La Región de Murcia cuenta con cuatro diputados del Partido Popular en el Congreso: Miriam Guardiola, Violante Tomás, Juan Luis Pedreño e Isabel Borrego, esposa de Vicente Martínez Pujalte. Representan a una comunidad autónoma donde el PP arrasa elección tras elección. Están bien remunerados: sus sueldos públicos suman 287.938 euros al año, según datos de Newtral, y todos ellos superan los 71.800 euros anuales de salario. Sin embargo, ninguno fue el elegido por su grupo para fijar en el Congreso de los Diputados la posición del PP en un asunto especialmente simbólico para Murcia: la proposición de ley sobre el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.
El encargado de subir a la tribuna fue Sergio Sayas, diputado por Navarra, que no solo no tiene vínculos con el sureste español, sino que llegó al PP tras romper con UPN y protagonizar un episodio de transfuguismo parlamentario con su voto en contra la reforma laboral. ¿Por qué él y no uno de los cuatro murcianos? Sayas pronunció la palabra «trasvase» una sola vez y no fue, ni siquiera, para pedir su mantenimiento. Acabó hablando de puertas giratorias y del apagón del 28 de abril cuando se trataba de hablar del blindaje parlamentario de la infraestructura.
Esa es la gran pregunta. Y nadie en el PP da una respuesta
No se trata de un debate menor. La elección de quién defiende la posición de un grupo parlamentario en un tema de tanto calado suele estar cargada de simbolismo político y, a menudo, obedece a una lógica territorial. No es solo lo que se dice, sino quién lo dice. En este caso, ni uno solo de los diputados murcianos ha sido considerado idóneo por su propio partido para dar la cara en nombre de Murcia.
¿Falta de experiencia? ¿Desconfianza interna? ¿Decisión estratégica? ¿Simple azar? Ninguno de esos motivos ha sido aclarado públicamente. Lo cierto es que mientras PSOE y Podemos optaron por diputados de la tierra -Francisco Lucas y Javier Sánchez Serna-, el PP colocó a un parlamentario tránsfuga ajeno al territorio y al conflicto para representar su posición.
Y que nadie espere mucho más del Senado. Los tres senadores del PP por Murcia –Antonio Luengo, José Ramón Díez de Revenga y Francisco Bernabé– suman 219.924 euros anuales en sueldos públicos. A razón de 73.308 euros cada uno, también sufragados con el dinero de los contribuyentes. Pero su actividad política, al menos en lo que respecta a la defensa visible y eficaz de los intereses murcianos, brilla por su ausencia. Baste decir que el senador Bernabé lleva a gala haberle preguntado al ministro Oscar Puente si éste conocía a la concubina de Ábalos.
Lo que sí hacen, de vez en cuando, es aterrizar en la Región para ofrecer una rueda de prensa fugaz. Repiten como un mantra la consigna de siempre: “Pedro Sánchez castiga a la Región de Murcia”, cada vez con menos energía, como si incluso a ellos empezara a aburrirles la letanía. Un guion automatizado, sin alma, que pierde fuelle por momentos.
La imagen que queda del Congreso es incómoda: una comunidad autónoma que aporta votos fieles y escaños clave al partido, pero cuyos representantes quedan relegados en los momentos importantes. No se trata aquí de discutir la bondad o no del trasvase del Tajo, sino de preguntarse por la lógica interna de un partido que no recurre a sus propios diputados murcianos para hablar de agua. Y, por tanto, de la Región de Murcia.
La ausencia de explicaciones alimenta la desafección. En política, el silencio también comunica. Y en este caso, el mensaje implícito que recibe el votante murciano es inquietante: tus representantes están, pero no cuentan. Y si no cuentan para esto, ¿Para qué están? ¿Por qué los presentan? ¿Por qué los votamos? ¿Por qué les pagamos?
Porque si su papel se limita a hacer bulto, repetir consignas contra Pedro Sánchez y aplaudir, tal vez sea momento de revisar el contrato social que les vincula con los ciudadanos. Y sobre todo, de exigir que dejen de actuar como figurantes bien pagados en una obra que va perdiendo el interés del público.