Según Reporteros Sin Fronteras, entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2024, 54 periodistas fueron asesinados por ejercer su oficio. Más de un tercio murieron por bombas del Ejército israelí en Gaza, donde se ha alcanzado un nivel de violencia sin precedentes contra la prensa: más de 145 reporteros han sido asesinados desde octubre de 2023, y al menos 35 eran claramente identificables como periodistas.
Israel se ha convertido no solo en el país más mortífero para los informadores, sino también en la tercera mayor cárcel del mundo para periodistas, con 41 profesionales encarcelados, muchos sin cargos formales ni juicio.
En otros rincones del planeta, la situación no mejora: Pakistán (7 asesinados), México (5), Bangladés (5) y Sudán (4) siguen siendo trampas mortales para quienes se atreven a contar lo que pasa.
“Los periodistas no mueren, son asesinados. No desaparecen, los secuestran. No están en la cárcel, los encierran”, sentencia Thibaut Bruttin, director general de RSF.
A esto hay que sumar los 550 periodistas encarcelados en todo el mundo, los 55 secuestrados y los 95 desaparecidos, muchos de ellos en México, donde ser reportero es una profesión de altísimo riesgo incluso en tiempos de paz oficial.
En España, el periodismo no mata, pero arruina
Aquí no te disparan por cubrir una protesta, pero sí puedes acabar cobrando 1.200 euros al mes después de 20 años de oficio. La precariedad es el disparo silencioso del periodismo español.
El Informe Anual de la Profesión Periodística 2024 de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) lo deja claro: la principal preocupación de los periodistas en España es la precariedad laboral (16%), seguida de la mala retribución (12%) y la pérdida de rigor profesional (11%).
Más de la mitad trabaja más de 40 horas semanales, y muchos lo hacen por sueldos que apenas llegan a los 1.500 euros. El fenómeno del falso autónomo también va en aumento: del 6% en 2022 al 14% en 2023. Y si eres freelance, lo más probable es que ganes menos de 15.000 euros al año, según una encuesta publicada en Fleet Street.
No es solo un problema de dinero. Es una bomba de relojería democrática. ¿Cómo garantizar información libre y veraz si quienes la producen no tienen condiciones dignas para vivir?
Palabras huecas en el Día de la Libertad de Prensa
Cada 3 de mayo, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se suma al coro institucional con su ya tradicional tuit: “La libertad de prensa es un pilar irrenunciable para nuestra sociedad democrática. Cuando está más amenazada que nunca, quiero agradecer el trabajo de todos los profesionales que informáis de forma libre e independiente.”
El problema no es el mensaje, sino la incoherencia con los hechos. Porque en la práctica, su Gobierno no respeta -ni facilita- el trabajo de los periodistas libres e independientes. La opacidad institucional, el reparto arbitrario de la publicidad institucional, los vetos a medios no afines y la falta de respuestas a preguntas incómodas forman parte del día a día de los pocos profesionales de los medios de comunicación que se atreven a cuestionar el discurso oficial.
Mientras algunos presumen de libertad con la boca pequeña, otros la ejercen con riesgo y sin respaldo. Y en esa contradicción se juega mucho más que una efeméride: se juega el derecho de la ciudadanía a saber.
Menos periodistas, más propaganda
Mientras los periodistas huyen de las redacciones por falta de medios, los bulos ocupan el espacio vacío. La precariedad favorece la autocensura, la dependencia de la publicidad institucional, la superficialidad informativa y el amarillismo disfrazado de contenido viral. El debilitamiento económico lleva a la libertad de prensa a una situación «difícil» por primera vez, según RSF
La realidad es clara: el periodismo se ha ido reduciendo a reproducir declaraciones, replicar notas institucionales y rellenar parrillas. Los directores de muchos medios ya no se preocupan por la verdad, sino por cuadrar la cuenta de resultados. Y para eso, hay que caer bien al que reparte la publicidad institucional. En Murcia, por ejemplo, el Gobierno regional presupuestó casi 4 millones de euros para publicidad institucional en 2024, buena parte ya adjudicada a medios afines. Eso sí, sin informes que evalúen la eficacia de esas campañas, como exige la ley.
En paralelo, el periodismo independiente se mantiene a duras penas gracias al apoyo ciudadano, las donaciones o las plataformas colaborativas. Pero su margen de maniobra es cada vez más estrecho, y sus profesionales, más vulnerables.
¿Quién protege al periodismo?
Reporteros Sin Fronteras ha presentado cuatro denuncias ante la Corte Penal Internacional contra Israel por crímenes de guerra cometidos contra periodistas. Es un paso valiente, pero insuficiente. Mientras tanto, en España, las políticas públicas para fortalecer el periodismo profesional -más allá de los parches o los premios puntuales- siguen brillando por su ausencia.
Proteger al periodismo es proteger la democracia. Defender a quienes se juegan la vida por contar lo que pasa no puede seguir siendo solo tarea de ONG y asociaciones profesionales. Es hora de que los gobiernos, las instituciones y la ciudadanía tomen partido antes de que sea demasiado tarde.