Después de años de colapso ecológico, indignación social y maniobras políticas para evitar lo inevitable, el Mar Menor comenzará a hablar por sí mismo.
El próximo jueves 29 de mayo no será un día cualquiera en el calendario de la defensa ambiental. Por primera vez en la historia de España, un ecosistema -el Mar Menor- ejercerá sus derechos como sujeto jurídico, gracias a la Ley 19/2022 que le reconoce personalidad jurídica. Y lo hará de manera solemne, con la constitución de sus tres órganos de representación: el Comité Científico, el Comité de Representantes y el Comité de Guardianes. Todos tomarán posesión y, además, cada uno elegirá a un tutor. Tres tutores para una laguna que durante décadas ha sido víctima del abandono institucional y la sobreexplotación agrícola, ganadera y urbanística.
Este paso simbólico y legal marca un antes y un después. El Mar Menor ya no es solo una masa de agua rodeada de promesas. Desde el 3 de octubre de 2022, es un sujeto con derechos propios: a existir, a evolucionar naturalmente, a ser protegido, conservado y restaurado
Ahora, esos derechos empiezan a tomar forma operativa, con una estructura de gobernanza sin precedentes en el ordenamiento jurídico español.
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Tres comités, tres tutores, una misma misión
Cada uno de los tres comités tendrá su papel específico en la “tutoría” del Mar Menor:
El Comité Científico, formado por investigadores propuestos por las universidades de Murcia y Alicante, el Instituto Español de Oceanografía, el CSIC y la Sociedad Ibérica de Ecología, asesorará técnicamente sobre el estado ecológico del ecosistema y propondrá indicadores y medidas concretas para su recuperación. Sus miembros, de prestigio y sin remuneración, garantizan su independencia.
La Comisión de Seguimiento (los llamados Guardianes del Mar Menor), estará compuesta por representantes de los municipios ribereños y de sectores clave: pesca, agricultura, asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos, juventud o igualdad de género. Son personas con una trayectoria probada en la defensa del Mar Menor. Su labor será vigilar el respeto a los derechos de la laguna, informar sobre su cumplimiento y movilizar a la sociedad.
El Comité de Representantes, con miembros del Gobierno central, la Comunidad Autónoma y de la ciudadanía (incluido el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular), canalizará propuestas de protección y controlará el cumplimiento de los derechos del Mar Menor.
Cada uno de estos comités elegirá un tutor, de modo que el Mar Menor quedará oficialmente representado por tres voces, un hecho insólito en el Derecho español.
Un símbolo con peso político y ético
La toma de posesión de los tres comités representa más que un trámite. Es la puesta en marcha de un modelo de gobernanza ecocéntrico, basado en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Una idea que parecía utópica hace apenas unos años y que hoy se concreta en un rincón del sureste español donde la crisis ecológica ha alcanzado niveles dramáticos.
Se trata también de un acto de justicia social. La Ley 19/2022 surgió como una respuesta ciudadana: más de 600.000 firmas respaldaron la iniciativa legislativa popular, impulsada por colectivos que se negaban a ver morir la laguna entre toneladas de nitratos, espumas blancas y peces asfixiados. “No era solo salvar un paisaje: era defender un modo de vida, una cultura, una identidad”, recuerdan desde la plataforma promotora.
Del papel a la acción
Pero la verdadera batalla empieza ahora. La ley es ambiciosa y pionera, pero su eficacia dependerá de que los tres comités actúen con independencia, transparencia y contundencia. Que los gobiernos no bloqueen. Que la ciudadanía no se desmovilice. Que el Mar Menor deje de ser excusa para titulares y empiece a ser ejemplo de restauración ambiental real.
Este 29 de mayo no solo se constituye una tutoría. Se lanza un mensaje al mundo: que otro modelo es posible. Que un ecosistema puede tener quien lo defienda -no por lo que da, sino por lo que es-. Que el Mar Menor, por fin, tiene voz. Y que esta vez, más vale que la escuchemos.