En mayo de 2021, el Gobierno regional de Murcia presentó con entusiasmo su programa estrella para facilitar el acceso a la vivienda entre la población joven: el llamado aval joven. Una medida que, según prometió entonces la Consejería de Fomento, permitiría a 600 jóvenes murcianos acceder a su primera vivienda en tan solo el primer año de funcionamiento. Cuatro años después, los datos revelan una realidad muy distinta: apenas 680 avales concedidos en total hasta abril de 2025.
Lejos de hacer autocrítica, el actual consejero de Fomento, Jorge García Montoro, califica la medida de “éxito”, aunque desde la oposición y desde distintos sectores sociales se cuestiona con dureza su verdadero impacto. Y no es para menos. En 2021, el año del gran lanzamiento, solo se concedieron 7 avales. Una cifra ridícula comparada con las previsiones y que sembró ya desde el inicio las dudas sobre la viabilidad del programa.
Una medida estrella con resultados estrellados
El programa del aval joven permite a los menores de 40 años acceder a la compra de su primera vivienda contando con un aval del Gobierno regional que garantiza hasta el 20 % del importe del préstamo hipotecario. Sobre el papel, parecía una ayuda significativa, especialmente para quienes no cuentan con suficientes ahorros para cubrir la entrada. Sin embargo, ni la cifra de solicitantes ni los resultados en estos cuatro años avalan (nunca mejor dicho) su éxito.
La evolución ha sido errática:
- 2021: 7 avales concedidos.
- 2022: aumento notable con 346 operaciones formalizadas.
- 2023: caída drástica, solo 80 solicitudes.
- 2024-2025: repunte hasta las 168, tras ampliarse la edad máxima de los beneficiarios de 35 a 40 años.
En total, 680 avales en cuatro años. Un balance muy pobre si se compara con los más de 441.000 jóvenes de entre 18 y 40 años que viven en la Región de Murcia. En proporción, apenas el 0,15 % de esta franja de población se ha beneficiado del programa.
El dato más llamativo no es solo la escasa acogida del aval joven, sino el hecho de que el Gobierno regional no haya ofrecido una sola explicación oficial sobre los motivos del bajo número de solicitudes. Ni una reflexión pública, ni un ajuste sustancial en las condiciones, ni una campaña de evaluación sobre su eficacia. Al contrario, habla de éxito. Lo único que ha cambiado desde 2021 es el tope de edad, que ha pasado de 35 a 40 años, y el precio máximo de la vivienda, que ha ido subiendo desde 120.000 hasta 220.000 euros.
El Ejecutivo tampoco ha informado de cuántos jóvenes han solicitado el aval y han sido rechazados por no cumplir los requisitos exigidos por las entidades bancarias, que en la práctica añaden sus propias condiciones a las impuestas por la Administración. Entre ellas: nivel de ahorro, tipo de contrato laboral y estabilidad de ingresos.
El contexto: sueldos bajos y temporalidad alta
En la Región de Murcia, el salario medio de los jóvenes no alcanza los 1.200 euros netos mensuales en el tramo de 18 a 25 años, y ronda los 1.700 euros hasta los 30 años, según los datos oficiales citados por el diputado socialista Miguel Ortega. Esta precariedad económica, unida a la elevada temporalidad laboral —la Región de Murcia lidera los contratos de corta duración—, hace inviable que un joven pueda asumir una hipoteca de 150.000 o 200.000 euros, incluso con aval público.
A esto se suma otro factor clave: el precio de la vivienda no ha dejado de subir en la Región en los últimos años, especialmente en ciudades como Murcia, Cartagena o Molina de Segura. El resultado es un escenario completamente hostil para los menores de 40 años que intentan independizarse: alquileres inasumibles, hipotecas imposibles y ayudas públicas que no funcionan.
Desde el PSOE, el diputado regional Miguel Ortega ha sido muy crítico con la gestión de la política de vivienda del Gobierno del PP. A su juicio, el aval joven es un “fracaso rotundo” que se ha vendido como éxito para maquillar la ausencia de medidas reales. Ortega recuerda que el Gobierno regional no ha construido ni una sola vivienda pública en los últimos ocho años, no ha aplicado la Ley de Vivienda ni regional ni estatal, y mantiene paralizadas las ayudas estatales como el Bono Alquiler Joven.
La fórmula del aval puede ser útil, pero en un entorno donde los jóvenes tienen sueldos bajos, contratos temporales y nulo poder de ahorro, su impacto será siempre limitado si no se acompaña de medidas complementarias: vivienda pública en alquiler asequible, incentivos reales para la construcción de viviendas protegidas, simplificación de trámites y ayudas directas a la emancipación.