En la Cala del Pino, uno de los últimos rincones vírgenes de La Manga, crece en silencio un nuevo chalet de lujo. En mitad de la pinada, con vistas privilegiadas al Mar Menor, las obras avanzan pese al rechazo vecinal. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) se negó a expropiar el terreno o a paralizar la construcción. De quién es el chalé, no se sabe todavía. Pero se sabrá. Porque en esta tierra los nombres suelen aparecer cuando la indignación crece.
El disparate urbanístico no se detiene en Cala del Pino. Otro ejemplo clamoroso se hizo viral hace poco meses en redes sociales. En pleno entorno del faro del Estacio, en La Manga, se levanta una estructura de once metros de altura que servirá de base para una vivienda unifamiliar con piscina, justo al lado de un cartel que indica: “Zona de Especial Protección Ecológica”.
El periodista Paco Nadal lo denunciaba públicamente preguntando, con ironía y rabia, quién había autorizado semejante construcción en un paraje tan sensible. Su mensaje, acompañado de la imagen del esqueleto de hormigón emergiendo sobre las dunas, superó las 100.000 visualizaciones en X.
La reacción del Ayuntamiento de San Javier, municipio al que pertenece el terreno, fue de resignación: «la obra cumple con la normativa vigente y cuenta con informes favorables de la administración autonómica y de Costas». Es decir, todo legal, aunque sea paisajísticamente indecente. Y siempre con informes favorables de la CARM.
El Ayuntamiento de San Javier, como muchos otros, no dispone de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor. Aunque en diciembre de 2014 se aprobó provisionalmente un nuevo plan, nunca llegó a obtener la aprobación definitiva, por lo que el municipio sigue rigiéndose por las Normas Subsidiarias de Planeamiento General, cuyo texto refundido data del año 2004.
Este documento, anticuado y limitado, no contempla las necesidades urbanísticas, ambientales ni de movilidad actuales, y mucho menos desafíos contemporáneos como el cambio climático, la sostenibilidad o la creciente presión urbanística sobre el litoral. Paradójicamente, es precisamente esa rigidez lo que lleva a muchos ayuntamientos a aferrarse a las Normas Subsidiarias: permiten mayor margen de maniobra, menos control externo y retrasan deliberadamente la aprobación de planes generales más exigentes. No existe voluntad política tampoco en la CARM.
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Un palacio con licencia de vivienda unifamiliar para labradores
Estos nuevos atropello al paisaje nos trae a la memoria otro escándalo urbanístico que no fue hace tanto: la construcción de una fastuosa mansión en el paraje de Inazares, término municipal de Moratalla, a más de 1.300 metros de altitud. Allí, donde la nieve es habitual y la biodiversidad valiosa, el empresario José Ramón Carabante -conocido por sus incursiones en el deporte y los negocios- levantó un palacio de más de 2.000 metros cuadrados con bodega, capilla, salones y una campana de bronce, nada menos que regalo del expresidente de Israel Simón Peres.
¿Una casa de labrador?
La licencia se concedió en abril de 2005 por el Ayuntamiento de Moratalla, entonces gobernado por el PP. Lo curioso es que se hizo al amparo del régimen excepcional que permite construir viviendas en suelo no urbanizable a los labradores. Un privilegio pensado para gente del campo que, en este caso, benefició al empresario con aspiraciones de Fórmula 1. Porque sí, Carabante -dueño en su día del CB Murcia y fundador de Hispania Racing- de Formula 1 llegó a negociar con el gobierno de Valcárcel una fábrica de coches de F1 en la Región y hasta un circuito al estilo Ferrari en Fuente Álamo. Nada de eso se materializó, pero su palacio en Inazares sí.
La finca, calificada como monte improductivo, fue el escenario de una construcción de gran impacto visual. La Fiscalía abrió diligencias de investigación tras la denuncia de un agente medioambiental que alertó de la destrucción de especies protegidas como peonías, rosas silvestres, durillos y, especialmente, ejemplares de Orchis Purpurea, una orquídea en peligro de extinción. Entre ellos, se documentaron incluso ejemplares albinos, extremadamente raros. Aquel agente no solo no fue respaldado por la Administración regional, tuvo que declarar ante la Guardia Civil tras ser denunciado por supuesta invasión de la finca. Así funciona a veces la protección del medio ambiente por estos lares.
Legalización exprés
Aunque en 2007 el propio Ayuntamiento de Moratalla abrió expediente sancionador porque la obra no se ajustaba al proyecto, finalmente se optó por la vía de la legalización. La Fiscalía archivó las diligencias de investigación después de que se aportara un informe técnico que -¡sorpresa!- decía que la edificación no contravenía el plan de ordenación urbana. El caso se cerró sin consecuencias. Y hoy, la finca Maybri, con el viñedo más alto de Europa, ha sido reconvertida por el hijo de Carabante en un enclave para alquiler de eventos exclusivos.
Manga ancha para unos pocos
Lo de Cala del Pino no es un caso aislado. Es parte de una constante: los poderosos construyen donde quieren, cuando quieren y como quieren. En lugares donde a cualquier otro ciudadano ni se le permitiría clavar una tienda de campaña. La CARM mira hacia otro lado, los ayuntamientos otorgan licencias «creativas», y los fiscales acaban atados por informes favorables que nadie se atreve a cuestionar.
El último atropello urbanístico que asoma en el horizonte se apellida Fuertes. El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado recientemente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá a Profusa, promotora inmobiliaria del Grupo Fuertes, levantar nada menos que 8.500 viviendas turístico-residenciales en Baños y Mendigo y Corvera, junto al parque regional del Valle Carrascoy. “Esto es puro teletransporte”, denunció en el pleno el concejal socialista Andrés Guerrero, aludiendo a la desconexión absoluta entre esta expansión especulativa y la realidad del municipio.
Una vez más, el modelo se repite: terrenos sin apenas urbanizar, de alto valor ambiental, transformados en gigantescos desarrollos al gusto del inversor. ¿La ciudadanía? Otra vez en la cuneta, viendo cómo el urbanismo se escribe al dictado del que más tiene.
Mientras tanto, los espacios naturales desaparecen y la ciudadanía asiste impotente a su expolio. Hoy es Cala del Pino. Ayer fue Inazares. Y mañana, mañana le toca al grupo Fuertes.