La Región de Murcia se sitúa en el furgón de cola en atención residencial a personas mayores. Con solo 2,5 plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años, la comunidad autónoma registra la peor ratio de España, muy por debajo de la media estatal (4,4%) y a años luz de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que sitúa el umbral mínimo en un 5%. El resultado: más de 1.500 personas mayores esperando una plaza, con demoras que pueden alcanzar los dos años.
Así lo denuncia la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO en la Región de Murcia, que lanza un contundente aviso a las administraciones públicas: el sistema de atención a la dependencia está en una situación crítica, y la falta de recursos está dejando desamparado a uno de los colectivos más vulnerables. “Hay personas que mueren esperando. O que, cuando por fin les conceden una plaza, ya no la necesitan. Es un problema de salud pública, de dignidad y de derechos”, afirma la organización en una nota de prensa difundida este 12 de mayo.
6.300 plazas para 259.000 mayores: una ecuación imposible
En la Región de Murcia hay actualmente 63 residencias de mayores, el 77% de ellas privadas. En total, ofrecen unas 6.300 plazas, que deben dar cobertura a una población de más de 259.000 personas mayores de 65 años (un 16,35% del total regional). La mitad de las plazas disponibles están en centros privados, y de las 3.150 plazas privadas existentes, solo unas 800 reciben algún tipo de ayuda pública.
Esto significa que, en la práctica, la gran mayoría de las personas que acceden a una residencia privada deben asumir el coste completo de la plaza, que ronda entre los 2.000 y los 2.500 euros mensuales. Una cantidad inasumible para la mayoría, si se tiene en cuenta que la pensión media en Murcia apenas supera los 1.160 euros. “Muchas familias tienen que endeudarse, vender propiedades o renunciar directamente a buscar una plaza residencial para sus mayores. Es una carga injusta y desigual”, subraya el sindicato.
La lista de espera: una trampa burocrática y emocional
CCOO alerta de que hay más de 1.500 personas mayores esperando plaza en una residencia pública en la Región, y que el tiempo de espera oscila entre uno y dos años. Un plazo que, en muchos casos, se convierte en una sentencia de desgaste para las familias. “No hablamos solo de números: detrás hay hijos, nietos y cónyuges que no pueden más. Familias rotas por la falta de apoyo institucional. Y personas mayores que acaban sintiéndose un estorbo”, advierte la organización.
El problema, insiste el sindicato, no es solo la escasez de plazas, sino las consecuencias humanas y sociales de esa carencia: ansiedad en los cuidadores, deterioro físico y emocional en los mayores, y una percepción generalizada de abandono institucional. “Lo que debería ser un derecho básico -el acceso a una atención digna y profesional- se ha convertido en una carrera de obstáculos que no todos logran superar”.
El presidente de ADEMUR también lo reconoce: “No damos abasto”
Incluso desde el propio sector se reconoce la gravedad de la situación. El presidente de ADEMUR (Asociación de Dependencia de la Región de Murcia) ha admitido que existe una demanda de plazas que los centros no pueden absorber. Y la proyección demográfica augura un empeoramiento: si no se actúa ya, la presión sobre el sistema será cada vez más insoportable.
Según datos del IMSERSO, para alcanzar la ratio recomendada por la OMS, en la Región de Murcia faltarían más de 6.400 plazas residenciales. CCOO exige que la gran mayoría de esas plazas sean públicas, y reclama a la administración autonómica la puesta en marcha de un plan plurianual para construir, al menos, once nuevas residencias públicas, distribuidas equitativamente por todo el territorio. Exigencias concretas: residencias públicas, más personal y un decreto sin más dilaciones
La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO no se limita a denunciar. También propone soluciones concretas:
- Construcción inmediata de nuevas residencias públicas hasta alcanzar las 6.400 plazas necesarias.
- Distribución territorial equitativa, para que todos los municipios tengan acceso a este recurso.
- Dotación de personal suficiente para garantizar una atención de calidad, sin explotar a los trabajadores del sector.
- Creación de una red de viviendas compartidas públicas, como alternativa habitacional para personas mayores con autonomía.
- Aprobación urgente del decreto de condiciones mínimas de las residencias, que regule ratios de personal (distinguiendo entre personal de atención y administrativo), número de pacientes, precios y características físicas de los centros.
Para CCOO, este último punto es especialmente urgente. “No se puede seguir gestionando el cuidado de nuestros mayores como si fuera un negocio opaco. Hace falta transparencia, control público y un marco normativo que garantice un mínimo común para todas las residencias, públicas o privadas”, señala el sindicato.
CCOO concluye con una apelación directa a las instituciones: “La administración pública tiene la obligación de velar por el bienestar de su población y dotar a la sociedad de recursos suficientes para hacerlo”. Lo recuerda Pepe Cánovas, responsable de Política Social y Pensiones de la Federación regional de CCOO, quien exige que se abra una mesa de diálogo social para abordar de forma seria y urgente las reformas que necesita el sistema de atención a la dependencia.
Mientras tanto, miles de personas mayores en la Región de Murcia siguen esperando. Esperando una plaza, una ley, una residencia. Esperando que cuidar no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.