El nombramiento de Manuel Luna como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha sido recurrido por la asociación Preeminencia del Derecho, que acusa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de haber actuado siguiendo “cuotas del Partido Popular” en lugar de aplicar los principios de mérito, capacidad e imparcialidad exigidos por la Constitución.
En el recurso de reposición presentado ante el propio Pleno del CGPJ, el presidente de la asociación, el abogado José Luis Mazón Costa, sostiene que Luna ha sido elegido “en razón de su vinculación al Partido Popular y su correa de transmisión, la APM”, en referencia directa a la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre jueces y considerada de perfil conservador. Se trata de una acusación directa y grave que apunta a una supuesta instrumentalización política de la judicatura a través de asociaciones judiciales afines.
“El ungido por la mayoría del PP”, así describe Mazón al nuevo presidente del TSJ de Murcia, remarcando su paso como secretario general del Consejo General del Poder Judicial en tiempos del Partido Popular como prueba de su proximidad ideológica. A juicio de la asociación, este tipo de antecedentes invalidan cualquier apariencia de imparcialidad, y refuerzan la sospecha de que el cargo se ha asignado como resultado de un reparto político.
El recurso se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional, específicamente en la sentencia 108/1986, que prohíbe los nombramientos judiciales por cuotas de partido. Según Preeminencia del Derecho, esa misma lógica debe aplicarse a todos los cargos gubernativos de la judicatura que sean elegidos por el mismo “iter” o camino de reparto partidista.
Además, Mazón subraya que el Tribunal Supremo ya reconoció la legitimación de la Fundación Hay Derecho para impugnar el nombramiento de la presidencia del Consejo de Estado, un cargo aún más alejado, dice, de las garantías relacionadas con el derecho al juez imparcial. Si entonces se admitió ese recurso, “con mayor motivo” debe admitirse el presente, añade.
La crítica del recurso va más allá del caso concreto de Manuel Luna. Se trata de una denuncia de carácter estructural contra el modelo actual de designaciones judiciales en el CGPJ es percibido como un espacio de lucha por cuotas entre partidos. Para Mazón, la connivencia entre una mayoría del CGPJ vinculada al PP y asociaciones como la APM está socavando la independencia judicial.
En consecuencia, la asociación solicita que el Pleno del CGPJ deje sin efecto el acuerdo adoptado el 1 de abril de 2025 y se convoque un nuevo proceso de selección ajustado a los principios constitucionales.
El recurso, registrado el 30 de abril en Madrid, también pone el foco en el derecho fundamental al juez imparcial, advirtiendo que cualquier sospecha de designación política mina la confianza ciudadana en la justicia. “No se trata solo de un nombre, sino del principio mismo de independencia judicial”, concluye.
Por ahora, el Consejo no ha hecho pública ninguna reacción. Si el recurso es rechazado, la asociación podrá acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo.
Luna Carbonell, fue secretario general del Consejo General del Poder Judicial hasta el pasado mes de enero, antes, desde 2018, ejerció como letrado de dicho órgano de gobierno.
Natural de Molina de Segura, casado y padre de tres hijos, prestó servicios en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Novelda, Totana y Molina de Segura. Más tarde pasó a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo actualmente titular del juzgado de lo Contencioso número 2 de Murcia.
Es importante recordar que cerca de 30 casos de presunta corrupción en 15 municipios están a la espera de juicio en la Región de Murcia, la mayoría de ellos afectan al PP.