Hemos escrito un libro, desde una cierta indignación, y también, desde el convencimiento de poner nuestro conocimiento en sociología y antropología al servicio de la polis o del bien común de la ciudad. Llevamos muchos años investigando las realidades territoriales y sociales de la gente más vulnerable y desafiliada en la Región de Murcia. Se les ha dejado en el abandono.
Una dejación institucional hiriente, lacerante. Por ello hemos querido dejar constancia de ese sufrimiento colectivo que, aún recluido en unos cuantos barrios, no deja de afectar al conjunto de la polis. El libro se titula “Vivienda, Política y Regeneración Urbana: ¿Castigar a los Pobres?” (escrito junto con Miguel Ángel Alzamora, Marta Latorre y Damián Martínez, editado por Catarata, 2024).
La Constitución española que se aprueba en 1978 contempla el derecho a la vivienda en el artículo 47, con la siguiente redacción: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
Para cuando entró en vigor la Constitución, los residentes de los barrios que han sido objeto de nuestro libro, ya se enfrentaban a una problemática de vivienda. Los Mateos Alto (en Cartagena) persistía como poblado de viviendas de autoconstrucción habitada por una pobreza cronificada, en el que hacía estragos la crisis del empleo. La Paz (en Murcia), también se sumergía en la crisis social y empezaba a evidenciarse un deterioro de la vivienda social, dado que se había realojado a poblaciones pobres en espacios inadecuados y en
condiciones de hacinamiento.
Las Constituciones europeas recogieron el problema de la vivienda, tan acuciante para amplios segmentos sociales. Y, a contraviento del “imperativo de la mercancía”, la política pública ofreció soluciones de desmercantilización de la vivienda, mediante iniciativas políticas de construcción de viviendas públicas y regulación de los alquileres. España, como realidad periférica, no vivió las tres décadas de capitalismo regulado, pero a partir de la llegada de la democracia y durante al menos una década, antes de que terminara
imponiéndose el programa neoliberal, conoció también iniciativas de desmercantilización de la vivienda que atendieron las necesidades de miles de familias que vivían en suburbios degradados y segregados.
La desmercantilización de la vivienda no solamente expandió las viviendas públicas y los alquileres regulados, sino que significó una concepción menos segregadora y más igualitaria y democrática de la práctica urbanística y arquitectónica, haciendo “que las distancias en la calidad del espacio usado por cualquier grupo social, dentro y fuera de la propia vivienda, fuesen menores que las que había entre los respectivos niveles de renta y de poder”.
Para Los Mateos, el proceso de desmercantilización de la vivienda se anunció como promesa de redacción de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para el entorno del Castillo de Los Moros en el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Cartagena (PGOU) de 1987, en lo que definía como una “zona marginada de la ciudad con deficiencias notables de salubridad”.
Ante este problema, se planteaba “liberar esa zona de edificación trasladándola a las zonas urbanas limítrofes”. En la Paz, el Plan General de Ordenación del municipio de Murcia de 1977 (el conocido como Plan de Ribas i Piera) preveía actuaciones de renovación urbana de la edificación degradada mediante la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Nunca se redactó el Plan Especial previsto y la rehabilitación del barrio se ha mantenido como una constante incumplida, al tiempo que anunciada periódicamente por la administración municipal. Pese a que las propuestas existían, nunca se materializaron soluciones para el problema de la vivienda de estos dos barrios. Sus residentes quedaron excluidos del Artículo 47 de la Constitución española.
En la década de los 90, el programa neoliberal supuso un avance y profundización del proceso de mercantilización de la vivienda como nunca antes. La vivienda, en el mercado transnacional, apareció como un instrumento de acumulación financiera, lo que al tiempo significó su desreglamentación
estatal.
Con la privatización de los sistemas habitacionales públicos, desregulación de alquileres, ausencia de políticas de promoción de vivienda pública, etc., empresas privadas cuyo objetivo prioritario es la obtención de beneficio se introdujeron en el sistema residencial y se apropiaron de los recursos, provocando la carestía de la vivienda y la subida de los alquileres, al tiempo que se desvinculaban de cualquier responsabilidad a la hora de contribuir a la capacidad del sistema para atender las necesidades sociales de vivienda.
El programa residencial del neoliberalismo se tradujo en gentrificación y turistificación, así como en la proliferación de las urbanizaciones cerradas o gated communities y los edificios de lujo. Fue así como terminó definiéndose una cuestión urbana con la apertura de una franja entre “la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres”, alimentando las políticas y los comportamientos generadores de exclusión”.
En este contexto, aquellos espacios suburbiales que habían quedado excluidos de los programas desmercantilizadores de la vivienda y que estaban concentrando todas las problemáticas de vulnerabilidad generadas por la crisis social, como Los Mateos o La Paz, se hundieron en una espiral de desafiliación social. A la hipermercantilización de la vivienda le corresponde la problemática de los hipersuburbios desafiliados objetos de nuestro libro.
En estos barrios ha habido una auténtica desposesión (de los servicios públicos, de la calidad de la vivienda, de la capacidad asociativa de protesta, etc.). Esta desposesión apunta a un horizonte final de “gentrificación”, según el cual los barrios y hogares de la gente más vulnerable y pobre es desplazada del barrio para su sustitución por clases más pudientes.
Muchos analistas ejercen la crítica a la gentrificación acentuando la dimensión de desplazamiento y los efectos patológicos que potencialmente conllevan para las personas en términos de inseguridad y destrucción del ecosistema emocional.
La historia de la reforma urbana o de “la regeneración urbana” promovida por la política pública es, a menudo, una historia de gentrificación. En estos casos podemos hablar de “megadesplazamiento”, esto es, “planes diseñados para hacer lugar en el espacio urbano a proyectos de renovación urbana o a otros megaproyectos que no están destinados a satisfacer las necesidades de los pobres. Los desalojos alteran profundamente esos contextos, donde quizá haya escaso avance de los derechos de reubicación y una falta de disponibilidad de servicios esenciales fuera de la ciudad” (según la investigadora Leslie Kern).
En nuestro libro insinuamos que detrás de la iniciativa de rehabilitación urbana del barrio de La Paz, impulsada por el capital privado, había un proyecto de gentrificación y una tentativa de “megadesplazamiento” de las familias pobres.
Aunque el proyecto oficial del promotor planteaba la “mezcla de clases sociales”, las asociaciones vecinales y personas que se oponían a su proyecto planteaban que todo era un señuelo para apropiarse de esa centralidad urbana y redefinirla para las rentas medias-altas. Respecto al barrio de los Mateos, nos
hemos preguntado si la turistificación del baluarte del Castillo de los Moros, así como la ordenación urbana prevista, conllevará una gentrificación del espacio urbano, con el consiguiente “megadesplazamiento” de la población pobre.
A veces la regeneración urbana ha sido abanderada como una política de “gatopardismo”, mediante medidas de cosmética urbana (arreglar fachadas de edificios, hacer un mural, rehabilitar algún elemento tradicional, etc.), las cuales no suponen avance alguno en el problema de vivienda que tienen planteado los barrios desafiliados. El barrio de La Paz resulta paradigmático a este nivel. Esto es otra forma de castigo a los pobres, no por la vía del desplazamiento o la gentrificación, sino por la de la dejación institucional. Como se ha analizado en la historia de la nunca realizada, y mil veces anunciada, rehabilitación del barrio
de la Paz. Esto genera frustración, desconfianza y distanciamiento en el vecindario respecto a las instituciones, al tiempo que los barrios son condenados a ahondar en su degradación y exclusión residencial.
La gentrificación no es un proceso inevitable. La política pública puede y debe garantizar “el derecho a quedarse”; esto es, los vecindarios tienen derecho a permanecer en los lugares a los que han contribuido con sus vidas, esfuerzos y sacrificios.
Pero no es lo mismo detener una gentrificación que solucionar una problemática de residencia. Tanto en Los Mateos Alto y Cabezo de los Moros, así como en La Paz, como en buena parte de los hipersuburbios desafiliados, hay planteada una problemática social relacionada con la vivienda: chabolismo, hacinamiento, falta de vivienda, viviendas en mal estado e inadecuadas, etc.
Por ello, el “derecho a quedarse” debe ir acompañado del “derecho a la vivienda” en forma de un amplio programa de vivienda pública que solucione el problema residencial secular en estos barrios. Ambos derechos, no obstante, deben ir acompañados de un reconocimiento de la agencia de las poblaciones
afectadas.
El derecho a ser consultado sobre dónde querer vivir, el derecho a quedarse y el derecho a la vivienda deben formar parte de un nuevo tipo de regeneración urbana que no plantee la solución final de la demolición/expulsión de la vivienda del hipersuburbio y su consiguiente gentrificación/turistificación.