El urbanismo expansivo regresa a Murcia de la mano de un documento del pasado: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2001, desfasado y ajeno a los desafíos actuales de sostenibilidad, acceso a la vivienda y emergencia climática. Sobre ese PGOU, la Comisión de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, presidida por Antonio Navarro Corchón, ha acordado someter a información pública el avance de tres modificaciones del PGOU que permitirán construir 8.735 nuevas viviendas en el Campo de Cartagena.
Las modificaciones afectan a más de 11 millones de metros cuadrados en las pedanías de Corvera y Baños y Mendigo, y están asociadas a los siguientes sectores urbanísticos:
- ZU-SB-CV5 (Corvera): 1.673 viviendas
- ZU-SB-BM13 (Baños y Mendigo): 4.659 viviendas
- ZU-SR-BM14 (Baños y Mendigo): 2.403 viviendas
Según la versión oficial, el 65% del suelo se destinará a sistemas generales ambientales, incorporándose al patrimonio público. El Ayuntamiento de Murcia sostiene que el objetivo es alcanzar “un equilibrio entre el crecimiento urbano y el compromiso ambiental”. La Dirección General de Patrimonio Natural lo considera «conveniente».
IU-Verdes: “Un modelo obsoleto al servicio de Profusa”
Para Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, este anuncio no es una propuesta de futuro, sino una repetición de errores del pasado: “una vuelta al urbanismo de resort, al ladrillo fácil y al urbanismo especulativo al servicio de grandes intereses privados como Profusa (grupo El Pozo)”.
El responsable regional de Medio Ambiente de IU-Verdes, Ginés Mirón, ha afirmado que “este anuncio es una vuelta al pasado, una vuelta al modelo del teletransporte de Miguel Ángel Cámara, ese modelo que primaba la construcción de resort y de urbanizaciones alejadas de los cascos urbanos con el objetivo de ser residencias turísticas para europeos”.
La formación ecologista y de izquierdas también ha recordado que la construcción en áreas alejadas del casco urbano supone un coste elevado para el municipio en términos de servicios básicos como limpieza, abastecimiento, alumbrado, transporte, señalización y recogida de residuos. Subrayan que estos desarrollos no van acompañados de soluciones reales al problema del acceso a la vivienda, especialmente para la población joven.
Mirón ha advertido de que estas urbanizaciones “van a suponer un elemento de presión extra para el Parque Natural del Valle y Carrascoy, así como un aumento de la cantidad y velocidad de las futuras inundaciones y escorrentías -a causa de la impermeabilización del suelo causada por asfaltos y accesos nuevos-, en una zona que es vertiente a la cuenca del Mar Menor”.
IU-Verdes también ha vinculado estos desarrollos a un modelo de turistificación que, según denuncian, está contribuyendo a la subida de precios, la masificación, la expulsión de residentes, el secuestro de viviendas del mercado habitual y el deterioro de la convivencia y de los servicios públicos.
En un comunicado, la formación ha añadido: “No olvidemos que se trata de terrenos de Profusa/El Pozo, una empresa mimada por Ballesta, a la cual se le concede todo, sin pensar en el resto de las murcianas y murcianos. ¿Qué tiene Profusa para que el PP le consienta todo tipo de desmanes? y ¿hasta cuándo?”.
IU-Verdes ha anunciado que estará especialmente vigilante durante el periodo de exposición pública para presentar alegaciones y denunciar lo que consideran una operación urbanística hecha a medida de intereses privados, sin planificación integral ni evaluación ambiental adecuada.
“Estamos hablando de modificaciones sobre un Plan General aprobado en 2001, cuando ni existía la Ley de Cambio Climático, ni la Estrategia de Infraestructura Verde, ni había conciencia real del impacto ambiental de este tipo de desarrollos”, ha denunciado Ginés Mirón, responsable regional de Medio Ambiente de IU-Verdes.
Se trata de urbanizaciones alejadas del casco urbano, sin una justificación social o territorial clara, pero con un claro interés económico detrás: facilitar el negocio a Profusa, una promotora históricamente mimada por el PP”, ha añadido.
Desde la formación critican que se sigan impulsando desarrollos dispersos, costosos para las arcas municipales y sin garantizar el acceso a vivienda asequible. “¿Para quién son estas viviendas? ¿Para jóvenes murcianos o para europeos que buscan segunda residencia?”, se preguntan.
Un coste público descomunal
IU-Verdes recuerda el altísimo coste económico que tienen estas operaciones: construcción de nuevas infraestructuras básicas (agua, luz, carreteras, alcantarillado, recogida de basuras, señalización, transporte, limpieza viaria y policía) en zonas donde hoy no hay nada urbanizado.
“Urbanizar el desierto siempre sale caro. El beneficio es privado, pero el gasto lo asume el Ayuntamiento. Es decir, todos los murcianos”, critica Mirón.
La formación lamenta que, en lugar de impulsar un nuevo PGOU con criterios actuales de sostenibilidad, el PP siga desarrollando urbanismo con recetas del pasado.