La Asociación de Vecinos de Torreciega ha presentado un extenso y contundente escrito ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena en el que denuncia, con detalle y nombres propios, el incumplimiento sistemático de diligencias acordadas judicialmente en el procedimiento penal abierto por la contaminación derivada de los residuos tóxicos abandonados en las antiguas instalaciones de ZINCSA.
El documento, fechado el 2 de mayo de 2025 y firmado por la representación legal de la asociación vecinal, responde al requerimiento del propio juzgado sobre la necesidad de prorrogar la instrucción. En él se exponen las razones por las que la investigación no puede cerrarse: múltiples diligencias esenciales para esclarecer los hechos siguen sin practicarse, algunas desde hace más de ocho meses, como la ejecución de la medida cautelar de sellado de las celdas contaminantes, ordenada en agosto de 2023.
Pero el centro de la crítica del informe recae en una diligencia tan básica como inexcusable: la toma de muestras de polvo en el barrio de Torreciega. El juzgado ha ordenado en varias ocasiones que el SEPRONA recoja estas muestras -que permitirían analizar la presencia de metales pesados en el entorno urbano habitado-, y sin embargo, no se ha practicado ni una sola. “Estamos ante una situación insólita”, advierte el escrito, “pues se trata de una medida cautelar dictada para evitar que el delito se siga cometiendo, y sin embargo, su no ejecución está permitiendo justo lo contrario: que la contaminación continúe”.
¿Qué ocurre con el Seprona?
Los vecinos se preguntan si los agentes del Seprona de Cartagena han recibido órdenes de no actuar por parte de sus superiores en Murcia.
El documento recuerda que el polvo contaminado que se deposita en viviendas, jardines y espacios públicos de Torreciega contiene metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, tal y como recoge el informe pericial firmado por el doctor José Matías Peñas Castejón, también incorporado a la causa. Este informe concluye que existe un riesgo real para la salud pública de los residentes, y que ese riesgo no es potencial sino constatable: varios vecinos han dado positivo en análisis de sangre por exposición a estos metales.
Medidas cautelares sin ejecutar
La Asociación de Vecinos recuerda en su informe que, desde el 20 de agosto de 2023, pesa sobre las instalaciones de ZINCSA una medida cautelar de obligado cumplimiento: el sellado de las celdas donde se almacenan los residuos peligrosos. Han pasado más de ocho meses y la medida sigue sin ejecutarse. Durante este tiempo, las lluvias han provocado escorrentías que arrastran residuos hacia la Rambla del Hondón y, de allí, al Puerto de Cartagena. Las rachas de viento dispersan polvo tóxico. Las aves siguen pereciendo en las balsas de lixiviados sin que se adopten medidas para evitarlo.
El escrito considera que la omisión de la ejecución de esta medida no puede atribuirse solo al SEPRONA o a las administraciones regionales, sino que alcanza al propio juzgado por su pasividad. “Estamos ante una lenidad inadmisible”, denuncia el texto.
El documento lanza una advertencia directa al propio juzgado, alertando de que la omisión de medidas judiciales puede constituir una responsabilidad legal para la propia autoridad judicial. En otras palabras: si el juez no obliga a cumplir sus órdenes, podría estar incurriendo en desobediencia judicial por omisión.
Diligencias ignoradas, responsabilidades por depurar
El informe detalla hasta cuatro bloques de diligencias que siguen sin practicarse o sin ser siquiera admitidas:
- Muestras ambientales y biológicas: no se han recogido muestras de polvo en viviendas ni espacios públicos, ni se han tomado muestras en animales. Las muestras de escorrentías, suelos contaminados o aguas subterráneas tampoco han sido realizadas.
- Seguimientos y control del SEPRONA: el SEPRONA de la Guardia Civil no ha aportado informes sobre la mortandad de aves ni sobre el estado de las balsas. Tampoco ha levantado atestados sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.
- Pruebas periciales y reconocimiento judicial: el juzgado aún no ha ratificado informes clave como el del investigador Matías Peñas ni ha llevado a cabo un reconocimiento in situ del barrio y de las instalaciones contaminadas.
Los vecinos de Torreciega también solicitan al juez que declaren como investigados varios cargos públicos y técnicos, entre ellos el ex consejero de Medio Ambiente Antonio Luengo, el actual director general Juan Antonio Mata, y el jefe de Urbanismo de Cartagena, Jacinto Martínez. La asociación también solicita ampliar la investigación a los propietarios de parcelas colindantes identificados en el atestado del SEPRONA.
Además, se pide que toda la documentación sobre análisis de salud, residuos y escorrentías sea remitida al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y al UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) para su análisis técnico y forense.
“En un país civilizado, el barrio estaría clausurado”, afirma el escrito con crudeza. La Asociación de Vecinos de Torreciega no exagera. Habla desde la experiencia de convivir durante más de una década con polvo tóxico en el aire, aguas contaminadas corriendo por las ramblas, y una indiferencia institucional que, a estas alturas, ya no se puede justificar por desconocimiento.
El escrito presentado al juez lo deja claro: no se trata de una simple sospecha de delito medioambiental. Se trata de un delito continuado, sostenido en el tiempo por la inacción de quienes tienen la obligación legal de frenarlo.