La historia tiene todos los ingredientes de un guion de película política: una planta de biogás que nadie pidió, una población movilizada contra su instalación, un alcalde que guarda silencio mientras avanza el proyecto, y una sorprendente plaza pública con un ganador que parecía predestinado. Todo esto no es ficción. Es el contenido de una denuncia registrada el pasado 27 de marzo ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
El documento, de más de 50 páginas y con abundante documentación anexa, acusa directamente al alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera Asensio (PP), al director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez Carrasco, y a un técnico informático de ser protagonistas de una presunta trama de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos, todo ello con el telón de fondo de la instalación de una planta de biogás en el municipio.
Según el escrito, al que ha tenido acceso RRNEWS, la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto -impulsado por Bioenergy Las Torres, filial de Enagás Renovable- se registró en febrero de 2024, pero el equipo de gobierno local no informó ni a la oposición ni a los vecinos. La difusión en prensa llegó meses después, en julio, en un acto donde el presidente Fernando López Miras apareció junto al alcalde Noguera y responsables de Enagás, en una fotografía que parecía sellar el futuro del proyecto.
El problema: la ciudadanía no fue informada ni pudo presentar alegaciones en el plazo legal. El anuncio se limitó a una escueta publicación en el Boletín Oficial de la Región (BORM), sin ninguna campaña de información pública ni transparencia institucional. La maniobra, según la denuncia, vulnera de forma clara el Tratado de Aarhus sobre participación ciudadana en decisiones ambientales.
El pueblo se levanta, el alcalde reprime
Cuando la sociedad civil se enteró del proyecto, reaccionó. Nació la Plataforma STOP BIOGÁS Las Torres de Cotillas, que en septiembre y octubre de 2024 organizó concentraciones y manifestaciones multitudinarias con más de 6.000 asistentes, y logró reunir 8.000 firmas de rechazo.
La respuesta del alcalde no fue el diálogo, sino la confrontación: bloqueó a críticos en redes sociales municipales, negó espacios públicos a la Plataforma, y denunció penalmente a sus portavoces por unas supuestas amenazas que, según los denunciantes, jamás existieron. Incluso ordenó el desalojo policial de vecinos que se manifestaron en un Pleno.
¿Un premio por los servicios prestados?
El punto más delicado llega con la convocatoria, en noviembre de 2024, de una plaza de director de la Oficina Jurídico-Económica del Instituto de Turismo, con un salario de 60.000 euros anuales. El perfil exigido se ajustaba como un guante al del propio Noguera: abogado de profesión, licenciado en Derecho, con amistades en la administración regional.
Según la denuncia, el proceso selectivo fue altamente sospechoso: temario publicado a última hora, sistema de examen telemático sin precedentes, terminales informáticos gestionados por un técnico amigo del alcalde… Y un resultado que roza el pleno: Noguera sacó 96 sobre 100, aventajando en más de 30 puntos al siguiente clasificado.
El contraste es evidente: en una oposición anterior de nivel similar, el mismo alcalde obtuvo una nota de 1,75 sobre 10, quedando fuera de la lista de espera.
El silencio administrativo, la norma
La oposición municipal ha intentado acceder sin éxito a los expedientes administrativos relacionados con la cesión de espacios municipales a Enagás, la tramitación de la oposición y las contrataciones públicas para “procesos de participación ciudadana”.
La falta de transparencia, combinada con el uso de fondos públicos (15.000 euros adjudicados a la Universidad de Murcia para “convencer” a los vecinos sobre los beneficios del proyecto), alimenta aún más la sospecha de un uso partidista de la administración.
La denuncia concluye solicitando la apertura de diligencias judiciales y la citación como investigados de Noguera, Martínez Carrasco y el técnico informático. También plantea que la plaza obtenida por el alcalde podría constituir una “retribución encubierta” por su papel facilitador en los trámites urbanísticos y medioambientales necesarios para la planta de biogás.
Mientras tanto, el proyecto sigue en pie, las dudas no se disipan, y los vecinos siguen sin obtener respuestas.
La planta de biogás proyectada en Las Torres de Cotillas tendrá la capacidad de tratar más de 520.000 toneladas de residuos al año y generará más de 14 millones de metros cúbicos anuales de biogás.