Sara Gómez fue al quirófano buscando una silueta soñada. Salió camino de la UCI. Y un mes después, falleció tras una agonía que se alargó durante semanas. Tres años después de su muerte, un auto judicial ha reactivado el procedimiento penal por homicidio imprudente contra diez sanitarios implicados en su intervención y atención médica posterior.
La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena ha resuelto esta semana que hay indicios suficientes para continuar el procedimiento judicial por la muerte de esta paciente murciana de 39 años, sometida a una lipoescultura en diciembre de 2021. El auto apunta directamente a errores médicos graves, negligencias en cadena y decisiones sanitarias que pudieron costarle la vida.
Según la resolución judicial, la intervención quirúrgica se realizó el 2 de diciembre de 2021 en un hospital privado de Cartagena. Finalizó sobre las 14:30. Pero no fue hasta cuatro horas después cuando Sara fue trasladada a la UCI de otro centro hospitalario, ya en estado crítico. Aun así, y pese a su gravedad, los cirujanos de guardia decidieron no intervenirla quirúrgicamente. La alerta médica por sepsis -una infección grave y generalizada- ya comenzaba a vislumbrarse desde el día siguiente, aunque no fue operada hasta el 7 de diciembre, cinco días después de la cirugía estética original.
Tras esa intervención tardía, Sara experimentó una aparente mejor hasta el día 22, cuando su situación volvió a deteriorarse. El 1 de enero, los médicos decidieron intervenir de urgencia, pero ya era demasiado tarde. Falleció por un fallo multiorgánico.
Era la primera lipoescultura del cirujano
Lo más inquietante del auto judicial no es solo la cadena de decisiones clínicas cuestionables. También se desmonta el supuesto prestigio del cirujano que realizó la lipoescultura: un médico especializado en cirugía cardiovascular, sin titulación en cirugía plástica, que se habría estrenado con Sara en este tipo de intervenciones. Su currículum, eso sí, incluía cursos en laserlipólisis y un máster en medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento. Publicidad en redes sociales mediante, convenció a la paciente de que se trataba de un cirujano plástico con experiencia.
La jueza ve indicios de responsabilidad penal tanto en este médico como en el anestesista, quien, según se argumenta, debió ordenar el traslado a la UCI al menos tres horas antes de cuando se hizo. A ellos se suman los profesionales de guardia que atendieron a la paciente entre el 3 y el 7 de diciembre, días claves en la evolución de la sepsis.
Por el contrario, se archiva provisionalmente la causa contra los sanitarios que intervinieron el día del ingreso de Sara y los que la atendieron después del 7 de diciembre. En ambos casos, el tribunal considera que actuaron dentro del margen clínico posible dadas las circunstancias.
Ahora, la pelota pasa al tejado del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares: pueden pedir la apertura del juicio oral, solicitar más diligencias o plantear el sobreseimiento. La resolución, eso sí, no es firme. Cabe recurso de reforma o apelación.
Sara no está. Pero su caso, convertido ya en símbolo de los riesgos de la cirugía estética sin garantías, vuelve a recordarnos que, entre bisturíes y promesas de belleza, a veces lo que se pierde no es la grasa… sino la vida.
En los últimos años, el aumento de intervenciones estéticas fuera del ámbito hospitalario tradicional ha disparado las advertencias de sociedades médicas. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) advierte de que uno de cada tres pacientes no se pone en manos de un cirujano plástico acreditado. La proliferación de clínicas estéticas y la publicidad agresiva en redes ha generado un mercado donde la imagen pesa más que la titulación.