejalas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Molina de Segura. Se trata de María Dolores Vicente y Consuelo Rosauro, ambas señaladas por su supuesta implicación en la concesión arbitraria de tarjetas de estacionamiento reservadas a personas con discapacidad, entre los años 2011 y 2015.
La Fiscalía considera que Vicente, quien entonces ostentaba la Concejalía de Bienestar Social, habría firmado resoluciones irregulares a sabiendas, vulnerando los criterios legales exigidos para acceder a este tipo de distintivos. En varios expedientes, según consta en la investigación, no existe ni rastro de informe del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) que acredite discapacidad alguna ni documentación que justifique problemas de movilidad.
En total, una veintena de expedientes han sido puestos bajo la lupa del Ministerio Público. En algunos casos, los certificados fueron aportados a posteriori; en otros, simplemente no existían. El Ministerio Fiscal pide para Vicente nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por considerar que actuó de forma deliberadamente arbitraria y en abuso de su posición.
Por su parte, Consuelo Rosauro se sentará en el banquillo no como autora directa, sino como inductora. Las pesquisas apuntan a que habría solicitado a su compañera del PP tarjetas de aparcamiento para personas cercanas, como su propia tía, pese a no presentar ésta ningún problema de movilidad. Algunos testigos aseguran incluso que fue la propia Rosauro quien recogió la tarjeta en nombre de su familiar. Para ella, la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de inhabilitación.
El Ayuntamiento de Molina de Segura, que en su día detectó las irregularidades en el seno de la Junta de Gobierno local, se personó como acusación particular. Su petición es más contundente: nueve años de inhabilitación para ambas.
La investigación judicial arrancó formalmente en 2018, durante el mandato socialista encabezado por Esther Clavero, y continuó bajo Eliseo García. Paradójicamente, hoy el PP ha recuperado el gobierno local, mientras se prepara este proceso judicial que remueve los rescoldos de una gestión anterior.
La vista oral se celebrará los días 5 y 12 de marzo de 2026 ante la Sección Segunda de la Audiencia. Será entonces, tres lustros después de los hechos investigados, cuando ambas ex concejalas deberán responder ante la justicia por una práctica que, de confirmarse, supuso un uso espurio de un recurso pensado para quienes verdaderamente lo necesitan.