La pobreza no se soluciona con tarjetas monedero ni con declaraciones institucionales. Se combate con diagnósticos precisos, reformas estructurales y voluntad política. Así lo ha defendido Jesús Salmerón, ex director territorial de la Fundación Secretariado Gitano, durante su intervención este lunes en la Comisión Especial de Estudio de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Asamblea Regional.
Salmerón ha reclamado la revisión urgente del programa básico de alimentos -una tarjeta para la compra de productos de alimentación e higiene destinada a familias con menores- por considerarlo insuficiente e injusto. “Deja fuera a quienes más lo necesitan, como familias en situación administrativa irregular o sumidas en la economía sumergida”, ha denunciado. A su juicio, este tipo de programas deben rediseñarse para llegar a todos los colectivos vulnerables, sin filtros arbitrarios.
Durante su comparecencia, ha hecho un llamamiento claro: activar de una vez por todas el Plan Estratégico de Servicios Sociales, el mapa de recursos y el catálogo de prestaciones recogidos en la Ley Regional de Servicios Sociales aprobada en 2019. “Sin estos instrumentos, la ciudadanía no sabe a qué tiene derecho y los recursos no se reparten con criterios claros. La norma pierde efectividad y se genera frustración”, ha advertido.
“Faltan datos, calidad y calidez”
Aunque evitó repetir las cifras ya conocidas sobre pobreza, Salmerón ha sido contundente: “Faltan datos clave para intervenir de forma eficaz en municipios, barrios y sectores sociales concretos”. Y ha ido más allá: ha reclamado una lectura más humana de las estadísticas. “Nos falta información precisa sobre cómo la pobreza infantil, severa o cronificada afecta a determinados grupos y territorios. A los datos hay que añadirles calidad y calidez”.
Para Salmerón, la pobreza es un fenómeno estructural que no se resuelve con medidas aisladas, sino repensando cómo se genera y reparte la riqueza en nuestra sociedad. “La estrategia regional debe ser consensuada, realista, exigente y estar respaldada por todas las áreas del Gobierno. No puede convertirse en otra declaración de buenas intenciones”, ha remarcado.
En ese sentido, ha cuestionado la ausencia de la Consejería de Hacienda en el borrador de la comisión rectora de la estrategia regional, pese a ser la responsable de gestionar los fondos europeos. Y ha defendido que las personas afectadas por la exclusión participen en el proceso no solo como beneficiarias, sino como agentes activos.
Derechos básicos: vivienda, empleo y dignidad
Salmerón ha puesto sobre la mesa derechos fundamentales: el acceso a ingresos suficientes, una vivienda digna, una educación continua y un empleo que no excluya. Ha reconocido que el empleo no siempre es una salida viable para todas las personas, pero ha defendido medidas como el empleo protegido, las empresas de inserción y los currículums ciegos.
Ha reclamado, además, una administración pública “ágil, eficaz, cercana y dialogante” que trabaje coordinadamente con el Tercer Sector Social, al que ha reconocido un papel “fundamental” por su conocimiento directo del territorio y su capacidad de transformación social.
Reacciones políticas: del aplauso al reproche
Entre los grupos parlamentarios, Toñi Abenza (PSOE) ha elogiado la intervención por su claridad y por aportar “herramientas concretas” más allá del diagnóstico. Ha reclamado un abordaje transversal de la pobreza e insistido en el papel clave de las mujeres gitanas en las políticas de inclusión.
Por parte del PP, el diputado Miguel Ángel Miralles ha coincidido en que la pobreza estructural es la más difícil de combatir. Ha recordado que ya se ha aprobado el Plan de Servicios Sociales e insistido en que la infrafinanciación autonómica lastra la capacidad de aplicar políticas eficaces. “No se puede pedir lo mismo a quien recibe mil euros por habitante que a quien recibe 1.600”, ha declarado, aludiendo a las diferencias entre Murcia y comunidades como el País Vasco o Cataluña.